jueves, 13 de septiembre de 2012

Jumanji empresarial: ¿quién asume el costo de la regulación?

A todos nos gusta hablar de regulación, como si esta fuera la gran panacea. Pero la disparidad entre los costos totales y los que recaen sobre los reguladores es muy significativa. Los costos asumidos por el gobierno son solamente cerca del 2 por ciento de los costos de cumplimiento en los Estados Unidos, por ejemplo, y serían un porcentaje aun menor de los costos totales de regulación si se incluyeran los costos invisibles. Por eso, en cuanto se refiere al gobierno y a las agencias gubernamentales, la mayor parte de los costos es “externa” (esto es, recae sobre otros); éste más que cualquier otro factor parece explicar el ímpetu detrás del crecimiento de las regulaciones.

En verdad los argumentos utilizados por la mayoría de economistas para introducir regulaciones pueden ser dados vuelta fácilmente. Su argumento es que existen “externalidades” que los mercados no tomarán en cuenta, por ello el gobierno debe intervenir para asegurar que todo costo y beneficio externo sea tenido en cuenta. Pero, en la práctica, la introducción de regulaciones crea nuevas externalidades. Costos que habrían sido “internos” (y por lo tanto tomados en cuenta por quienes toman decisiones) no son soportados por los reguladores y, por lo tanto, no importa cuán bien intencionados estén, estos costos se convierten en externalidades.

En estas circunstancias, con la mayor parte de los costos de regulación no recayendo sobre quienes regulan, la cantidad de regulación crece más allá de su nivel “eficiente” –que sería cuando se extendió hasta el punto justo en el cual el costo de una regulación adicional excede sus beneficios. En otras palabras, el Estado sobre regula, pero como todo el costo de la regulación (costos de trámites, costos de oportunidad y costos superfluos); los asume el mercado, a nivel gubernamental, los legisladores no tienen una  idea de cuáles son los efectos negativos de la regulación.

En síntesis, aunque el fracaso de mercado es la razón usual para demandar regulación gubernamental, la misma institución de la regulación lleva a una forma diferente de fracaso.

Andrés Pozuelo Arce

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Desde la tribuna: el BCIE y sus "donaciones" a la Presidencia

Desde hace varios años viene encendiéndose la polémica alrededor de los dineros que el BCIE “dona” a algunos órganos del gobierno. Un Ministro de la Presidencia (Rodrigo Arias) fue denunciado por el manejo que se dio a una partida de estos fondos, pero es asunto viejo.

El sitio del BCIE dice que “El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), creado en 1960, es una persona jurídica, de carácter internacional, que tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de los países fundadores: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras, y cuenta con oficinas regionales en cada país centroamericano.”

Es cincuentón ha estado haciendo donaciones a los algunos órganos gubernamentales de Costa Rica (antaño parece haber dado algunas partidas para las primeras damas y luego el asunto se ha intensificado) para gastos especiales. Así pues, se han pagado asesorías y consultorías, guitarrista y mensajero y ahora, al parecer, la Presidencia de la República de Costa Rica afirma que destinará la partida para “rendir cuentas” de los proyectos que ejecuta el Gobierno de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente, todo el mundo ha entendido que se trata de un gasto de propaganda. Ahora, sin embargo, el dinero va a ser  “presupuestado” (para evitar algunas de las suspicacias y objeciones de otros tiempos).

Estoy seguro de que esta “especialidad” del BCIE no es exclusivamente con Costa Rica, sino que es una costumbre para quedar bien con el Poder Ejecutivo de todos los países centroamericanos. Son “cariñitos” para agradecer designaciones y estar en buenos términos. Por ello surge la pregunta de ¿para qué es que tenemos este Banco? Algunos dicen que el mejor puesto de la Administración Pública de Costa Rica es quedar en la Junta Directiva del BCIE, prácticamente status de MI y sin los amarres del resto de los mortales. Tan agradecidos quedan que reciprocan con donaciones a las Presidencias. Asunto redondo.

Todos los diputados centroamericanos deberían poner atención al asunto. ¿Para qué tenemos ese BCIE y cuál es su exacto propósito y razón de su administración? Asimismo, ¿cómo andan sus cuentas y cuáles son sus ganancias? Finalmente, en relación con la donación de dineros, ¿por qué no se enteran directamente al Fisco como utilidad del BCIE sino a través de la caprichosa vía de la donación y como tan directamente al Ejecutivo?

Aún así, objeto lo que pasa, no me gusta y me parece no es así como debe ser la relación con una persona jurídica internacional. Si los países centroamericanos somos sus socios (y no sé en qué proporción), convendría que todos estemos enterados de qué tenemos y en qué nos aprovecha. Que no sean dineros facilitados a ciertas actividades sino dineros públicos de caja única y para el bien común.

Alguna vez se justificaron los desmanes legislativos y los caprichos desaforados en la famosa y descarada frase de “pa’eso tenemos mayoría”. ¿Estará pasando lo mismo con este Banco cincuentón?  Pido investigación, exijo cuentas, solicito datos, requiero orden y buenas vías. ¿Alguien toma el reto y me acompaña?

Federico Malavassi Calvo

martes, 11 de septiembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: desempleo en los Estados Unidos

Las últimas cifras acerca del desempleo en la economía de los Estados Unidos revisten una enorme importancia, no sólo por reiterar un hecho ya observado en los últimos tiempos de una alta desocupación, sino por la incidencia que pueden tener en las próximas elecciones de noviembre en ese país.

Por ello, dedicaré un rato a su análisis y a explicar por qué, si no son bien interpretadas y entendidas, pueden dar lugar a equivocaciones.
 
El primer dato es que en agosto de este año la cifra de desempleo fue de 8.1% de la población empleada en ese país, un descenso con respecto del 8.3% a julio pasado. Lo que aparenta ser un progreso en el frente laboral de ese país, en realidad no lo es, una vez que se procede a explicar cómo es que se obtiene esa tasa de desempleo.
 
La tasa de desocupación mide aquella porción de trabajadores en la fuerza de trabajo que en la actualidad no tienen empleo, pero que están activamente buscando uno.
 
Lo cierto es que en este mes de agosto, la economía norteamericana creó un total de 96.000 nuevos empleos, una cifra menor al crecimiento que los expertos esperaban, cercano a 125.000 empleos adicionales en ese mes. Este es el primer golpe: un crecimiento menor al esperado en la cantidad de empleos nuevos.
 
Pero, además, es cierto que se presentó en ese mismo período un descenso en el tamaño de la fuerza de trabajo de ese país.  En agosto se retiraron de la fuerza de trabajo; esto es, renunció, desistió, de buscar empleo un total de 368.000 trabajadores. En otras palabras, para que se hubiera mantenido la misma tasa de desocupación con la mayor fuerza de trabajo existente en julio, en agosto el país debería de haber creado cerca de 200.000 nuevas fuentes de trabajo: algo más del doble de la que en realidad se logró.
 
