La columna de Carlos Federico Smith: por la boca muere el pez

Leí artículo de La Nación del 12 de noviembre, “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte,’” relacionado con el impacto que sobre el funcionamiento de la Corte tendrían dos proyectos presentados en la Asamblea Legislativa, uno de la diputada Xiomara Rodríguez (expediente legislativo 21.035) y otro del diputado Pedro Muñoz (expediente legislativo 21.537). Estos proyectos, de diversas, pero similares formas, buscan imponer frenos a las llamadas pensiones de lujo. 

No puedo asegurar que el sentimiento que ambos expresaron lo comparten otros magistrados, pero, de 21 presentes en la sesión de Corte Plena, en relación con los expedientes arriba mencionados, 9 estimaron que afectaban la organización y funcionamiento de ese Poder, 3 votaron que no lo hacían y 9 se abstuvieron. Los magistrados Jaime Robleto y Julia Varela estuvieron entre los primeros (que sí afectaban) y lo relevante para este comentario son declaraciones que de ellos recoge ese artículo de La Nación.   

La magistrada Varela dijo, refiriéndose a esos proyectos, en particular al propuesto por el diputado Muñoz, que “Con la creatividad del legislador en este tema, se nota que están perdiendo de vista que la persona que recibe equis salario o equis pensión, tiene una serie de obligaciones fijas, y eso no se está tomando en cuenta.” Igualmente señaló que “Entre menos recibimos, menos aportamos al comercio” agregando que “Están dando pasos que están siendo negativos para el comercio. Ya nadie se atreve a poner un negocio. Estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora sólo vamos por lo necesario.”

Por su parte, el magistrado Robleto expresó que “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte y están tratando de solucionarse, de alguna manera, con medidas populistas. La desigualdad social ha existido siempre y continuará cuando nosotros hayamos muerto. No se soluciona violando principios fundamentales del Derecho.”

Mi primera reacción al leerlos fue de ira, pues son expresiones groseras, que asumen una enorme ignorancia de los ciudadanos, como si no supiéramos que, para recibir las millonarias pensiones de lujo que defienden, nunca han aportado lo suficiente para ellas, sino que se cargan a los dineros públicos de los ciudadanos. Es un privilegio odioso de unos pocos, del lado de dónde se le mire.

Además, en el comentario de la magistrada Varela hay un tufo claro de arrogancia, como si todos los ciudadanos no estuviéramos amarrándonos las fajas ante los gustitos y todos ni siquiera tenemos esos ingresos de pensiones de lujo que con tanto ardor defiende. Asimismo, da a entender que lo que dejaría de gastar afectaría al comercio o la economía, como si el gasto de la magistrada fuera diferente del gasto que dejó de efectuar el contribuyente, obligado a contribuir con sus impuestos al pago de esas pensiones de lujo. “No toquen mi gasto, aunque sí toquen aquel de quienes ponen la plata para mis pensiones.”

Similarmente, la impresión del magistrado Robleto muestra una insensibilidad increíble, pues, ni más ni menos, nos dice que tratar de eliminar esa pensión privilegiada es una medida populista, pues “los problemas económicos (del país) son ajenos a esta Corte,” como si los gastos de la Corte no formaran parte del gasto gubernamental, cuyo desboque es lo que ha dado lugar a esos problemas económicos que hoy experimentamos los ciudadanos, ante las medidas tomadas por el gobierno. Esos problemas económicos no deben restringirse a cargar a la plebe eximiendo a los magistrados gobernantes.

Mi ira inicial ha pasado a un segundo lugar, tal vez porque, con esas palabras, más bien los magistrados contribuyeron a que, por una mayoría impensada (y que esos mismos magistrados decían requerían de, al menos, 38 votos y no simple mayoría), se excedió esa barrera, en primera y segunda instancia en la Asamblea Legislativa. La reforma en proceso de aprobación todavía es insuficiente, pues conserva gran parte del privilegio que los ciudadanos continuamos pagando, pero, lo sucedido sirve como ejemplo de aquello que los economistas llamamos “principio de las consecuencias no previstas.”   No tengo duda en mi interior, de que esas palabras puedan haber definido esa abrumadora votación y que el tiro ha salido por la culata. Nunca debe subestimarse a un pueblo cuando, democráticamente y respetuoso de las libertades y amante de la justicia, buscar restaurar una justicia perdida.

Termino agradeciendo a esos dos respetables magistrados, que, al ser tan francos en sus expresiones y sentimientos, contribuyeron a que el pueblo, representado en nuestra Asamblea Legislativa, esté dando este primer paso esencial para que la gente, no sólo sienta que se recupera algo de justicia, sino que, también, el propio Poder Judicial reconquista un prestigio ante los ciudadanos tan menoscabado durante los últimos tiempos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: es indispensable una reforma presupuestaria

En días recientes, el periódico La Nación publicó dos comentarios acerca de entidades públicas que mantienen dineros en inversiones financieras, en vez de dedicarlos a las obras para los que se presupuestaron. Uno es “’U’ públicas guardan ¢150.000 millones en títulos e inversiones,” de fecha 6 de noviembre, y el otro, del 8 de noviembre, se titula “BAHNVI tiene sin uso ¢88.000 millones de proyectos varados.” 

Asimismo, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), al igual que lo hizo el BAHNVI en ese segundo comentario, publicó un campo pagado en dicho medio los días 7 y 8 de noviembre, bajo el título “Las universidades públicas NO ‘guardan’ recursos, los utilizan en el cumplimiento de sus objetivos.”

Debo señalar que los tres comentarios referidos exponen argumentaciones que creo son válidas, lo cual hace difícil asumir una posición tajante en una u otra dirección.

En esencia, el primero de los artículos de La Nación señala que muchos fondos presupuestados (en esos casos, pero no dudo que igual pasa en muchos otras en entidades gubernamentales) se conservan invertidos en entes bancarios -ganando intereses. Esos fondos podían haber sido suficientes, sin necesidad de presionar al gobierno (incluso mediante marchas de estudiantes) exigiendo la restitución de la porción de fondos del FEES que fue previamente se les había recortado (transferencia de fondos públicos a las universidades estatales). Así pudiendo hacer lo que señalan se les había impedido realizar en proyectos de “sedes regionales, admisión y programas de becas.” En palabras del diputado, señor Wagner Jiménez, eran “dineros ociosos,” que se podían usar para cubrir esas necesidades, en donde, si bien luego se demostró que nunca estuvieron en peligro, el gobierno cedió a dicha presión. 

Ante una situación fiscal difícil como la que vivimos todos los ciudadanos, me parece que hay una preocupación válida porque fondos públicos destinados a ciertos proyectos previamente aprobados, en un monto de ¢151.648 millones de presupuestos previos, se mantuvieran ganando intereses al colocarse en “instrumentos de inversión del Sistema Bancario Nacional o puestos de bolsa,” en “bonos del Gobierno, fondos de inversión, certificados a corto o a largo plazo; inversiones o títulos.”

CONARE señaló al respecto varias cosas que se deben considerar: que muchos de esos fondos están colocados a menos de un año, “lo que evidencia que son utilizados en la operación normal de las instituciones” (me imagino que, lo que nos quieren decir es que un 97% de esos fondos “ociosos”, se gastará normalmente dentro de un año), y que el 3% restante, “está asociado a proyectos que por su naturaleza o procesos de contratación trascienden este período…” O sea, que en realidad aquel 97% será gastado antes de un año y que el restante 3% es entendible que, por su naturaleza, será en proyectos o inversiones que toman más de un año.

