En ocasiones experimento cierta frustración, al notar cómo los medios de información dan a conocer noticias que deberían de alertar la acción de entidades estatales, dado que involucran el uso de fondos públicos, Sin embargo, éstas no se ven incentivadas a actuar. Tal vez es porque esperan que algún ciudadano les presente, en papel sellado, una denuncia formal, en donde se especifiquen cargos y se den nombres y se brinde toda la parafernalia de detalles que únicamente el cerebro del burócrata puede imaginar. Una institución, que de alguna manera esté encargada de monitorear posibles usos irregulares de fondos públicos, debería de alertarse ante la simple mención de los hechos y no esperar a que estos pasen a mejores glorias, a causa de su olvido, omisión o desidia. Parece que la conducta aceptable en nuestro país es que los ciudadanos y los medios de comunicación agiten las aguas, pero que no lleguen a hacer olas.
En días recientes se han dado informaciones en distintos medios acerca de varios hechos que voy a citar y tratar brevemente, que en apariencia tienen que ver con la utilización de recursos públicos o bien que tienen un obvio interés público. Todo ello debería de haber provocado la acción rápida e interesada de organismos públicos especializados, tanto para dirimir posibles interpretaciones al respecto así como para actuar, si fuere el caso, a fin de detener posibles hechos irregulares.
Uno de ellos tiene que ver con la denuncia, en un medio de televisión, de que la planta de tratamiento de aguas negras de la nueva comunidad de Cinchona, edificada con posterioridad al terremoto en esa zona, sufre de graves defectos en su construcción, que parecerían indicar no sólo su inoperancia en alto grado, sino también que su costo fue desproporcionado, además de que pone al vecindario en un verdadero peligro sanitario. No es suficiente la respuesta que en su momento brindaron los responsables de la obra, quienes dijeron que nada de lo que se dijo era cierto. Un estado moderno y acucioso acerca del uso apropiado de los recursos gubernamentales allí involucrados, debería de haber actuado de inmediato para solicitar que las afirmaciones efectuadas sean valoradas apropiadamente en cuanto a su verdad. El punto esencial es que son muy elevados los fondos públicos involucrados en ese proyecto, como para que simplemente la información sea una nota necrófila más y no una clara llamada de atención de un periodista acucioso e interesado en vigilar el buen uso de los recursos públicos.
Otro caso notorio y probablemente de mucho mayor impacto financiero que el anteriormente expuesto, se refiere al estado del régimen de pensiones de la Coste Suprema de Justicia. Su quiebra potencial constituye una amenaza grave a los recursos públicos. Si lo que se ha escrito al respecto es cierto –esencialmente que las pensiones que hoy se pagan bajo ese régimen y las que tendrán que pagarse en un futuro cercado no se podrán cubrir con lo que hoy recauda dicho régimen- su insuficiencia financiera terminará siendo pagada por toda la ciudadanía mediante presupuestos estatales. De hecho se ha afirmado que, si se cobrara hoy a los beneficiarios de ese régimen, de forma tal que no haya insuficiencia de recursos, casi que no alcanzaría siquiera con todo el sueldo de los trabajadores cubiertos. De hecho hoy una parte importante de ese régimen de privilegio es pagado por todos nosotros mediante el presupuesto del Poder Judicial. No es admisible que don Luis Paulino Mora, jerarca del Poder Judicial, hoy guarde silencio acerca de la verdadera situación financiera del fondo de pensiones de ese poder. No debe esperarse más a que la situación empeore para poner orden en él, sin llegar a una quiebra inminente, para que, posiblemente, una vez mas, se acuda a los presupuestos públicos que todos financiamos, para que pueda seguir la manutención de los hoy beneficiarios directos del privilegio. Ya es hora de poner orden en ese régimen de pensiones hoy tan cuestionado.
Una tercera noticia de la semana que verdaderamente se las trae es la denuncia de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA) de que la gasolina que vende RECOPE utiliza un aditivo, creo que denominado MTM, para elevar su octanaje, con el grave riesgo de que puede causar daños graves a la salud de los usuarios y, en general, de la población. Además de AIVEMA, también hubo declaraciones en noticieros de televisión de ingenieros químicos conocedores del tema, quienes también advirtieron de estos peligros. La reacción del monopolio fue expedita, cual fue negar que tal cosa se estuviera dando. Pero todo lo expuesto deja grandes dudas entre los ciudadanos, quienes hoy no tenemos claro quién puede haber dicho la verdad. Nos sentimos indefensos por nuestro desconocimiento. Un estado responsable, y por la seriedad de quienes han afirmado la existencia de ese daño potencialmente tan grave, ya habría buscado averiguar cómo es que están las cosas y ver si es posible arreglarlas, ante de que haya algo que efectivamente dañe a una población indefensa. Pero la denuncia no parece haberle importado a nadie. Por ejemplo, ¿por qué ningún diputado ha pedido que se investigue el asunto?
Ya que hablamos del monopolio de RECOPE, no hace mucho tiempo en varios programas de un noticiero de televisión se formuló una serie de denuncias , por parte de unos economistas muy respetables, quienes cuestionaron los costos de la nueva refinería multimillonaria que aquella entidad planea llevar a cabo junto con el gobierno chino. Me imagino que, ante la forma vehemente y respetuosa como se refirieron esos economistas, que, de paso, ningún otro medio mostró un interés similar en investigar, se habría presentado alguna explicación, como respuesta sensata a aquellas objeciones. Pero, como suele ser lo frecuente, nunca las hay y cuando aparece lo que aparenta ser una respuesta, ésta se circunscribe a una simple negación de los hechos que se afirmaron. El monto multimillonario de la inversión en una refinería de petróleo, cuyo costo tendremos que pagar todos los costarricenses, deberá ser escudriñado al máximo. No podemos vernos empantanados una vez más en proyectos con costos posiblemente inflados, en que haya precios más altos que los que alternativamente se podría pagar, entre otras linduras del caso. Aunque RECOPE “sea el Estado”, un estado de verdad, que responda a los intereses de los ciudadanos, de inmediato se habría abocado a brindar públicamente, abierta a toda la ciudadanía, toda la información, explicaciones y datos que nos merecemos. La oscuridad es totalmente inconveniente
Tanto que se habla de transparencia, pero no se le ve por ningún lado.Jorge Corrales Quesada