En el mercado de trabajo, la tasa de desocupación puede disminuir por dos razones, ya sea por la creación de nuevos empleos o por la disminución del total de la fuerza laboral, afectada por falta de empleo. Por lo tanto, es posible que se registre simultáneamente una menor tasa de desocupación, a la vez que se observa un deterioro en la fuerza laboral. Esta última situación, la cual de ninguna forma es deseable, es la que se está reflejando las últimas estadísticas laborales en Estados Unidos. La tasa de desocupación a agosto descendió a un 8.1%  de un 8.3% en julio, explicado en mucha mayor medida por un descenso en la fuerza laboral, al abandonarla casi 370.000 trabajadores, que por la creación de 96.000 nuevos empleos.
 
Con el descenso en la fuerza laboral estadounidense, se estima que en ese país la cantidad de desocupados se acerca a 23 millones de personas y que la tasa de subempleo es de un 14.7%.  Esta tasa es particularmente importante, pues además de incluir aquellos desocupados que están buscando activamente un empleo, incluye a trabajadores de tiempo parcial quienes están buscando un empleo a tiempo completo, así como a otros grupo de trabajadores que no está buscando activamente empleo, pero que están marginalmente disponibles para trabajar.
 
Hay otro indicador importante de la situación laboral de un país, el cual se denomina tasa de participación laboral, que es el porcentaje de personas en edad de laborar (personas de edad entre 16 y 64), la cual está empleada o está activamente buscando por un empleo. En tanto que históricamente en los Estados Unidos esta tasa ha oscilado entre 67 y 68%, en agosto de este año registró un 63.5%, el porcentaje más bajo desde 1981.
 
Pero hay más. La creación de los 96.000 nuevos empleos se ha presentado en actividades en donde usualmente se pagan salarios relativamente bajos (por ejemplo, meseros, cocineros, bartenders y similares), con lo cual el aumento del monto total de salarios en la economía, gracias a estos nuevos 96.000 trabajos, no es el mejor (por supuesto que sí para quienes logran ese nuevo empleo, pero no para el promedio total de salarios en la economía). Además, esta creación de nuevos empleos tan baja se repite desde los últimos cuatro meses, indicando la gravedad creciente del problema.
 
Asimismo, la tasa de participación laboral para trabajadores en el grupo de 16 a 19 años es enormemente baja. El mes de agosto registró un 54.1%, la menor en 57 años. Los jóvenes han sido notoriamente afectados en esta situación económica y, aunque no tengo datos, me atrevo a vaticinar que tal decaimiento también se debe presentar en grupos tales como los latinos, los negros y, tal vez, las mujeres. 

Lo señalado expone una fuerte crítica al actual gobierno de los Estados Unidos, especialmente cuando el presidente Obama insistió a inicios de la administración que está a punto de concluir, que, si al final de ésta no había logrado reducir significativamente el desempleo, tal como como al momento ha sucedido, aquél gobierno no sería re-electo.  Es posible que el pueblo estadounidense decida tomarle la palabra en las próximas elecciones de noviembre.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 10 de septiembre de 2012

Tema polémico: Elecciones en los EUA

No cabe duda del rol preponderante que todavía posee los Estados Unidos a nivel global, especialmente para nuestro país ya que este es nuestro mayor socio comercial. En razón de esta relación cercana que ha caracterizado a nuestros países, deseamos dedicarle  este tema polémico a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

Al día de hoy, ya han acontecido las convenciones de los partidos Republicano y Demócrata, con lo cual la cada vez calentará aún más la carrera electoral hacia la Casa Blanca. Pero, para iniciar hablar de estas futuras elecciones, no se puede dejar de tener presente lo que ha sido el desenvolvimiento de la Administración Obama.  Administración que sin duda ha sido una gran decepción a partir de su promesa de campaña de esperanza y cambio, la cual resultó ser un mero eslogan, ya que cada vez es más evidente que el partido Demócrata y Republicano poseen muy pocas diferencias de fondo.

Esta similitud sin duda ha quedado claramente plasmada en los respectivos discursos de las convenciones. Ambos candidatos y plataformas electorales, siguen pensando en que toda la problemática nacional transita en cuanto a la elección del hombre indicado para que “dirija”  correctamente al país. Es decir, en pleno siglo XXI el sistema político estadounidense sigue estancado en la visión platónica del filósofo rey, en donde el problema político más importante es quien debe gobernar, y no bajo que marcos institucionales debe gobernarse.

Sin duda, este modo de pensar también tiene una gran vigencia en nuestro país, lo cual nos debe llevar a la reflexión ya que nuestras elecciones se encuentran a la vuelta de la esquina, siendo necesario un cambio de paradigma, que elimine esta idea paternalista del Estado y el gobernante, que presenta al país como una especie de empresa que debe ser dirigida por alguien, y nos centremos de una vez por todas en liberar las energías creativas individuales permitiéndoles desarrollarse y coordinarse espontáneamente en donde cada persona sea libre para perseguir y alcanzar su propio destino.

martes, 4 de septiembre de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: comentarios fiscales

En días recientes, en ocasión de la presentación del presupuesto de la República para el próximo año, el Ministro de Hacienda Ayales hizo pronunciamientos importantes que merecen toda consideración. En primer lugar, se nota un esfuerzo por reducir el crecimiento del gasto público, al menos el del gobierno central. En segunda instancia, se deberá apoyar el esfuerzo gubernamental de poner algún grado de orden en las remuneraciones de los empleados públicos de la mayor parte del estado costarricense. Estas dos son razones poderosas para mantener algún grado de optimismo de que las cosas en el orden fiscal podrían ir por un camino mejor, a diferencia de lo que hasta ahora ha sucedido con este gobierno.  Pero, a riesgo de que no gusten opiniones que divergen de la oficial, tal como en cierto momento lo expresó el Ministro Ayales en el programa de doña Amelia Rueda, quiero hacer mi comentario, en el contexto más general de buscar efectivamente que se logre un ordenamiento de las finanzas públicas del país.

El paso dado del presupuesto enviado recientemente parece ser el apropiado.  Sin embargo, sigue siendo insuficiente para quitarnos de encima el fardo de un presupuesto deficitario en alto grado. Debe tenerse presente que la oposición política representada en la Asamblea Legislativa ha sido altamente magnánima en el ámbito financiero con este gobierno. No se si en privado, como a veces sucede, así se lo agradecieron los funcionarios del actual gobierno. Pero, si al menos lo hicieron en público, fue poquito lo que se habló de la enorme cantidad de recursos obtenidos, que dispondrá el gobierno proveniente del endeudamiento con el exterior, en que incurrirá el ciudadano costarricense por la voluntad legislativa. En sencillo, me atrevo a decir que el gobierno ya tiene, con ese endeudamiento externo, los recursos requeridos para salir del apuro financiero, que de no existir lo habría obligado a reducir significativamente el gasto público, a fin de poder emparejar las cuentas fiscales.

Lo expuesto significa que, con esa nueva circunstancia, han cambiado los incentivos para que el gobierno ponga sus finanzas en orden. Esto hace más meritorio el esfuerzo señalado del Ministro de Hacienda para reducir el crecimiento previo tan abultado del gasto estatal, al menos en aquella relativamente pequeña porción que del total significa el del gobierno central.