Similarmente, en el caso del BANHVI, esos fondos de ¢88.000 millones acumulados (algunos pueden tener “hasta 12 años engavetados”), no se han invertido en soluciones de vivienda, que, en criterio del diputado, señor Pedro Muñoz, “significa 8.500 para la población necesitada, que no se han construido.” En este caso, me parece que es mucho el tiempo que el BAHNVI ha tenido esos fondos y no los ha usado, a pesar de que, a diferencia de las universidades públicas, esa “plata está depositada en la Caja Única del Estado, una cuenta en el Banco Central de Costa Rica” y “no genera” rendimientos o intereses para el BAHNVI. Parece haber desorden y mala planificación, pero no con el fin de obtener otros fondos adicionales por intereses en las colocaciones en el sector financiero comercial.

Si bien el primer artículo acerca de las universidades públicas no indica la evolución en el tiempo de esos fondos mencionados, sí se hace en el caso del BAHNVI, cuando se indica que, en el lapso del 2007 al 2018, pasó de ¢2.760 millones a ¢21.745 millones. 

Al igual que en el caso de las universidades públicas, cuyos recursos no ejecutados son resultado de negociaciones del FEES (para el 2020 serán ¢512.781 millones), en el caso del BAHNVI el estado tienen una obligación de darle fondos de FODESAF -el llamado FUSOVI- que son de, aproximadamente, ¢110.000 millones al año.

En este caso, el gerente del BAHNVI, señor Carlos Castro, indicó que esos fondos no están ociosos (como se señaló antes, sin generar intereses), sino que “En realidad están reservados o comprometidos de alguna manera.” En particular, que los proyectos de vivienda suelen requerir más de un año.

Este asunto presupuestario debería arreglarse, dejando que esos excedentes o bien no permanezcan sin usar o que se convierten en una fuente adicional de recursos por intereses, en exceso de lo ya cubierto con los presupuestos anuales propiamente.

En tal sentido, los recursos acumulados, que en el caso del BANHVI no generan intereses, pueden servir razonablemente para cubrir las necesidades de ciertos proyectos o compras que no se realizan en el curso del año (igual que aquel 3% que indicaron las universidades públicas), pues están a su disposición en el momento en que se requieran (eso sí, debe haber una vigilancia estrecha de que esas posposiciones no sean por ineficiencia en su uso). Pero, en cuanto a gastos anuales comprometidos y que se usarán en el curso del año (aquel 97% que señalan las universidades públicas), esos fondos no se desembolsarían, sino según un calendario previamente negociado entre Hacienda y las universidades públicas, que aseguren, por ejemplo, su desembolso un trimestre antes de lo efectivamente a ser usado. Creo que así se frenaría en algún grado esa posibilidad actual de pedir prestado más de lo necesario, pues ya hay recursos que ya se mantienen provenientes de partidas presupuestarias de períodos previos que no se utilizaron. Así, esos fondos permanecerían, como es actualmente en el BAHNVI, en el estado sin tener que desembolsarlos sino cuando son efectivamente necesarios.  

La Asamblea Legislativa tiene ante sí una tarea imprescindible de reformar la práctica de desembolsos de los fondos que el estado entrega mediante contribuciones o leyes especiales a ciertos organismos estatales, así como de los momentos en que debe practicar el desembolso de los fondos aprobados para ser ejecutados en el presupuesto anual.

Tal vez las ideas expresadas sean útiles, particularmente en estos momentos fiscales tan difíciles.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el costo de los permisos municipales para construir

Me llamó la atención la noticia de la enorme cantidad de construcciones en el país que se llevan a cabo sin tener los obligados permisos municipales. Primero la vi en un noticiero en la televisión y, después, La Nación del 8 de noviembre hizo un extenso comentario al respecto, titulado “Tres de cada 10 obras en el país se levantan sin permisos municipales,” sustentado en un estudio reciente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), basado en la “inspección a 2.174 proyectos en 58 cantones durante el primer semestre de este año.”

Lo cierto es que era público y notorio que muchas construcciones que se iniciaban, luego aparecían con un rotulito que decía que la obra se suspendía por decisión municipal, situación que indicaba con claridad que algo malo estaba sucediendo. En efecto, alrededor de una tercera parte de las construcciones en el país se hace sin los permisos municipales correspondientes, según informa el medio. 

Es interesante el desglose porcentual por regiones del número de obras hechas sin permiso, así como información acerca de ciertos cantones específicos. Como un todo, los metros cuadrados que se construyen sin permiso en el país se estiman en 106.000.

1. Región Norte: 44% de las obras se hace sin permiso.
2. Región Guanacaste: 40% de las obras no tiene el permiso.
3. Región Atlántica: 37% de las obras se lleva a cabo sin tener el permiso.
4. Región Central: 29% de las obras se hacen sin permiso. (En el cantón de La Unión, el 100% de las construcciones se hace con permiso).

5. Región Sur: 16% de las obras se hacen sin permiso. (En los cantones de Golfito y Parrita, el 100% de las construcciones se hace con el permiso necesario).
6. Región Occidente: 44% de las obras se construyen sin permiso. (En el cantón de Montes de Oro, el 100% de las construcciones se hace con el permiso requerido, pero el cantón con el mayor número de metros cuadrados en donde se construye sin permiso, es el Central de Alajuela, con 41.047 metros cuadrados).

Según informa el CFIA, ha desmejorado el porcentaje de obras sin aprobación, “pues anteriormente el porcentaje de obras sin permiso rondaba entre 15% y 25%.”

Parece que una preocupación alta del informe citado es por lo que dejan de percibir los municipios al no cobrar eficientemente todas las obras. Se estima que, para todo el país, “representan para los ayuntamientos pérdidas por más de ¢334 millones.” 

Todo esto manda una señal clara de dos hechos que pueden estar impulsando el empeoramiento en la autorización para construir. Primero, el alto costo de los permisos municipales, no sólo en tiempo, sino en monto, lo que hace que, en especial en momentos de dificultades económicas como el actual, las personas busquen evitar dicho pago y proceder, figurativamente con las uñas, a hacer lo que ya tanto les está costando.

En segundo lugar, como los permisos tienen que aprobarse o hacerse por profesionales de ingeniería y arquitectura, ahí surge un elevado costo, pues es obligatorio usar miembros agremiados del cartel (que, en términos económicos, es el colegio profesional obligatorio que cobija a esos profesionales), quienes cobran una tarifa mínima prestablecida, Si lo que cobraran en la realidad fuera menor, hoy esos profesionales estarían cometiendo un acto sancionable por el colegio (que creo podría llegar a la suspensión o expulsión del profesional que incurra en él). Si el costo en mención fuera menor, el cliente cautivo se vería estimulado a no hacer la obra como la hace hoy, sin permiso municipal y aprobación del profesional que dicte la idoneidad de la obra, evitando obras de mala calidad en un país eminentemente sísmico. Esto es, estaría más dispuesto a contratar a esos profesionales.
 

Los municipios podrían recaudar más fondos si cobraran menos por los permisos, de forma que más gente buscaría no evitar del todo dicho pago, además de que el menor costo probablemente estimularía un aumento en la construcción, importante en una economía como la actual con un elevado nivel de desempleo. Las municipalidades, asimismo, deben acelerar el plazo para otorgar (o rechazar) la solicitud de permiso, que, si bien oscila actualmente entre 5 y 30 días, no deja de ser deseable disminuir ese costo de duración a un menor plazo, en especial con tantas posibilidades informáticas hoy asequibles. Todos esos costos son relativamente más altos para obras pequeñas, que suelen ser las más llevadas a cabo por personas de menor capacidad de pago.

