Dos cosas sorprenden de ciertas afirmaciones sustentadas por algunos opositores: primero, la lectura literal que han hecho del TLC, quizás por tratarse de un tema tan complejo, por lo cual no se justifica y, a su vez, se explica la creación de confusiones y fantasías; y, segundo, las tergiversaciones que hacen repetir a los estudiantes, incluso universitarios.
Es más, un profesor de la UCR manifestó a sus alumnos que, de aprobarse el Tratado, deberían pagar a la universidad $6.000 mensuales. Y en la Segunda Enseñanza se ha propalado otra falsedad: que la educación pública sería privatizada.
Por su parte, una estación de radio muy conocida difundió otra tergiversación: que el mar territorial de ambos océanos, cuya extensión es de 200 millas, el TLC lo reducía a 20 millas. Es decir, una inadmisible modificación de los límites del país.
Se han hecho a la idea fija de que contiene más perjuicios que beneficios para Costa Rica.
Nulidad intrínseca. Infravaloran la capacidad profesional y ética de los negociadores nacionales y de los actuales propulsores. Si se falsea así la verdad, parte del voto al referendo estaría viciado de nulidad intrínseca. Persiguen torcer el rumbo de nuestra democracia y su libertad republicana, y algunos apadrinan un antinorteamericanismo irracional, con ribetes de odio y un afán de dividir al país a base del enfrentamiento de dos grupos que quisieran cada vez más antagónicos: quienes están a favor del TLC y quienes están en contra de él. Es la misma división de clases practicada en Venezuela, una división para romper aquí la fraternidad tan propia del costarricense e ir preparando otros caminos o descaminos políticos.
Para un grupo de abogados, una principal oposición radica en la solución de conflictos empresariales a cargo de árbitros extranjeros, y no nacionales. Esta atribución –opinan– violaría la Constitución Política, pero ya votó la Sala Constitucional que este tipo de arbitrajes no es inconstitucional. Lo aclaró el abogado Allan Thompson Chacón en el artículo “Arbitraje inversionista-Estado en el TLC” (La Nación , 1°/4/07). Así lo tiene resuelto la Sala en tres tratados comerciales y en 14 de inversión. Además, tratados similares los tienen Cuba, México, Venezuela, Chile...
Este arbitraje internacional protege tanto a nacionales que inviertan en el área centroamericana y en República Dominicana, como a extranjeros que inviertan en Costa Rica. Ante un conflicto, una empresa costarricense que invierta en Nicaragua, por ejemplo, ¿preferiría un tribunal nicaragüense, con todo lo que ha pasado y pasará en ese país, que uno costarricense?
Me decía un periodista venezolano que la estrategia de su país, lamentablemente, consiste por ahora en desprestigiar la democracia costarricense y en boicotear el Tratado. Ciertamente, Venezuela hizo un “llamado a movilizaciones de solidaridad en la lucha costarricense contra el TLC”. Esta consigna la cita el editorial deLa Nación , del 4 de mayo. En cambio, el Gobierno venezolano no combatió en Nicaragua el Tratado para no perjudicar la campaña electoral de Ortega. O sea, que el TLC sí es bueno para Nicaragua y malo para Costa Rica. Y esa intromisión en nuestros asuntos internos explica las tres banderas venezolanas desplegadas frente a la Asamblea Legislativa el 1° de mayo.
Lo que conviene. Costa Rica pide a grandes voces una actitud patriótica y un clima donde prevalezcan la esperanza en un futuro próximo lleno de oportunidades, especialmente para la gente joven, y una mayor credibilidad y confianza en los conductores políticos. Por tanto, no permitamos el fomento del caos político, atizado por Venezuela, la desconfianza, la indecisión y el retraso del país, aunque una minoría –muy respetable en su mayoría– se oponga al TLC. Es conveniente publicar las partes polémicas con una explicación clara y precisa. Es mejor tomarse el riesgo de aprobarlo.
La globalización es un fenómeno económico y social con ventajas y desventajas. Es un movimiento, como tantos movimientos históricos de la humanidad, inevitable pero perfectible, como fue en Costa Rica la promulgación del Código de Trabajo, la creación del Seguro Social y, más recientemente, la oposición de la Universidad de Costa Rica a la creación de la Universidad Nacional (la UNA de Heredia).
Cabe preguntarse: ¿Las sociedades centroamericanas y la dominicana sí tienen derecho al Tratado de Libre Comercio y Costa Rica no?
Enrque Vargas Soto, tomado del periodico La Nacion
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