Un factor importante que juega en nuestra actualidad fiscal, y recordado constantemente por el Ministro Ayales, es lo sucedido en muchas de las economías europeas, a causa de un exceso de gasto gubernamental destinado a suplir cuantas cosas se les puede ocurrir a los grupos de presión. Estos esgrimen tener el derecho impostergable e indeclinable a cualquier ocurrencia, sin pensar en que son las personas quienes deben trabajar para conseguir lo que pueden desear obtener.  Alegan que se tiene un “derecho” sobre la más diversa gama de bienes y servicios y privilegios, que de alguna manera debe ser satisfecho mediante la acción pública; esto es, acudiendo al gasto público. Eso en mucho ha provocado los enormes déficits fiscales de ciertas naciones de Europa. Ahora, al tener que tomarse medidas para arreglar la grave situación, casi que el costo es la defunción de sus economías. Salarios gubernamentales desproporcionados y muy superiores a los que se pagan por labores similares en la actividad privada; regímenes de pensiones a burócratas totalmente desfinanciados, que ante el insuficiente aporte de sus beneficiarios, últimamente son cargados sobre los presupuestos públicos; pocas horas laborales y largas, muy largas, vacaciones para los empleados públicos, son otros ejemplos del abuso. Pero también el gasto público se utiliza en mantener monopolios estatales ineficientes o empresas poco competitivas internacionalmente.  Ni qué se diga de ciertos tratamientos especiales en el sector bancario de esas naciones, que ahora buscan que en el riesgo privado en que incurrieron y que muchos les dio en su momento, sea ahora cargado tributariamente sobre las espaldas de cada trabajador de sus países.

Los políticos de hoy se han podido dar cuenta del alto grado de culpa que en esa situación han tenido políticos anteriores. Políticos de todos los colores, pero, en verdad, principalmente de lo que conocemos como social-demócratas o socialistas europeos, quienes, proclives al gasto, ideológicamente se aferraron a aquella idea de un estado que protegiera a los individuos “desde la cuna hasta la tumba”, con lo cual les cercenaron la obligación que tenían de lograr su bienestar mediante su esfuerzo propio. Al caerse las finanzas públicas en esas naciones europeas, al haberse agotado el expediente de acudir a la deuda externa para obtener fondos, pues ya nadie les quiere prestar barato para que puedan seguir en la gastadera sin límite, tienen que poner en orden a su economía, lo cual, sin duda, que será algo doloroso. Sólo así podrán sobrevivir como naciones.

Si esa experiencia europea sirve de lección en nuestro medio, debemos aprender ya que la solución a nuestro problema fiscal no pasa por seguir acudiendo al endeudamiento externo, como hemos hecho recientemente, pues en un momento dado dejaremos de ser “sujetos de crédito” adecuados, además de que tendremos que pagar lo que se nos ha prestado. También hemos de aprender que la solución no va por aumentar los impuestos, principalmente a quienes son los mismos que siempre deben pagarlos. No entiendo cómo todavía se tienen dudas acerca de las razones de nuestro relativamente poco crecimiento interno (no de la inversión externa, afortunadamente exenta del pago de muchos impuestos), si aún persiste en el país una enorme incertidumbre entre los ciudadanos privados, quienes temen más impuestos, mayores alzas en las tasas de interés y posiblemente inflación a cierto plazo. Todo ello por el mal manejo fiscal de un gasto dispendioso. Lo cierto es que nuestro sector privado mira con perplejidad el futuro de la economía y teme realizar sus decisiones de ahorro e inversión, en tanto persista ese mal manejo de las finanzas del estado.


En particular, el esfuerzo del Ministro de Hacienda para poner cierto orden en las remuneraciones del sector público debe ser apoyado. Quienes en esa tarea le apoyamos, a pesar de ser casi conversos a un escepticismo pleno, sentimos que es necesario advertir que es, en ningún momento, la propuesta de reforma a las remuneraciones en el sector público se han de traducir en un mayor gasto gubernamental. Hemos visto como, en nombre de la reducción del gasto, se termina negociando uno mayor con los grupos sindicales del sector público, a fin de lograr que acepten alguna propuesta. Si se trata de reducir privilegios, que sea hacia abajo y hacia el promedio. Privilegio es privilegio, tanto en los altos como en los bajos. Si no se pueden eliminar, entonces reducirlos al mínimo posible. Lo esencial es evitar el maléfico camino fiscal europeo, de cuyos daños ya estamos enterados.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 3 de septiembre de 2012

Tema polémico: jugadores con poder de veto

En su libro "Veto players. How institutions works", George Tsebelis plantea que en el proceso de toma de decisiones existen jugadores que tienen poder de veto para realizar cualquier cambio en el statu quo, por cuanto su consentimiento es forzosamente necesario para alcanzar la regla de toma de decisiones que tiene el cuerpo colegiado. De acuerdo con el autor, conforme más jugadores con poder de veto existan en un sistema político y mayor sea la distancia ideológica entre ellos, más alta será la improbabilidad de lograr cambios importantes al statu quo.  

Por supuesto que esta idea es desarrollada por el autor en el escenario legislativo, pero se puede extrapolar a todo el sistema político en general. De ahí que en ASOJOD queramos reflexionar, el día de hoy, sobre la existencia de jugadores con poder de veto fuera del Congreso. Y no nos referimos al veto presidencial, que es todo un tema de discusión.

Nuestro interés se concentrará, en esta ocasión, en el papel de los sindicatos y las instituciones autónomas como jugadores con poder de veto que impiden cambios en el statu quo. Recientemente se informó en medios de comunicación que el Gobierno impulsaría un plan para recortar el gasto público, reduciendo o eliminando los pluses salariales y puestos de trabajo que, en muchos casos, son parte del componente más grande de los presupuestos institucionales: las remuneraciones.

En ASOJOD aplaudimos que, por fin, algún gobierno ponga sobre el tapete este importante y necesario tema, aunque no somos tan optimistas para pensar que se enviará pronto un proyecto de ley y que la Asamblea Legislativa lo aprobará, dándole un respiro a los vilipendiados bolsillos de los tax payers, que cada vez se sienten menos dispuestos a pagar las cuentas de la burocracia. Nuestra reticencia surge por la existencia de jugadores externos a los cuerpos colegiados de toma de decisiones que tienen poder de vetar esa decisión: aparte de la oposición que puedan presentar a esta iniciativa algunos partidos políticos que ven en los empleados públicos un núcleo electoral importante que no quisieran perder -lo que sería un veto interno desde la lógica legislativa-, los sindicatos y las instituciones autónomas se erigen como escollos importantes y muy poderosos, a pesar que son externos al Parlamento y no tienen participación formal en el proceso decisional. 

Decimos formal porque jurídicamente no tienen competencia para votar en la Asamblea Legislativa ni utilizar los interruptores que ofrece el Reglamento Legislativo para obstaculizar o paralizar el proceso decisional (mociones, uso de la palabra, recesos, ruptura de quórum, consulta de constitucionalidad, etc.) pero sí tienen un poder informal -a veces mayor que el de los propios Diputados- que les permite imponerse para evitar un cambio al statu quo. 