Es importante que sea el mercado, mediante la libre contratación de las partes, el que determine el pago de los profesionales, en vez de que el CFIA las fije arbitrariamente. Habría mayor demanda de profesionales calificados para obtener dichos permisos, no eludiéndolos del todo como sucede hoy. Así, se evitarían construcciones riesgosas que ponen en peligro la salud de la ciudadanía al hacerse sin permisos. No dudo todos saldríamos beneficiados sí esos pagos se ajustaran al tamaño y complejidad de la obra, no con una fijación arbitraria como es la tarifa mínima actual impuesta por el CFIA.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: mantenidos por otros

El presidente de la ANDE, don Gilberto Cascante, dijo recientemente en una comparecencia ante una comisión legislativa encargada de analizar el proyecto de empleo público, que “los pluses salariales… muchas veces son la forma de subsistir económicamente.” Por supuesto que todo ser humano debe subsistir económicamente, pero debe hacerlo no viviendo gracias a una imposición obligatoria sobre toda la ciudadanía, quien paga por privilegios, como lo son los pluses, a los que no todos los ciudadanos pueden acceder, sino sólo un grupo concreto, específico. 

La fuente de este comentario es el artículo de La Nación del 2 de octubre titulado “Presidente de ANDE: Pluses salariales son una ‘forma de subsistir.’”

Es cierto que, en sociedad, todos vivimos de todos, pero gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros. El mejor ejemplo es que, quien se dedica a una actividad productiva, depende de qué tan bien sirva a sus amos, los consumidores. De no hacerlo así, su empresa fracasará y tendrá pérdidas, conceptualmente no deseables y que, sin duda duelen. Al estar sujeto a la voluntad soberana del consumidor, debe competir por ganarse su buena voluntad para que adquiera lo que él le ofrece y que, presuntamente, satisface las necesidades y deseos de los consumidores. En particular, si cobrara más caro, si es áspero y hasta hostil con sus clientes, y si lo que le ofrece al consumidor es un producto de mala calidad, los consumidores le dejarán con sus chunches (inversiones, tecnología, ideas -fallidas en este caso hipotético- deudas, instalaciones y un largo etcétera de recursos que destinó a una inversión que no le sirvió a sus consumidores). 

Lo esencial del asunto es que esa relación es voluntaria y, para que se dé, ambas partes han de estar ganando, pues, de no hacerlo una de ellas, simplemente no participaría de la relación de compra y venta. Esto es muy distinto al pago que la sociedad hace por medio de pluses al gremio del señor Cascante, pues, para que el trabajador de la educación reciba ese pago, el ciudadano-consumidor es obligado, forzado, por el gobierno, por medio de impuestos, endeudamiento o inflación, a darle parte de sus recursos para pagar esos pluses, que tal vez no lo haría si libremente pudiera hacerlo. (Si estuviera libremente dispuesto a pagarlo, no serían necesarios impuestos obligatorios, sino que lo haría, pues considera que el servicio recibido vale la pena).

La persona debe buscar “subsistir” ´por sí misma y sólo en casos excepcionales otros deben correr obligatoriamente por la cuenta de dicha manutención, como es el caso de menores de edad o de discapacitados o de quienes sufren una tragedia temporal que les impide sobrevivir. Pero un adulto debe, como premisa, buscar cómo lograr que sus servicios sean valorados por el resto de las personas, para que libremente paguen por ellos. El estímulo de vivir mejor (subsistencia o manutención) debe hacer que la persona busque cómo mejorar sus aptitudes y capacidades para servir a terceros, sin obligar a nadie a mantener a nadie (excepto en condiciones extremas), así como a nadie se le debe exigir que practique la caridad por la fuerza (la caridad es voluntaria y no obligada; si fuera esto último, no sería caridad). Entonces, uno se mantendría por su esfuerzo propio no por los de otros.

Tal vez lo que tiene en mente el presidente de ANDE es que los salarios de los maestros son bajos (aunque los pluses no son sólo para ellos, sino también para la burocracia de la educación estatal), pero, en tal caso, lo deseable es que la política salarial se base en lo que la gente está dispuesta a valorar por la educación que reciben sus hijos. Una de las virtudes de la propuesta de un bono educativo (o “voucher” como se le llama en ocasiones) es que así la gente puede reflejar sus preferencias y valoraciones de los servicios que recibirían de maestros (mediante empresas o asociaciones que los contratarían). 

La idea del bono es que el gobierno le daría cierta suma de dinero a los padres por cada hijo, para que sólo sea gastado en su educación en el centro educativo de su elección, en vez de obligarles a ir a escuelas públicas, en donde ellos no son quienes los contratan para poder valorar sus servicios (bajo ese concepto, podrían existir escuelas públicas compitiendo en el mercado con otras por esos bonos educativos).

Esa propuesta, por supuesto, no es aceptable para muchos en el liderazgo sindical, pues simplemente perderían muchos ingresos, pues es posible que ya esos maestros asociados al sindicato no lo sean más, pues ya no se requiere de una presión para obligar al gobierno a pagar ciertos salarios (más pluses), pues, en el nuevo mercado competitivo, quienes definan eso serían los múltiples oferentes y demandantes de servicios educativos, quienes acordarían libremente los pagos.

Además, en dicha comparecencia legislativa, el presidente de ANDE dijo que esos pluses necesarios para complementar los salarios y la subsistencia económica de sus asociados, se han dado “a costa de un aumento desmedido de la carga laboral docente, al tener que atender más estudiantes o tareas complementarias de la función docente.” Pero, según datos estadísticos, la población estudiantil por maestro ha disminuido significativamente en el país en los últimos años, debido al menor crecimiento de la población, además de que el salario se paga no sólo por los servicios de educadores en el aula, sino por “las tareas complementarias.” que forman parte del servicio completo.

También, el presidente de ANDE, dijo que era una “falsa premisa… que los salarios de los empleados son causa del déficit fiscal del país,” pero el déficit es el exceso de gasto público sobre impuestos que recauda el gobierno y, por ello, al ser los salarios de esos empleados (y cualquier otro gasto, ya sea de salarios, de inversiones físicas, etcétera; todo tipo de gasto) parte integral de ese gasto total, dan lugar a que surja el déficit. Un dato importante debe ser parte de esta reflexión: “Entre el 2007 y el 2018, el gasto en remuneraciones (salarios y otros pagos como pluses) del Gobierno Central subió de ¢1.2 miles de millones [el medio cita erradamente ¢1.2 millones] a ¢2.4 miles de millones, lo que equivale a un alza del 100%.”

Para terminar, se ha dicho que, ante el proyecto de ley de empleo público, en una primera instancia parecería que “un 30% de los funcionarios podría ver un aumento de sueldo,” pero el presidente de ANDE agrega que ese “aumento es muy difícil mantenerlo en el tiempo, y el poder adquisitivo futuro se verá afectado.” No obstante, nada dice que los ajustes por inflación al nuevo salario siempre se darían. Eso sí, se deja de lado el efecto expansivo adicional de los pluses sobre los salarios pagados. Los pluses se verían disminuidos, pues, sin duda, son un disparador automático del gasto gubernamental (y de una u otra forma de impuestos, presentes o futuros) al montarse sobre los aumentos en los salarios bases. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: bajemos las inversiones para seguir con los pluses

Con frecuencia se asevera que, si hubiera necesidad de reducir el gasto del gobierno, que ello se haga en el gasto corriente y no en el gasto en inversión, pues mientras que el primero no es reproductivo -se gasta y ya está- el segundo si lo es; es decir, da lugar a bienes o servicios finales presuntamente deseados, adicionales a los que no habría si esa inversión no se realizara. Si se acepta eso, la reciente decisión del Poder Judicial va contra dicha lógica, pues, en el último presupuesto de gasto para el 2020 presentado el pasado 30 de agosto ante la Asamblea Legislativa, al verse obligado el Poder Judicial a reducir sus gastos según la ley de equilibrio fiscal aprobada en diciembre pasado, lo hizo en lo correspondiente a las partidas de inversión (infraestructura, equipos la adquisición de bienes y servicios) a fin de tener los recursos suficientes para enfrentar su gasto en pluses salariales.