Evidentemente, esta situación nos preocupa. Primero, por la obvia razón de que es muy probable que no se apruebe y las finanzas públicas no aguantan la fiesta que políticos y burócratas han montado con sobresueldos por llegar temprano, anualidades que equivalen a otro salario, convenciones colectivas desangrantes, viajes y becas, incapacidades que pagan el 100% del salario a pesar que no se trabaja, transporte gratuito, vacaciones pagadas, licencias sindicales, etc. Todo esto va metiéndole presión a los números, aumentando el déficit y las ganas ambiciosas de los gobernantes de turno que presionan por un aumento de impuestos. En los últimos 10 años, dos Administraciones -Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda- han ido a la carga con un paquete para saquear a los ciudadanos, a los patos de la fiesta, a los que pagan los platos rotos. Por dicha no han podido, pero cada vez hay más posibilidades de que lo logren si no se hace algo para evitarlo. 

La segunda razón que nos inquieta es la posibilidad de que actores que no son democráticamente elegidos para tomar decisiones públicas, que no se presentan ante el electorado, ni le rinden cuentas, ni son sujetos de premio o castigo ciudadano por su actuación puedan tener tantísimo poder. Para nadie es un secreto que las instituciones autónomas, cuando se les consultan proyectos de ley con los que no están de acuerdo, hacen muchas veces que la regla de toma de decisiones suba hasta 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, haciendo imposible en ocasiones que se aprueben, ya que no es tan fácil conseguir los votos. Si al menos su oposición fuera por razones que verdaderamente protegen al ciudadano, no plantearíamos queja; pero casi siempre su argumento se reduce simplemente a su autosostenibilidad, a su propio interés de mantener los privilegios y prerrogativas que el ordeniamiento jurídico le ha otorgado. El argumento de la autonomía institucional se ha desvirtuado hasta tal punto que ellas se han convertido en una especie de islas asociadas, sobre las cuales no es posible ejercer ningún tipo de control y dirección -que aunque sea posible jurídicamente, no lo es políticamente-. Y si no es la cúpula institucional la que se opone, están los sindicatos, que no dudarán salir a marchar paralizando al país si es necesario con tal de defender sus privilegios, amparados en una protección de su trabajo que prácticametne los hace intocables, imposibles de despedir a pesar de lo que hagan. 

Es lamentable que decisiones importantes como recortar el gasto público para sanear las finanzas y reducir la presión fiscal que se cierne sobre los ciudadanos no se tomen por la miopía de algunos funcionarios públicos que defienden a ultranza sus privilegios, sin aceptar que pronto no habrá para pagarles y de políticos irresponsables y populistas que toman decisiones con la calculadora electoral a mano en lugar del sentido común, la seriedad y la decencia.

viernes, 31 de agosto de 2012

Viernes de Recomendación

En esta presentación, Roger W. Garrison hace un análisis comparativo de Hayek, Friedman y Keynes. Encontrando diferencias y similitudes en sus lineas de pensamiento.


jueves, 30 de agosto de 2012

Jumanji empresarial: trilogía poética

Los caballeros de la política
 
Los caballeros de la política desde ya alistan sus armas, afinan su discurso, escogen a sus chivos.
Los caballeros de la política desde ya preparan sus mentiras, sacan a relucir sus máscaras, abren sus billeteras.
Los caballeros de la política desde ya adoctrinan a sus familias, seleccionan a sus amigos, identifican a sus enemigos.
¡Los caballeros de la política desde ya dejaron de ser humanos!

 

¡El príncipe ha llegado!

¡El príncipe ha llegado!
desde la Iberia, fue anunciada su llegada,
sin ser caudillo en propiedad, solo por relación, de padre e hijo y ambición,
su asamblea es convocada, sus soldados anunciados,
sea suya o de su padre, la autoridad se le es dada,
confianza pide, y confianza se le ha dado.

Olvidando su pasada vanidad,
olvidando su pasada insensatez,
olvidando que una vez,
el olvido a su tierra,
y esta a él,
y a su desfachatez.

Parásitos y Burócratas

La muerte y los impuestos no se pueden evitar, 
de las garras del burócrata, no podemos escapar.

De seguridad y sustento, el burócrata, no se tiene que ocupar,
mientras otros inseguros, velen por su bienestar,
chupa, chupa el parasito, a su huésped sangrara,
caso omiso a su ignorancia,
caso omiso a su violencia,
caso omiso a su suicidio,

Y es así, como el parasito y el burócrata, al huésped y al inseguro, algún día, mataran.

miércoles, 29 de agosto de 2012

Desde la tribuna: ¿dejad hacer, dejad pasar?

¡Sí!, así como suena. Pareciera que algunos han tomado el lema de los fisiócratas, el viejo y denostado “laissez faire, laissez passer”. Pero no se hagan de ilusiones. Con tales frases no están reviviendo las pretensiones de la libertad económica, ni las ideas de un mercado libre. Tampoco están intentando rebajar los impuestos, la tramitomanía ni la intervención estatal.
 
¡Todo lo contrario! Algunos de los notables convocados por la presidencia de la República han salido con todo el galillo a pedir reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa y disminución del papel de la Sala Constitucional.
 
Es una inversión total de papeles. Ahora la Administración Pública y los estatistas quieren su “laissez faire, laissez passer” pro iniciativa gubernamental. Les estorba la oposición política, les complica la existencia la intervención de los diputados, les molesta la posibilidad de ser juzgados, le duele que la Sala Constitucional pueda revisar la conformidad de las actuaciones públicas con la Constitución.  Desesperados claman por “laissez faire, laissez passer”.
 
Algunos estatólatras han llegado a cuestionar los plazos para el silencio positivo (instituto del Derecho público que, tratándose de permisos, autorizaciones y aprobaciones, suple la inercia y silencio del funcionario restaurando el derecho a hacer y seguir adelante), otros deploran la existencia del Recurso de Amparo, unos cuantos maquillan los datos e información públicas (régimen de IVM de la CCSS) y también están los que dicen que la actuación estatal no es cuestionable y está más allá del bien y del mal (Vg.: la trocha no necesita evaluaciones ambientales).
 
Todo ello me recuerda el genial opúsculo de Eduardo García de Enterría titulado “La lucha contra las inmunidades del poder”, en el cual denunciaba cómo la Administración y el Poder tiende a abusar de la potestad reglamentaria, de la discrecionalidad (incluso algunas veces confundiendo la existencia de conceptos jurídicos indeterminados con discrecionalidad) y de los actos de gobierno (género que no estaría sujeto a la revisión de los actos administrativos).

Algún ministro del siglo pasado expresó que “la Sala Cuarta no deja gobernar”, evidenciando cuán difícil es para algunos trabajar con reglas básicas. Algunos líderes de mayorías han despotricado contra el Reglamento de la Asamblea Legislativa, acusándolo de favorecer minorías, permitir a pocos diputados enfrentar a las mayorías, impidiendo que funcione la democracia (como si fuera únicamente cosa de contar votos) y dar muchos derechos a los diputados.

Y entonces nos encontramos con este nuevo panorama político, los estatólatras han robado el lema a los fisiócratas. Los fisiócratas, encabezados por Jean-Claude Marie Vicent de Gournay (1712-1759), consideraban que una ley natural promovería el buen funcionamiento del sistema económico sin la intervención del gobierno. Los estatólatras, encabezados por algunos de los notables, consideran que el gobierno funcionará bien sin la intervención de magistrados y diputados. Entre ambos, me quedo con los fisiócratas.  

El liberalismo económico moduló la propuesta de “dejad hacer, dejad pasar” con el fin de promover la libertad de producir, comerciar y participar en las actividades económicas sin la intervención gubernamental.  Los notables estatólatras no han modulado nada, pretenden impuestos, restricciones a la libertad de los ciudadanos, menos garantías judiciales y mayor ámbito de acción pública sin las molestas intervenciones de diputados de oposición, sin el estorbo de mociones que obliguen a discutir los proyectos de ley, sin la posibilidad de que la Sala Constitucional revise la conformidad de las leyes con la Constitución Política. El nuevo  “laissez faire, laissez passer” es la propuesta del tigre suelto (gobierno y administración pública) contra el burro amarrado (pueblo).
 
Quieren “laissez faire, laissez passer” para que RECOPE venda la gasolina que sea y haga las refinerías que quiera: dejen libre al monopolio.
 
Aspiran al “laissez faire, laissez passer” para poner más impuestos.
 
Desean el “laissez faire, laissez passer” para vender eurobonos con las menores condiciones y reglas posibles.
 
Claman por el “laissez faire, laissez passer” para seguir empeñados en la “trocha mocha”, sin control de finanzas, sin controles ambientales, sin rendición de cuentas, sin las molestas indagaciones legislativas.
 
Insisten en el “laissez faire, laissez passer” para continuar con negociados como el de Riteve, aunque no aparezca el contrato y sea una vía anormal para imponer un monopolio.
 
Empujan el “laissez faire, laissez passer” para promover la disminución de los derechos de los diputados, a fin de que no se discuta, no se presenten mociones, los plazos sean irracionalmente cortos y no haya deliberación ni discusión.

Es el mundo bizarro, el gobierno quiere un pueblo reglado y sumiso y se ha reservado la libertad para él.  Ha resucitado el “laissez faire, laissez passer” pero se lo ha dejado para sí.
 
Federico Malavassi Calvo   


martes, 28 de agosto de 2012

La columa de Carlos Federico Smith: sobre la libertad y democracia

Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy nos reunimos para celebrar la presentación del libro del doctor Óscar Álvarez Araya, “Sobre Democracia y Libertad”. Agradezco que me solicitara unas palabras al respecto.
 
Si pudiera resumir en pocas palabras mi impresión global, digo que constituye una excelente obra para la educación y la enseñanza. Su carácter didáctico es obvio.
 
Pero ciertamente me impactó la reseña de los primeros capítulos del libro acerca del concepto de libertad de algunos pensadores en sociedades orientales, episodio que desconocía, a pesar de andar ya muchos años transitando sobre el tema intelectual de la libertad.
 
Asimismo, me siento muy contento con su lectura, pues motivó en mi persona volver a pensar acerca de la importante relación que hay entre libertad y democracia.
 
Por ello, lanza en ristre, me lanzo contras gigantes y cabezudos o molinos de viento, para exponer, a riesgo de errar, lo esencial que es la libertad para el progreso humano y cómo la democracia es un instrumento que puede ser apropiado para dicho logro.
 
Durante cierto tiempo he impartido cursos en ANFE acerca del liberalismo. Sin duda alguna que éste se verá enriquecido con el aporte del libro de don Oscar.

MI IDEA DE LIBERALISMO 
No se puede afirmar que el pensamiento de tal o cual persona constituye “el” pensamiento liberal.  Más bien, ha habido muchos e importantes aportes, en un marco evolutivo, de cómo las ideas de libertad y de liberalismo, que es la aplicación en el campo político del principio de la prominencia de la libertad, se han convertido en la principal fuente de progreso de las personas y de los pueblos.
 
Sin embargo, el que una sociedad escoja proseguir la vía del liberalismo, no es ninguna garantía de que resulte en el progreso buscado. Es más, los liberales solemos ser casi siempre muy cautos en advertirlo. El liberalismo está lejos de ser dogmático, por lo que quienes propugnamos por su conveniencia, lo hacemos fundamentalmente basados en los resultados históricos.  Nunca la humanidad ha progresado tanto como en los últimos siglos bajo regímenes esencialmente liberales, en donde la libertad de alguna manera es primordial. Quienes creemos en esas facultades o incentivos del liberalismo, no nos podemos contentar con lo que se tiene en un momento dado, pues no sólo las sociedades cambian, evolucionan, sino que también en la humanidad hay muchas áreas en donde la libertad no es la regla, tal como muy frecuentemente sucede en el campo económico, sino a veces hasta la excepción. 
 
Ante la pregunta de ¿qué es el liberalismo?, siempre termino acudiendo a lo que escribió el Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Johns Hopkins, Richard Flathman, en su libro Toward  a Liberalism (Hacia un Liberalismo). Dijo, parodiando aquella canción de que el amor es una cosa muy esplendorosa, que, “como el amor, el liberalismo es una cosa de muchos esplendores; también, como el amor, los “muchos” del liberalismo son algo que se integra a “su” esplendor. En términos menos floridos, nos dice Flathman, que no existe ni un inventario que sea exhaustivo ni privilegiado de ideas y temas del liberalismo, y que no hay razón para pensar que haya un ordenamiento indisputablemente superior a cualquiera de los numerosos conjuntos y subconjuntos de ideas, que son reconociblemente y hasta discutiblemente de un carácter liberal.” (p. 12).
 
En esto de los “esplendores”, por ejemplo, acerca de un tema vital en el pensamiento liberal cual es el del papel del estado en una sociedad, un pensador liberal notable, Adam Smith, sostiene que sus funciones básicas son tres: proteger a los ciudadanos de la amenaza externa; proteger a los individuos de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad y, tercera, erigir y mantener aquellas obras públicas que los individuos no desean llevar a cabo. Pero otro gran liberal, Milton Friedman, por ejemplo, considera que una función del estado es la de que se disponga de un Banco Central (lo cual no es compartido por otros grandes liberales como Hayek). Pero este último, por ejemplo, es criticado (casi ridículamente) por otros liberales, porque arguye que el estado tiene un papel en la zonificación de las ciudades o en numerar las calles, entre otras cosas. También debemos recordar al pensador liberal Wilhelm Röpke arguyendo en favor de una participación activa del estado promoviendo la competencia. Todos ellos son liberales, con distintos matices.
 
Este libro de don Oscar precisamente lo que nos muestra son algunos de los diversos esplendores del pensamiento liberal.  Cualquier intención de presentar algunos conceptos teóricos como si fuera “el pensamiento liberal”, fracasa en su propósito, pues la pretensión sería antitética al pensamiento liberal, que no es doctrina o dogma único, sino todo lo contrario. Recordando a Popper, debo decir que el liberalismo siempre está abierto a la discusión acerca de las ideas a su alrededor, pues considera que entre mayor sea el espacio para que las personas puedan actuar por sí mismas, sin coacción; esto es, en libertad, mayor es la posibilidad de satisfacer lo que, mejor que nadie, esas personas consideran son sus deseos y necesidades.