La información la presenta La Nación del 5 de setiembre, en su comentario “Corte reduce inversiones para financiar sus pluses.” Indica el medio que “La partida de remuneraciones es la única que aumenta en la institución, mientras que el resto sufrió una reducción.” Mientras que las remuneraciones fueron el 82.2% del presupuesto presentado el año pasado, para este año el equivalente es del 80.9% del total.

Indica el medio, “El recorte se hizo para brindar financiamiento al gasto en salarios y pluses” respetando así el límite presupuestario que el ministerio de Hacienda le impuso con base en la regla fiscal aprobada a fines del año pasado. Pero, vale la pena indagar más en cuanto al contenido de esa partida de remuneraciones, que, para este año que viene, creció sólo un 1.4% con respecto al anterior.
La partida “remuneraciones” básicamente se compone de los siguientes elementos: los salarios base, los aportes para pensiones, los aportes para el seguro social, pagos eventuales, cesantía y los llamados pluses incentivos salariales. 

En este caso, si bien la partida “remuneraciones,” como se dijo, creció tan sólo un +1.4% con respecto a la del año anterior, la subpartida de salario base aumentó aún menos (un +0.6%), la del aporte de pensiones subió en +2.7%, la de seguridad apenas en +0.8% y la de pagos eventuales -partida relativamente pequeña- en un +15%, mientras que la de cesantía, muy interesantemente, descendió en un -20.3% y la de incentivos salariales -la mayor de todas las subpartidas mencionadas- aumentó en un +1.1%.

Asimismo, se redujeron las partidas de transferencias en un -19.5%, la de inversión en un -13.5%, la compra de bienes y servicios en un -0.1%, lo que contrasta con el aumento de +1.4% en la partida de remuneraciones. Esta última no bajó tanto por el aumento mayor que se dio en la subpartida de pluses (+1.1%), que es la de mayor peso absoluto.

Es interesante notar que el relativamente fuerte descenso en la subpartida de cesantía (-20.3%) se debió a que “el Poder Judicial incorporó solo el reconocimiento de ocho años en prestaciones” para el 2020, mientras que, en el año anterior, los años de prestaciones eran mucho mayores. Por el contrario, la reticencia del Poder Judicial de no aplicar los otros alcances de limitaciones a los pluses definidos en la ley de control fiscal aprobada el año pasado (por ejemplo, montos específicos, en vez de porcentuales), hace que en este nuevo presupuesto aparezcan crecimientos mayores en los montos de los pluses. Y, para suplir los fondos requeridos, se redujeron las partidas de inversiones y transferencias, principalmente.

Espero que pronto el Poder Judicial decida la aplicación debida de la nueva ley. Que no salgan con presentar presupuestos extraordinarios para seguir pagando pluses y que se escuche el consejo sano que, en su momento, dio el presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, quien, según el medio, dijo que “ante el problema generado por la regla fiscal se debía hacer un esfuerzo dentro de la entidad  para dotar de recursos y personal clave,” pero que, ojalá, esa “dotación” no provenga de los impuestos y endeudamiento pagado por los ciudadanos contribuyentes, para que se sigan pagando pluses que consideramos constituyen privilegios injustos. La nación somos todos los ciudadanos; no unos privilegiados y otros sufragando esos privilegios. Es de desear y esperar que el buen juicio de los jueces supremos sea el que prime y no la defensa de privilegios odiosos. Que se haga justicia.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los jugosos salarios de los alcaldes

La información acerca de sueldos abusivos y llenos de pluses dentro del estado no se refiere a las alcaldías o gobierno locales. Así que es oportuno el comentario de La Nación del 14 de setiembre, titulado “Ley dispara sin razón salarios de los alcaldes,” para darnos cuenta de cómo ciertos puestos, aparentemente poco sonados en su mayoría como funcionarios estatales de alto rango, en realidad se han convertido en otra mina de oro de privilegios para algunos. Ya entiendo por qué son tan disputadas y buscadas ciertas elecciones para los gobiernos locales y, aparentemente, no por aquella razón que solía escuchar. que ser alcalde era un paso muy seguro para ser luego diputado. Vemos que, además de esa opción que no deja de ser válida, la paga sobredimensionada en algunos casos puede ser un aliciente para la matazinga usual.

¿Cuál es el origen del problema? Una vieja práctica de que “los alcaldes municipales no devengarán menos (o sea, podría ser más) del salario mínimo pagado por la municipalidad, más un 10 por ciento.” Agregue a esto que el alcalde no sólo se gana un 10% más del salario mínimo de la municipalidad, motivo para que el alcalde presione por salarios mínimos más altos entres sus súbditos, sino que también la base del salario del alcalde lo es el mínimo mayor de cualquier otro empleado. De aquí entiendo el interés, en ciertos momentos, para que en las alcaldías hubiera un médico de planta, quienes son altamente pagados en ciertos casos por otros acuerdos laborales, cuyo salario así serviría para que el alcalde se montara sobre una base más alta.
 

Eso no es todo: el alcalde también puede cobrar un 35% adicional por dedicación exclusiva si es bachiller y un 55% si es licenciado.
 

El medio expone un caso, el del actual alcalde de Talamanca. que muestra el problema en toda su extensión. Ahí el empleado municipal que más gana es un funcionario de 30 años, quien recibe un ingreso total mensual (salario base más pluses) de ¢3.8 millones. Para determinar el sueldo del alcalde, a esa suma se le adiciona un 10%, llevándolo en primera instancia a ¢4.3 millones (¡bendito sea ese empleado mejor pagado!). Luego, agregue la dedicación exclusiva, que en el caso de ese alcalde es de un 55%, todo lo cual hace que su salario mensual llegue a alrededor de ¢6.7 millones. ¡Eso se echa al bolsillo como salario cada mes el alcalde de Talamanca!
 

Es interesante ver el cuadro de los 12 alcaldes mejor pagados y cuánto significa del presupuesto total del municipio. Nótese que se trata de montos en efectivo y no toma en cuenta otros beneficios en especie que se podrían tener, como vehículo para su uso exclusivo o seguridad, o lo que sea:
 

1. Alcalde de San José, Johnny Araya: Salario mensual de ¢8.9 millones (anual de ¢143.8 millones). Representa el 0.19% del presupuesto municipal.
 

2. Alcalde de Limón, Néstor Mattis: Salario mensual de ¢7 millones (anual de ¢112.7 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 

3. Alcalde de Talamanca, Marvin Antonio Gómez: Salario mensual de ¢6.7 millones (anual de ¢107.8 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 

4. Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona: Salario mensual de ¢6.6 millones (anual de ¢106.9 millones). Representa el 0.36% del presupuesto municipal.
 

5. Alcalde de La Unión (Tres Ríos), Luis Carlos Villalobos: Salario mensual de ¢6.5 millones (anual de ¢104.2 millones). Representa el 0.99% del presupuesto municipal.
 

6. Alcalde de Santa Cruz, María Rosa López: Salario mensual de ¢6.2 millones (anual de ¢99.6 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 

7. Alcalde de Tibás, Carlos Luis Cascante: Salario mensual de ¢5.9 millones (anual de ¢94.7 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 

8. Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate: Salario mensual de ¢8.95.8 millones (anual de ¢94.3 millones). Representa el 0.48% del presupuesto municipal.
 

9. Alcalde de Siquirres, Mangell McLean Villalobos: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢92.3 millones). Representa 1.94% del presupuesto municipal.
 

10. Alcalde de Goicoechea, Ana Lucía Madrigal: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢91.5 millones). Representa el 0.89% del presupuesto municipal.
 

11. Alcalde de Pérez Zeledón (San Isidro), Jeffrey Montoya: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.9 millones). Representa el 0.61% del presupuesto municipal.
 

12. Alcalde de Pococí, Elibeth Venegas: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.3 millones). Representa el 0.86% del presupuesto municipal.
 

De esos 12, sólo Marvin Antonio Gómez de Talamanca y María Rosa López de Santa Cruz, no están aspirando a ser reelectos.
 