MI CONCEPTO DE DEMOCRACIA 
Siempre he considerado que la democracia tiene que ver con quién es el que gobierna. Concretamente la defino como una forma de desplazar un gobierno sin que medie la violencia.  Cuando Churchill expresó su famosa frase: “se ha afirmado que la democracia es la peor forma de gobierno excepto todas las otras que se han tratado”, dio en el clavo, pues puso en evidencia que la democracia poseía importantes limitaciones, a la vez que no parecía existir mejor opción.  Como diría un candidato de por allí, se trata de “lo menos malo”.
Es momento de resaltar la diferencia que hay entre liberalismo y democracia. El liberalismo básicamente tiene que ver con la extensión del gobierno. El liberalismo no es sinónimo de anarquía, sino que uno de sus preceptos básicos y que es común hallarlo entre pensadores de dicho ideario, es la existencia de un gobierno, pero limitado y ajustado a un estado de derecho. La coerción que puede ejercer el estado es para garantizar la aplicación de las reglas generales de justa conducta; esto es, las reglas uniformes de la ley. Esta función del estado no excluye la posibilidad de que, si por alguna razón las fuerzas espontáneas del mercado no producen adecuadamente lo que se desea, la sociedad puede poner a disposición del estado los recursos necesarios para que se brinden esos servicios a la generalidad de los ciudadanos.  Esto, a su vez, requiere de la provisión de recursos apropiada para el desempeño de esta tarea.
 
Lo expuesto no significa la santificación de un monopolio para el Estado, quien siempre debe estar dispuesto no sólo a abrir todas las posibilidades para la libre participación de los individuos en los mercados, sino que también deberá tener presente la salvaguarda del dominio individual protegido de la propiedad individual. Por ello, los liberales solemos creer en un gobierno, pero restringido, limitado a la aplicación de las reglas de justa conducta.
 
Es decir, necesitamos al gobierno a fin de prevenir que los individuos ejerzan la coerción sobre otros. Por ello es que se dice que se le otorga el monopolio de la coerción.  Eso no significa que el gobierno no tenga límites ni restricciones. Al gobierno debe impedírsele el uso impropio de la coerción, lo cual se logra mediante la existencia de reglas generales, uniformes, que se aplican a la generalidad de los individuos, incluyendo aquellos que hacen y aplican las leyes. Este es el llamado principio de legalidad.
 
Aceptada la existencia necesaria de un gobierno en el orden liberal, la pregunta que surge es acerca de la forma mejor posible que deberá tener ese gobierno. El libro de don Oscar, en su página 60, presenta un gráfico muy simple y apropiado, creo que es de Giovanni Sartori, el cual muestra un continuo de formas de gobierno, que va desde el caso ideal de la democracia al caso ideal de la dictadura, aunque prefiero llamarla autoritarismo (ojo: he dicho ideal, pero aquí no significa bueno, sino puro). Sostengo una visión similar de un continuo en el caso del  pensamiento liberal, que va de un extremo o polo libertad individual plena a otro extremo o polo de una propiedad y decisión total en manos del estado o totalitarismo. Los liberales, debería ser obvio ya, estamos alrededor, cerca de una libertad individual plena. Nuestros pensamientos son cercanos al caso puro de libertad individual; no se requiere que todos los liberales nos situamos específicamente en el caso extremo, sino tan sólo cercano a éste. El ejemplo que di hace poco acerca de la divergencia del papel del estado que uno encuentra entre destacado pensadores liberales, precisamente describe la idea de un continuum como el descrito.
 
Los liberales creemos en la democracia como forma práctica de gobierno siempre y cuando haya una mayoría de la comunidad comprometida con la libertad de los individuos, la regla de la ley y un gobierno limitado.  La democracia no es sino un conjunto de procedimientos para organizar y operar un gobierno. Como tal no posee un conjunto de valores que constituyan la esencia de una democracia: de hecho una mayoría de una comunidad puede escoger cualquier conjunto de valores que le parezca. Como es posible que exista un gobierno democrático que a la vez es totalitario, debemos ser claros en que una democracia totalitaria es antitética al ideario liberal. No debe olvidarse que la totalitaria Unión Soviética decía ser una república democrática o bien recordar la existencia de la República Democrática Alemana.
 
Lo anterior es relevante y por ello me permito poner dos ejemplos, más allá del usual de recordar cómo fue que Hitler llegó a ser cabeza de un gobierno totalitario mediante el empleo de procedimientos democráticos (parlamentarios) o bien, como me han comentado algunos amigos, lo que hoy sucede en algunas naciones sudamericanas, como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Por eso prefiero dar un par de ejemplos diferentes de estos casos. El primero de ellos es algo que, en mi opinión, ya parece estarse presentando en ciertas naciones como los Estados Unidos y en algunos países de Europa y, el segundo, un caso puramente hipotético, pero revelador del intríngulis.
 
Primero: Una mayoría democrática impulsa una distribución igualitaria de los ingresos, dejando de lado el principio de que el mejor incentivo que puede haber para producir de la forma más eficiente, es cuando las personas que logran sus ingresos sirviendo adecuadamente a los consumidores, los conservan para sí, como sucede en un orden de mercado competitivo. Hay un error conceptual en John Stuart Mill, considerado como un pensador liberal, quien creía que en una economía era posible separar las funciones de la producción, de aquellas de la distribución. Mill consideraba que era posible seguir los criterios de optimización de la producción y, a la vez, lograr una distribución de la riqueza bajo cualesquiera reglas que mejor se le ocurran a la sociedad. Pero el fenómeno de la distribución no es algo tecnológico, como creía Mill, sino económico: el producto es del tamaño que es, porque la producción depende de su distribución y de los precios del mercado, no de la voluntad de la humanidad, individual o colectiva.  Producción y distribución están íntimamente interconectadas.
 
Volviendo al ejemplo que he querido exponer, teóricamente un 50% más uno de los votantes, puede votar sistemáticamente por lograr una distribución igualitaria, independiente del aporte de cada uno al proceso productivo. Esto es, a través de impuestos impulsados por un partido político dado, quitarle, mediante legislación tributaria democráticamente aprobada, cualquier exceso sobre esta media igualitaria al restante 50% menos uno de los votantes, a fin de posesionarse de él.  Si se alega que para eso usualmente (por fortuna) se requiere de una votación calificada, supongamos que de un 75%, pues en mi ejemplo tan sólo se requiere que acomodemos el 75% más uno de los votantes beneficiados con mayores ingresos, a costas del restante 25% menos uno, quienes son quienes pagarían los impuestos, democráticamente legislados. Lo importante es, recalco, que ello se puede lograr “democráticamente”.
 
Segundo: Sugiero un caso más impactante. Supongan ustedes que por mayoría se decide ejecutar a los gordos y bigotones, como este servidor. De estar usted en ese último saco, ¿estaría de acuerdo con un sistema democrático que tomara tal decisión? ¿Lo considera una forma ideal de gobierno? Lo que parece ser una broma, sólo refleja un hecho muy frecuentemente encontrado en naciones, en donde democráticamente las mayorías pueden violar (hasta cruelmente) los derechos de las minorías. Por eso los liberales siempre hablamos de los derechos de los individuos, no de si son de una mayoría o de una minoría. Ejemplos de abusos de minorías por parte de la voluntad de una mayoría, fundamentados en procedimientos democráticos, son el de los judíos, liberales, gitanos, entre otros, en la Alemania Nazi o los Sudras en India, que son los esclavos y peones de todo tipo, y palabra con la que se da a entender  “los que necesitan de limpieza”. También está el caso de los negros durante la Reconstrucción del Sur de los Estados Unidos.

Finalmente, deseo indicar que una característica de los sistemas democráticos es el papel que juegan los grupos de interés. Tal como una vez señaló Hayek, la democracia se convierte en “un juego que todos los intereses separados deben satisfacer para asegurarse un apoyo de una mayoría”. Por supuesto que este juego afecta cualquier buena intención de gobernabilidad. Por ello se requiere limitaciones que impidan esta cesión de competencias en un gobierno de grupos de interés arbitrarios, sin límites y sin restricciones.

CONCLUSIÓN 
Debo agradecer a don Oscar por haber producido este libro, que creo que sin duda logrará la libre discusión de ideas que son de suma importancia para todos nosotros.  Nos aleja, por un momento, de ese mundo de vanidades, de espectáculo, como dice Vargas Llosa, pues nos permite reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Las ideas acerca de la libertad de los individuos y acerca de la forma en que organiza un estado son vitales que las tengamos muy claramente definidas, pues el riesgo de no entender su naturaleza hace que podamos caer en una inaceptable dictadura de las mayorías. Me siento un liberal demócrata. Lo primero, porque creo que la libertad es un valor superior que debe ser resguardado y, lo segundo, porque la democracia es lo que me permite cambiar incruentamente a un gobierno. Es la respuesta a la pregunta crucial que formuló Popper: “¿cómo podemos organizar nuestras instituciones políticas de forma que los gobernantes malos o incompetentes… nos causen sólo el mínimo daño?”. (En Busca de un Mundo Mejor, p. 69).
 
Para asegurar la libertad de los individuos, ante la posibilidad de que un gobierno sea malo o incompetente, la democracia es el método menos costoso, pues mediante elecciones destituye o cambia a los gobernantes. Esto es, la función esencial de un estado es la de salvaguardar la libertad de los ciudadanos y ante la posibilidad de que se desborde el poder de coacción que se le dota, la democracia es la forma menos convulsiva de cambiar al gobernante. “En la práctica la democracia, según Popper, siempre ha intentado tratar la cuestión más importante de la política: la evitación del despotismo”. Y buscamos evitar el despotismo, porque éste nos despoja de nuestra libertad, que es lo que nos permite tener una vida mejor y más digna.
 
Muchas gracias por su gentil atención.

* Conferenciaofrecida por el Dr. Jorge Corrales Quesada con la ocasión de la presentación del libro "Sobre libertad y democracia", de Óscar Álvarez Araya. Actividad realizada por ANFE y la Fundación Naumann el jueves 23 de agosto de 2012 en el Hotel Aurola Holliday Inn. 

lunes, 27 de agosto de 2012

Tema Polémico: ¿Protectores del Consumidor?


Es común escuchar a los políticos defensores de la regulación y la intervención  del gobierno en las actividades del mercado decir que  se realizan con el objetivo de defender a los consumidores de los abusos de los productores y distribuidores. La excusa consiste en que la información con que cuentan los consumidores para tomar sus decisiones es  limitada pues existe asimetría entre los conocimientos que tiene los fabricantes y a los que tienen acceso sus clientes. Es deber del Estado asegurarse de que los producto cuenten con estándares de calidad mínimos y dispongan de suficiente información para que los consumidores tomen decisiones acertadas. 

Si bien es cierto, estas medidas se basan en buenas intenciones, nunca toman en consideración los efectos negativos que conllevan. Nunca ven más allá de las decisiones a corto plazo de la intervención estatal pues si se hiciera se darían cuenta que todos los efectos nefastos que resultan de este tipo de medidas terminan sumando más que los posibles beneficios que podrían traer.

Ejemplos lamentablemente sobran pues vivimos en país donde el Estado debe tener injerencia en absolutamente todo. Uno de los casos lo analizamos hace tres semanas sobre la inefectiva regulación de Sutel en el mercado de las telecomunicaciones que lejos de favorecer a los consumidores más bien a impedido que los precios sean más bajos y ha limitado la cantidad de oferentes en el mercado. Otro ejemplo es los requerimientos cada vez mayores que exige el Ministerio de Salud en el etiquetado de productos alimenticios y ni hablar de los requerimientos de información para los productos médicos.

Un caso que queremos comentar el día de hoy es el del nuevo Código Eléctrico Nacional que fue presentado el año pasado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y específicamente la oficina de Reglamentos Técnicos. Este nuevo código regula todas las instalaciones eléctricas del país y la entrada de productos eléctricos al mercado con el objetivo, por supuesto, de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con este nuevo código se exigirá que todos los productos que entren al mercado cuenten con certificaciones internacionales. Estas certificaciones son difíciles de conseguir y normalmente son muy costosas al inicio y para conservarlas. Al final esto lo que termina haciendo es sacando a todas las pequeñas empresas y pequeños  importadores del mercado pues se necesitan requerimientos de capital que no tienen. No es de extrañarse claro  que los principales impulsores de este código eléctrico sean las grandes empresas de materiales eléctricos del país pues saben que solo ellas tienen el capital necesario para conseguir certificaciones. Este código eléctrico se les vende a las personas como una herramienta para garantizar su seguridad pero realmente es una barrera de entrada impuesta por las grandes empresas a pequeños y nuevos negocios para limitar la competencia en el mercado. Uno de los más grandes enemigos de las pequeñas y medianas empresas es la regulación estatal.

En ASOJOD no estamos insinuando que no existan casos en el mercado de información engañosa y peligros para el consumidor. Lo que no entendemos es por qué el gobierno termina interfiriendo en estos procesos de negociación entre los consumidores y los productores. El mismo mercado naturalmente se encarga de regular que los productos que se venden cumplan con ciertos requerimientos mínimos pues los consumidores no son tontos y se cuidan de que lo que estén comprando sea conveniente. Las empresas a medida que van creciendo van adquiriendo reputación y sin necesidad de que nadie se los imponga van adquiriendo estándares de calidad para poder diferenciarse y vender más con mejores márgenes. Finalmente, con el tema de publicidad engañosa, si en el país en verdad existiera un sistema judicial ágil, las empresas se cuidarían de informar lo más posible a los clientes pues de nos ser así se exponen a demandas y acusaciones que podrían poner en riesgo su existencia. 

¿Medidas para proteger al consumidor? Lo cierto es que no. Estas regulaciones son máscaras que responden a intereses de grupos de poder muy alejados del bienestar del consumidor. Para que el consumidor verdaderamente gane debe tener la libertad de comerciar sin ningún tipo de restricción.

viernes, 24 de agosto de 2012

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes una interesante conferencia de Friedrich Hayek titulado "Libertad económica y gobierno representantivo", donde reflexiona no solo sobre la importancia del libre mercado y el peligro de la intervención estatal en la economía, sino también sobre la preocupante idea de que las mayorías tienen derecho a imponer su criterio, cuando en realidad son simples voceros de grupos particulares de interés. Hayek nos llama a pensar sobre la importancia de que el sistema de frenos y contrapesos no debe existir únicamente entre los Poderes, sino también a lo interno de ellos, de forma que, por ejemplo en el Parlamento, deban existir límites a la capacidad coerctiva para garantizar los derechos y libertades individuales.

jueves, 23 de agosto de 2012

Jumanji empresarial: las tres oraciones

Oración al Estado:

¡Oh, Dios Estado todopoderoso, que tienes dominio sobre todo lo que está a tu alcance! Solo tú eres sabio, solo tú puedes saciar nuestras ansias de ser sometidos a un orden y control que solo tú puedes dar. ¡Oh, Dios Estado, permítenos comprender que solo bajo tus leyes coercitivas y tu potestad de coacción, podremos los malvados seres humanos vivir en colectividad y olvidarnos de nuestros oscuros deseos individualistas!