Vale la pena que los lectores mediten acerca de estos datos y piensen si esos salarios enormes no forman parte de la razón de los gobiernos municipales para oponerse a que, como parte del estado que son, se les apliquen las limitaciones -aunque insuficientes- a sus pluses derivadas de la Ley de reforma fiscal aprobada recientemente en diciembre, en donde a los ciudadanos contribuyentes se nos cargaron de nuevos y mayores impuestos. 
 

El orden y la mesura deben ser aplicados a lo largo de todo el estado, pues la situación fiscal del país es muy seria y es indispensable poner freno a abusos como estos sueldos fuera de toda proporción en nuestro medio. De hecho, cada una de esas personas gana más que el propio presidente de la República. ¡Así se invierten los impuestos municipales que todos pagamos!

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: estimulemos aún más el contrabando

No hay duda que las leyes de la economía tienen su lugar. Así, uno aprende en economía básica que, cuando se ponen impuestos elevados, ya sea a la producción doméstica o a las importaciones de ciertas mercancías, se estimula que ingresen al país provenientes ilegalmente desde el exterior. A esto le conocemos como contrabando de productos.

Un primer estudio realizado por el Observatorio de Comercio Ilícito, el contrabando de productos en el país se acercaría a los ¢700.000 millones anuales. Lo informa La Nación del 22 de agosto en su comentario “Comercio ilícito de Costa Rica se estima en ¢700.000 millones anuales.” Es interesante que, si bien definir la magnitud del comercio contrabandeado es sumamente difícil dada su naturaleza ilegal, esa estimación se deriva de un análisis basado en las probabilidades de importaciones indebidas de los sectores o productos principales, algo que técnicamente es mejor que el simple bateo. El Observatorio usó información del ministerio de Hacienda, de especialistas en esas actividades ilegales y del comportamiento histórico de los diferentes bienes, todo lo cual se comparó con las categorías de importaciones del Banco Central. El objetivo del estudio es my loable; “tener información para la generación de políticas públicas,” pero, sin subestimar ese esfuerzo, la literatura económica es abundante acerca de importaciones ilegales y ese estudio lo confirma.

El hecho que parece definir al comercio de contrabando es los altos precios de los bienes importados legalmente al mercado interno, en mucho debido a diferentes impuestos a los que se les somete; esto es, al montón de impuestos que suele ponerse a ciertos bienes, incluso alguno, tal vez, por consideraciones de una moral peculiar, como a los licores y cigarrillos, que cierta gente considera como vicios que deben gravarse. Pero, también, lo define el hecho de que la actividad del comercio ilegal está sujeta a los mismos principios de cualquier actividad económica, cual es que los beneficios, a lo largo del tiempo, compensen a los costos incurridos en esa actividad.

Lo expuesto es el mismo principio que explica el enorme negocio internacional de las drogas, en donde el diferencial de precios entre el precio de venta en el mercado final y el costo en el país de producción, así como el coto del transporte y otros gastos, son tan elevados, que incluso compensan el altísimo costo de la posible detección y penalización del delito en toda su cadena desde la producción hasta el consumo. 

Si los impuestos internos son altos, dando lugar a un precio doméstico legal muy elevado, la actividad del contrabando es muy rentable, dados no sólo los menores costos del país en donde se producen, su traslado hacia Costa Rica y tomando en cuenta las posibilidades (costos) de detención y penalización del contrabando. A veces se cree que, si se introduce mayor vigilancia en fronteras y en ciertos sectores específicos, se detendrá el contrabando, pero, el costo fiscal de desempeñar toda esa actividad de control del comercio ilegal no es sólo fiscalmente muy alto (pagado por todos los ciudadanos), sino que, también, la rentabilidad del negocio ilegal es tan elevada como para poder sobornar con facilidad a aquellos encargados, de una u otra manera, de controlarla; para que, más bien, se hagan cómplices del negociado.

Se estima, a partir del estudio citado, que, para el 2018, “el 23.5% del consumo de los hogares en cigarrillos, en Costa Rica, procede de transacciones fuera de ley (esto es, contrabandeados). Además, un 15% del consumo de los hogares en bebidas alcohólicas es del comercio ilícito.” El resto de los principales bienes importados ilegalmente son: partes para carros (10.2% del consumo doméstico), electrodomésticos (con un 9.1%), prendas de vestir (8%), medicinas (7.9%), calzado (7.3%), diésel (6.9%), jabones y perfumes (6.3%) y aguacates (4.1%), según dicho estudio.

Ah, pero este problema del exceso de impuestos internos a ciertos productos que estimula el contrabando, no parece impactar a ciertas autoridades, como unas de la Caja, quienes, en busca de recursos para aliviar la situación difícil del régimen de pensiones del IVM, proponen aumentar los impuestos al juego -que no se contrabandea- y también a los licores y cigarrillos, que mucho se contrabandean. 

De aprobarse esa insensata proposición, se estimulará aún más el contrabando y, muy posiblemente, el estado costarricense obtendrá pocos fondos adicionales. Suena feo decirlo, pero, ante el abuso con los impuestos del estado, los consumidores ¡debemos alegrarnos por el contrabando!, pues alivia las penurias impuestas por los altos gravámenes. Tal vez los burócratas piensen un poquito y, más bien, propongan reducir esos impuestos a los licores y cigarrillos, para así desalentar el contrabando y, al consumirse la producción legal doméstica, el fisco obtendría mayores recursos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: problemas con los préstamos de CONAPE

La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) es la institución gubernamental dirigida a financiar esencialmente a estudiantes universitarios (así como del INA), mediante préstamos con intereses relativamente subsidiados (creo que, a la fecha, es del 6% anual.) El estudiante empieza a pagar el préstamo recibido después de concluir sus estudios.
 

Sin embargo, como se presenta en el artículo de La Nación del 3 de setiembre, “Cierre de crédito en CONAPE afectó a 1.000 universitarios,” se han presentado situaciones que no sólo han afectado los montos financiados, sino que, también, podrían dar lugar a problemas de recuperación de los préstamos, lo que brindaría, tal vez, una oportunidad interesante de mejorar este sistema de becas.
 

A principios de este año, la entidad anunció que reduciría el financiamiento para una serie de carreras universitarias las que, supuestamente, se consideraba que tenían poca demanda laboral, además debido a restricciones presupuestarias en este año 2019. En el caso concreto, “la administración de CONAPE decidió no financiar más un total de 36 carreras, incluidas Nutrición, Medicina, Mercadeo, Periodismo, Turismo, Farmacia, Antropología y Educación, entre otras.” Obviamente, es de asumir que las autoridades educativas pueden predecir que hay “menos futuro económico” en esas carreras, que en otras que están dispuestas a financiar, lo que plantea el problema lógico de si es deseable que el gobierno, por medio de CONAPE, pueda predecir con exactitud que eso será así, además de que limita la elección, por vocación o placer, de los estudiantes acerca de qué carrera universitaria seguir.
 

Tal restricción es entendible en la forma en que actualmente se recuperan los préstamos una vez que el estudiante empieza a trabajar al terminar sus estudios, de forma que así el prestatario limita el riesgo, en algún grado, de recuperar préstamos otorgados a esas carreras menos “rentables”. Pero, a uno le queda la inquietud de si deberían establecerse mecanismos contractuales entre estudiantes deudores y CONAPE, para estimular que laboren mediante ciertas formas de contrato de pasantía, por un cierto número de horas, que estimularía a que el estudiante buscara asociar su carrera con los ingresos futuros esperados para pagar sus obligaciones.
 

Tal vez podría servir como base de ideas, el artículo del economista Josh Reini, “Los ACIs: la solución de Friedman a la crisis de los préstamos a estudiantes,” cuya traducción al español puede encontrarse en mi muro en Facebook (jorge corrales quesada o Jcorralesq Libertad), en donde lo publicaré mañana miércoles 1 de octubre, lo que permitirá que haya un mayor conocimiento respecto al tema. [Ver https://fee.org/articles/isas-the-friedman-solution-to-the-student-loan-crisis/, si bien en idioma inglés y referido a la crisis en los préstamos universitarios en los Estados Unidos.] Las ideas del artículo podrían ser útiles al país, incluso por el hecho de que hoy son similarmente aplicadas en Australia, mediante un programa estatal de becas universitarias, ligadas al impuesto sobre la renta futura del beneficiario del préstamo.
 

Volviendo a la situación actual del FONABE, el saldo de préstamos, a junio del 2019 y en comparación con un año atrás, aumentó sólo un 3.3%, lo que contrasta con “el crecimiento promedio anual del 17.7%, reportado entre el 2016 y el 2017.” Asimismo, la cantidad de créditos cayó en 1.642 préstamos, mientras que “en los tres años previos creció en 500 o más.”
 

Es igualmente preocupante que la parte de créditos que está en mora para la recuperación de CONAPE, “pasó de 12.9% a 14.8% de julio del 2018 a julio del 2019.” Por mora se entiende a los atrasos en los pagos de más de 90 días hasta aquellos que ya están en cobro judicial.
 

Además, se restringieron los fondos prestables “de ¢37.000 millones a ¢19.000 millones,” en parte por una caída del 38% (¢12.726 millones) del aporte obligatorio a CONAPE de los bancos comerciales, cuyas utilidades descendieron este año.
 

Tal vez es la hora de que el estudiante pueda financiarse en sus gastos de matrícula, colegiatura y de gastos para vivir, participando en contratos de pasantía por el cual pueden trabajar cierto número relativamente bajo de horas a la semana, en actividades remuneradas y que servirían para mejorar las posibilidades del estudiante para encontrar empleos mejor pagados, una vez graduados. Contractualmente el riesgo se asumiría conjuntamente por las entidades que hacen el préstamo, ojalá entidades privadas, así como por el estudiante, lo que mejoraría el mercado de crédito estudiantil.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: premiando el ocio

Leí con interés la información de La Nación del 22 de agosto, titulada “Investigación revela alarmantes resultados en educación pública de Costa Rica,” y, conforme pasaba las líneas, más me angustiaba el rumbo que ha tomado este país en cuanto a la calidad de su educación, desazón que ha aumentado al ver que los sindicatos de ANDE y APSE, una vez más, acuden a dejar a sus estudiantes sumidos en la ignorancia, al no enseñarles lo mínimo debido, por estar en huelgas casi constantes.

El problema es que la educación pública del país está en plena declinación, según lo señala el VII Informe Estado de la Educación publicado el 21 de este mes. Según el medio, la educación pública nuestra se caracteriza, entre otras cosas, porque hay “programas de estudios que los docentes se resisten a aplicar, una gran mayoría de escuelas… no imparten (sic) el currículum completo de materias, graves deficiencias en Español y Matemáticas.” Indica que “los resultados en general son desalentadores y no responden a la billonaria inversión que el país hace en esta materia” y que “el único factor que resulta satisfactorio es la cobertura en la preescolar, con el problema de que no está acompañado de una mejor calidad.” El presupuesto del MEP se ha cuadruplicado en los últimos 12 años, pasando de ¢679.659 millones en el 2007 a ¢2.600 millones en el 2019.

Veamos algunos datos: 

En educación preescolar (niños de 4 a 5 años), se mejoró su cobertura al llegar a un 80% mientras que en la década previa era de un 60%. Pero, el informe señala que “Los estudiantes de preescolar… registran bajos niveles en sus habilidades lectoras al iniciar el año, (lo) que se mantiene… al finalizar el curso lectivo.” En dos palabras: no progresaron en su aprendizaje.
 

Hay un desprecio hacia la educación preescolar, pues, a partir de información recabada de profesores universitarios al respecto, “el 49% de (los) docentes (de preescolar) que enseñan tienen (sic) 50 años, en promedio; no tienen contacto diario con las aulas de preescolar debido a que dejaron de impartir lecciones y tienen un puesto en propiedad; el 51% restante tiene 43 años en promedio, son interinos y sí laboran con niños.” En ambos grupos “se encontró poca actualización y participación en las tareas académicas” y son “poco propensos a la investigación y al desarrollo de capacidades innovadoras.”
 

En educción primaria, “93.4% del total de alumnos asisten (sic) a instituciones que no imparten” el currículum completo definido por el Consejo Superior de Educación en 1977. Así, los estudiantes se ver perjudicados al no recibir todas las materias, como también porque “los cambios en los programas de las que sí reciben no se implementan en la clase.” El 45% de 364 maestros que fueron entrevistados no aplica el programa de Español cuya reforma viene desde el 2014, “para incorporar principios que logran un mejor desempeño, basado en descubrimiento de la neurociencia,” y se considera que ese programa es “poco relevante” para enseñar el idioma español. Un “85% no permite interrupciones cuando se lee en voz alta y el 66% no comenta experiencias personales en la lectura.” Según el informe citado, esas acciones “no permiten la lectura dialogada, estrategia… para promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas, aclarar conceptos, ampliar conocimiento y enriquecer el vocabulario.”
 

Como se llegó a saber del VII Informe de Estado de la Educación “Al 74% de maestros no les gusta leer,” pues, a partir de “una consulta realizada a maestros de primaria, encargados de enseñar a leer y escribir…”, un “74% manifestó que concibe la lectura como un ejercicio obligatorio, ajeno al gusto y el placer propios de esa experiencia.” ¡Por Dios, no diré nada y sólo recordaré con devoción a mis maestros de primaria -además del esfuerzo de mis padres en su hogar- para enseñarme a leer, con su ejemplo y amor hacia la lectura!
 

En educación secundaria, si bien creció en la cantidad de alumnos (42.383 entre el 2011 y el 2018), ese aumento se dio porque ofertas educativas de menor calidad que la tradicional (como el CINDEA), atraen a los alumnos.
 

“En el 2018, sólo el 75% de los alumnos de tercer ciclo (sétimo, octavo y noveno año) y el 48% de educación diversificada (cuarto y quinto año) está en las aulas en el rango de edad oficial del MEP;” o sea, se está envejeciendo la población de secundaria.
 

El medio indica que un estimado de 53.000 adolescentes, entre 12 y 16 años, está fuera del sistema educativo.
 

En las universidades públicas, el informe encontró que “el porcentaje de personas entre 25 y 34 años que debería contar con educación superior está igual que en 2009 (28%) y, a partir de 2014, viene en caída el número de títulos entregados por año.” Esto ha significado un aumento en la brecha con respecto a los países de OCDE, pues era de 6% a fines de los años noventa y en el 2017 ya es de 16.5%.
 

Es importante destacar que, apenas un 37% de la oferta total de carreras en las universidades, está en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
 

Ante esta situación tan lamentable de nuestra educación, la tristeza o angustia aumenta, al darse cuenta uno del grado de irresponsabilidad de los líderes sindicales del magisterio, quienes, un día sí y el otro también, encuentran razones para lanzarse a huelgas que, entre las cosas que logra, está estimular la ignorancia y el desconocimiento entre estudiantes, quienes tan sólo pasan a ser actor secundario del proceso educativo, primando la conservación de privilegios, más que otra cosa, entre la dirigencia sindical.
 

Pero, ¿cómo la ciudadanía no se va a molestar, con justa razón, cuando en un año, el sindicato de profesores de secundaria APSE ha estado en huelga 107 días y, por su parte, el sindicato de maestros, ANDE, ha pasado 94 días en huelga? Muy cerca de la mitad de lo que efectivamente dura nuestro curso lectivo.
 