Oración a los Santos Reguladores:

¡Oh, Sabios Santos Reguladores, que estáis libres de todo pecado y que habéis obtenido el poder y la sabiduría del Gran Dios Estado para determinar los límites de nuestras acciones y a la vez, en esta sagrada tarea, seleccionar a aquellos a quienes has escogido para recibir los beneficios de tu santo manto protector, excluyendo a las  sumisas criaturas que tendrán que conformarse con las migajas que felizmente recibirán después del manjar de los escogidos! ¡Santos Reguladores, tened piedad de nosotros los inocentes consumidores! 

Oración a los Bancos Centrales:

¡Oh, Gran Dios creador del dinero, tú que tienes el poder y la sabiduría de imprimir billetes de la nada, cólmanos con tu tierno papel para que, basados en la ilusión de riqueza, podamos satisfacer nuestra sed de consumo improductivo y olvidarnos así de la pérdida de valor de todo aquello que hemos acumulado y del trabajo que realizamos para sobrevivir!

Andrés Pozuelo Arce

miércoles, 22 de agosto de 2012

Desde la tribuna: el Reglamento Legislativo ¿culpable?

No hay presunción de inocencia, menos aún… estado de inocencia. El Reglamento de la Asamblea Legislativa ha sido condenado a pena de muerte o, por lo menos,  a mutilaciones que lo desfiguren permanentemente. Todo lo que anda mal en el gobierno de lo público, se le atribuye. En su reforma yace, según sus detractores, la bonanza nacional y la prosperidad patria.

El expediente de su procesamiento tiene varios años. Se le acusa de todo lo malo que ocurre en el país y hasta de las malas escogencias electorales tanto para integrantes de la Asamblea Legislativa, los diputados, como… ¡de los ministros y presidentes! 

Resumido el gobierno en solo Poder Ejecutivo, al contrario de lo que establece el artículo  9  de nuestra Constitución, resulta torticero alegar que cualquier moción o grupo de ellas es un obstáculo al imaginado gobierno amputado y reducido solo a Poder Ejecutivo. En efecto, los ministros y los diputados oficialistas e incluso algunos opositores, repiten y repican que el “gobierno” envió un proyecto, o que el “gobierno” desea unos impuestos, cuando debió decir “Poder Ejecutivo”, inculcando en los ciudadanos una nueva Constitución donde el gobierno, en vez de estar constituido por tres poderes, queda reducido a uno.    

Los atizadores de la falsificación gubernativa eliminaron y no restauran, una vigorosa enseñanza cívica, pero predican la carencia de buena gobernabilidad, con rostro serio y gesto de preocupación, cuando sus equivocaciones inconstitucionales y anti-republicanas, son el principal fermento del mal gobierno. La ignorancia cívica que esparcen no los inmuta y, el éxito que alcanza su desfigurado desgobierno, los alienta.

La equivocación se ha incardinado. El error ha sido repetido, tantas veces, que muchos creen que gobierno es solo Poder Ejecutivo. Desde este punto de vista, el Reglamento Legislativo, es un estorbo;  los debates, son atrasos y las mociones, obstáculos. La simplificación ha llevado al radicalismo anti-republicano. Por supuesto, la Sala Constitucional, que según el concepto falso y manipulado de gobierno, tampoco forma parte del gobierno, se convierte en anti-gobierno cada vez que encuentra vulnerado el reglamento legislativo. 

Los grandes reformadores del reglamento ofrecen una tierra de  miel y  leche y proponen, tan necia como equivocadamente, impedir mociones, no debatir, ni siquiera leer, ni defender,  las muy pocas que se admitan y convertir la Asamblea en una notaría o escribanía del Poder Ejecutivo donde se ponga en forma de ley lo que dicte el único poder: el Ejecutivo. Mejor aún, como lo expresara el Dr. Rodolfo Cerdas, convertirla en sello de hule es lo que pretenden. 

Hay políticos, candidatos y cortesanos que imaginan como buen gobierno la inexistencia otros poderes más allá del ejecutivo. Promueven, una Constitución sin Sala Constitucional y leyes sin Asamblea Legislativa y, en ese caso, si todo es ficticio, un reglamento legislativo cuya única regla sea: aceptar lo que diga casa presidencial. Esa república de los extremistas,  convertida en sueño, será una inmensa pesadilla, una vez enfrentada a la realidad del poder concentrado, en muy pocas manos. 

 Mario Quirós Lara

lunes, 20 de agosto de 2012

Tema Polémico: No hay almuerzo gratis


Sin duda la mandataria costarricense cuenta con mejor “suerte” fuera de nuestras fronteras. En los últimos días, la presidente se encontraba de gira por el continente asiático,  y parece que no ha venido con las manos vacías, sino que se ha traído un  jugoso regalito de ocho millones de dólares por parte de China
Bien decía Milton Friedman que no existe almuerzo gratis, por lo que se hace necesario especular respecto al motivo de tan generoso obsequio. Bajo este orden de ideas, nos preocupa el interés político que puede existir a este respecto, interés mediante el cual China compra por medio de regalos como este y el Estadio Nacional a países para que estos se hagan de la vista gorda en lo que se refiere a sus violaciones a los derechos humanos.  Sin duda, este tipo de acontecimientos debe llamarnos a la reflexión, ya que la política exterior costarricense no debe encuadrarse bajo posturas utilitaristas, sino que debe tener un compromiso irrestricto hacia una defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad. 
Otra situación que puede justificar dicho regalo, es el interés de China de gestionar ciertos negocios en esta región, ejemplo de ello podría ser la refinería que se pretende construir. Asunto que tampoco podemos dejar pasar por alto ya que nuestro país no debe “planear” su desarrollo con miras a las intereses ajenos, sino que nuestro desarrollo debe provenir de la acción libre y espontánea de los individuos.
Pero, no sólo nos debemos preocupar por las razones por las cuales los chinos nos regalan dicho dinero, sino que también es muy importante preocuparnos por cómo se va a gastar el mismo. Evidentemente, este gobierno no se ha caracterizado por su honestidad, sino por su corrupción abierta y rampante sin que se asome una gota de vergüenza en ello.  Es decir, este dinero no puede convertirse en una especie de piñata para ser repartida entre los grupos cercanos al gobierno, sino que debe ser empleado de manera eficiente para satisfacer el sin número de necesidades no atendidas.
Así las cosas, no cabe duda que todos los ciudadanos debemos asumir siempre una posición escéptica respecto a este tipo de obsequios diplomáticos, no podemos ser tan ingenuos para creer que dichos regalos no vienen adheridos con otros elementos y promesas. De ahí la necesidad de estar siempre vigilantes respecto al porque de los mismos, así como con lo que se refiere al manejo de estos.  No vaya ser que el regalo nos salga más caro…