Claro, el incentivo obvio es que el costo de irse a una huelga es inexistente -y, tal vez, hasta placentero- para los huelguistas. Sencillamente, con el dinero de los ciudadanos contribuyentes se les paga el mismo salario (con todo y pluses), ya sea que trabajen o no. El estímulo hacia la irresponsabilidad es obvio y, si no se frena este abuso, simplemente seguirán las huelgas, sin importar, como es en el caso aquí descrito, que nuestra educación pública vaya en picada. 

Afortunadamente, decisiones recientes del Congreso parecen haber puesto un alto a este abuso, por lo que esperamos con ansia que esa mayor dedicación que ahora deberá tener el gremio magisterial, se traduzca en una mejora de la educación pública del país. Después de todo, la educación es esencial -no un servicio estratégico, como eufemísticamente se le ha considerado- para que el país tenga un futuro mejor del país y por ello es indispensable que se haga el mejor uso posible de los recursos escasos, lo que incluye la eliminación del desperdicio ante huelgas innecesarias.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un privilegio más

No tenía ni idea de que en la Caja existía un régimen especial de pensiones para sus empleados, adicional al IVM del que formamos parte una mayoría de la población pensionada o que tiene derecho a una pensión futura bajo ese sistema.

Tenía la impresión de que ese régimen adicional (especial) de pensiones existía en instituciones como el ICE o el Banco Nacional (estoy muy seguro de este último), pero, un día de estos, el 12 de agosto, apareció en La Nación la información de que “Pensiones de empleados de CCSS con ‘enorme hueco.’” 
 

Antes de comentar sobre dicho hueco, me permito decirles que nada malo hay que en una entidad de gobierno o privada exista un régimen especial, propio, de los trabajadores de esos entes, siempre y cuando el financiamiento para recibir ese complemento al régimen obligatorio de pensiones -como el tradicional IVM de la Caja- provenga exclusivamente de los beneficiaros de tal régimen. Eso excluye aportes del patrono por ser moralmente incorrectos, pues los presupuestos de la parte patronal, al menos en el caso de los entes públicos, son financiados por impuestos a toda o gran parte de la ciudadanía, la que, por definición, no es beneficiaria de ese régimen especial.
 

Tampoco es correcto decir que ese sistema particular, especial, obtiene financiamiento por parte del estado, pues los fondos que el estado usa para dicho aporte, no son nada más que impuestos a los costarricenses (o por un endeudamiento estatal que será pagado por todos los contribuyentes, o por una inflación que bien sabemos afecta negativamente a las personas).
 

Si se desea tener un régimen especial para el retiro, que sean sus beneficiaros quienes pongan los recursos de sus propios bolsillos, no del resto de ciudadanos pagadores de impuestos.
Dicho esto, veamos ahora en qué consiste, al menos en parte, el problema del régimen especial de los empleados de la Caja y mencionaré si algunas de las soluciones propuestas para resolver el problema, son apropiadas o no.
 

Este régimen especial de la Caja hoy se financia tanto por los trabajadores, como por el patrono (la Caja), lo que significa que es con recursos aportados por los ciudadanos como, también, en última instancia, se financian esas pensiones especiales. Para todos los efectos, hay un traslado claro de recursos desde todos los individuos que pagan impuestos al estado, para que este intermedie dichos fondos en beneficio de unos pocos ciudadanos que laboran en aquella entidad.
 

Señala el medio que un informe elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, de junio de este año, titulado “Valuación Actuarial del Fondo de Retiro de los Empleados de la CCSS (FRE),” indica que hay un déficit en dicho sistema que “se ubica en un rango de entre ¢760.000 millones y ¢1.2 billones,” lo que no permitirá financiar “al 85% de las promesas hasta ahora devengadas.”
 

Los problemas se detectaron desde el 2018, cuando ese fondo especial de los empleados empezó a usar “los intereses de las inversiones para pagar jubilaciones.” Según ese informe, para el 2021 “el sistema comenzará a comerse su reserva” y para el 2030 esa reserva “se agotará.”
 

El informe citado indica que debe elevarse “el aporte patronal al régimen, desde el actual 2% del costo de la planilla de la Caja, hasta un 3%,” si bien, con este aumento propuesto el fondo seguiría desequilibrado, pues “el equilibrio real se lograría con una contribución del 7.18% sobre el salario de cada trabajador.”
 

Esa propuesta muestra la naturaleza viciada de la propuesta para ese sistema de financiamiento especial de la Caja: que el faltante lo pague el patrón en un 3%; esto es, nosotros, por medio de la Caja, y no, como debería ser, por los beneficiarios del sistema: los propios trabajadores de esa entidad.
 

Asimismo, el informe interno citado propone modificar el monto de la pensión, que iría del equivalente porcentual de entre el 5 y el 15% del salario promedio de los últimos 24 salarios, a ser igual al del IVM de la Caja (que cobija a la mayoría de los mortales de este país), en donde la base aplicable es el promedio de los últimos 240 sueldos.
 

Y ni siquiera todo eso será suficiente, pues, aunque con esas medidas las reservas existirían hasta el 2057, se mantendría “un déficit actuarial de ¢640.000 millones.”

Es de destacar que el informe interno señala que el Fondo Especial de Retiro (FRE) NO TIENE SOLVENCIA ACTUARIAL, advirtiendo el medio y este servidor, que él énfasis se presenta en el informe original citado.
 

Entre el 2009 y el 2018, la tasa anual promedio de crecimiento de pensionados en este régimen especial fue de 6.6%. El beneficio promedio mensual otorgado por ese régimen especial pasó de ¢54.299 en el 2009, a ¢122.196 en el 2018. De las pensiones otorgadas hasta el último año citado, un 7.26% de las pensiones recibía el máximo vigente mensual de ¢324.120 bajo ese régimen especial. Según el medio, estos últimos trabajaron en la Caja “durante 35 años o más y el monto otorgado como pensión representa el 15% del salario de referencia.”
 

¡Qué tristeza da leer todas estas cosas! Y, si se llegan a aprobar las propuestas para llenar el hueco con nuestros aportes, ¡que Dios nos agarre confesados! No creo que harán una nueva huelga para que sigamos los contribuyentes pagando por este privilegio de una pensión especial, en donde los beneficiarios no aportaron lo suficiente como para recibirla en esos montos. Pero, por lo que se ha visto, no sería nada de extrañar.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reconózcanlo, estamos por encima de ustedes

Tal vez nunca antes me ha dolido tanto escribir un título como este. Sucede al ver la decisión de los magistrados del Poder Judicial en torno a la incluso poca disminución de privilegios o pluses de los empleados públicos, contenida en la ley aprobada en diciembre del año pasado. En ella, a toda la ciudadanía se nos impuso un aumento en impuestos, además de otros nuevos. Pero, ante esa injusticia de impuestos para unos y privilegios para otros, conservo la esperanza de que, de alguna forma, los pueblos terminarán recibiendo la justicia que se merecen. Después de todo, los jueces o magistrados son tan humanos como todos nosotros, y, por tanto, se equivocan. Pero lo lamentable es que, con la conducta que exhibida en este caso, lo que nos dicen es que gozan de autonomías especiales no disponibles para el resto de los siervos de esta sociedad: sólo para ellos y, posiblemente, para otros grupos pequeños privilegiados.

 
El verdadero poder yace en el pueblo, en los ciudadanos y, de alguna forma, haremos que esos empleados públicos, llamados magistrados, sean tratados al igual que todos los demás empleados públicos. Sin privilegios salariales, más allá de los derivados de sus habilidades que pueden ser apreciadas por los mercados, tanto como otras de diversos funcionarios públicos, pero no mediante fueros especiales. Sus salarios, sus prebendas, sus privilegios, sus edificaciones, todo su alrededor público, provienen de la ciudadanía y, por ello, no es concebible que se sientan superiores a los demás ciudadanos, al excluirse, por sí mismos, de medidas destinadas a ordenar las finanzas públicas aplicadas generalmente por ley. 

Bajo una falsa pretensión de autonomía y una división de poderes, asumen que ellos pueden gastar todo lo que les puede venir en gana, eso sí con dineros aportados por la ciudadanía, pretendiendo que cualquier decisión de financiamiento es de su propiedad decidirlo, sin que se les pueda frenar de forma alguna por los contribuyentes que pagan la fiesta, pues no hay más poder en la tierra, tal vez excepto Dios, que pueda formalmente limitarlos en sus privilegios. Autonomía es autonomía para lo que a ellos les parezca.

Nos hablan siempre de igualdad ante la ley, pero la ley la acomodan para recibir un trato que no es igual para todos los funcionarios públicos o a los ciudadanos. Así, hay unos más iguales que otros.

Fue por mayoría de votos de los magistrados de la Corte Plena (14 votos a favor, 7 abstenciones y no señala la información de La Nación del 19 de agosto, “Poder Judicial se eximió de las medidas de ahorro de la ley fiscal,” si alguno votó negativamente), que decidieron, en sesión del 18 de marzo, su excepción ante medidas fiscales adoptadas en diciembre pasado por el Poder Legislativo, para paliar la grave situación fiscal en que nos encontrábamos, nos encontramos y, en parte, al ver cosas como estas, seguiremos encontrándonos. Siempre para desgracia de los ciudadanos menos poderosos.

A los más de 14.000 empleados judiciales no se les aplicará, así se decidió por la Corte Suprema, una serie de medidas aplicables sobre los pluses en el sector público. Veamos en qué casos su tratamiento sigue siendo preferencial para “los de adentro”:

1. Anualidades. Con la reforma fiscal, como medida para evitar el enorme crecimiento de esta partida, ese plus se sustituye por un monto fijo y no variable o porcentual, como era antes. Con la reforma, la nueva base es un monto fijo, equivalente al 1.94% del salario base en enero del 2018 para profesionales y de un 2.54% para los no profesionales. La Corte decidió que a sus empleados se les seguiría pagando porcentualmente, igual que antes de la reforma.

2. Dedicación exclusiva. El Poder Judicial conservará lo que estaba previamente para los empleados ya existentes: 65% para licenciados y 20% para bachilleres con contratos antiguos de dedicación; 25% para licenciados y 10% para bachilleres con nuevos contratos, y, para los nuevos, la dedicación exclusiva para licenciados no será superior al 25% del salario base y el 10% para bachilleres. La Corte sí aplicará el máximo del 25% del salario base para licenciados y del 10% para bachilleres, pero sólo para los nuevos.

3. Incentivos como porcentaje del salario. Además de las anualidades, la reforma señaló que se pagarían como una suma fija anual, en vez de porcentual. El Poder Judicial decidió que los antiguos empleados lo seguirán recibiendo como porcentaje, y que los nuevos lo harán con un monto nominal. Entre esos pluses pagados como porcentaje, el medio cita a los siguientes: “entre un 11% y un 22.37% del salario para el plus llamado índice de competitividad salarial.” De ellos, los jueces y los miembros del Consejo Superior reciben los porcentajes mayores (hasta un 22.37%) y los magistrados un 22.75%. También, se paga un plus que oscila entre un 10% y un 30% llamado “reconocimiento por el ejercicio de la función judicial”, sólo por ser empleados judiciales. Asimismo, jueces y defensores públicos en puestos de coordinadores reciben uno que oscila entre 5% y 10% del salario base.

4. Cesantía. La reforma fiscal señala que será de 8 años, con un máximo del 12% si media convención colectiva o algo similar. El Poder Judicial seguirá pagando a los empleados viejos el 12% y un 8% a los nuevos, sin mediar convención colectiva.

Uno se desilusiona, tal vez porque antes vio como ejemplar el comportamiento de los jueces superiores (confirmado anteriormente por magistrados ejemplares). Pero esa desobediencia, legislación en beneficio propio, conservación de privilegios, una pretendida falsa idea de autonomía, como una independencia total para hacer lo que les da la gana, logran, ante todo, que los jueces, cuya misión es ser justos, no lo demuestren cuando tratan de mantener privilegios propios injustos. Esa pérdida en el respeto social hacia los magistrados no sé adónde nos llevará, pero los pueblos terminan reaccionando ante la injusticia, y más cuando, por naturaleza, quienes deben ser justos, no lo son.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reserva de JAPDEVA se usó para otra cosa y ahora tendremos que asumirla

Una vez más se evidencia la irresponsabilidad de JAPDEVA. Resulta que compró unas grúas y otros equipos en alrededor de $16 millones, que hoy actualmente se usan muy poco. Lo increíble es que, al menos los fondos para las grúas, que costaron ¢15.000 millones, provinieron de una reserva que la institución había hecho para pagar las prestaciones de sus trabajadores, ante la eventual fuerte reducción de operaciones que habría cuando empezara a funcionar APM Terminals. 

Según lo indicó la anterior presidente ejecutiva de esa entidad, Ann McKinley, hubo tres razones para cambiar el giro al que estaban destinados aquellos fondos. Uno, que se debería “aumentar el perfil competitivo en un marco complementario” con la Terminal de Contenedores de Moín; segundo, que las proyecciones financieras de JAPDEVA no “incluían una disminución extrema del volumen de la carga,” y tercero, “porque todo el personal era necesario para las actividades en desarrollo.” Esto lo consigna el artículo de La Nación del 24 de julio, “Exjerarca de JAPDEVA justifica compra de grúas subutilizadas.” La decisión se dio porque “las instrucciones eran cumplir con las metas programadas,” supuestamente del presidente de aquel entonces, Luis Guillermo Solís.

Mientras que, en cierto momento de la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la señora Ann McKinley, según indica el medio, dijo, “primero, que los fondos no se guardaron para liquidar a los empleados” pues no se previa una caída tan fuerte al entrar en operación el nuevo puerto, pero, luego, dijo que faltaron estudios que previeran ese impacto: “Sí, se hizo un estudio. En un primer momento la proyección era de 60% (de pérdida de carga); en un segundo momento, la estimación paso a 70% en 2017.” Entonces, sí se sabía de esa caída y aun así compraron grúas, asumiendo que siempre tendrían un alto volumen de carga en contenedores. 

Pero, hay más. Según declaraciones de la nueva presidenta ejecutiva de JAPDEVA, señora Andrea Centeno, esas grúas que se compraron “son especializadas para contenedores” y precisamente lo que haría APM Terminals, a partir del 2018, cuando obtuvo la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), era movilizar contendedores.  JAPDEVA sabía eso desde el 2012, al darse la concesión a APM del nuevo muelle y aun así se compraron esas grúas en octubre del 2015, por decisión de su Junta Directiva. La información está en La Nación del 10 de agosto, bajo el titular “JAPDEVA compró grúas para contenedores a sabiendas que las usaría muy poco.”
 

Además, a pesar de que desde el 2012 se le había indicado a JAPDEVA que debería reducir el tamaño de su personal, no lo hizo y la reserva para prestaciones establecida anteriormente en la administración Chinchilla (antes del 2014), se desvió hacia la adquisición de esas grúas. Esas grúas llegaron al país en agosto del 2017, pero no funcionaron eficientemente debido a fallas eléctricas, entrando en operación (en realidad, a medio operar, pues no había suficiente carga por contenedores para procesar) sino hasta febrero del 2018.
 

Ahora bien, ante la falta de plata para pagar sus prestaciones, JAPDEVA le pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de un presupuesto extraordinario para cubrir la planilla de 1.180 plazas. Aparentemente pronto se aprobará el proyecto, por el que “el dinero se empleará en financiar la liquidación de hasta el 80% del personal de JAPDEVA, mediante el pago de las prestaciones sociales” y, vean el obsequio de fondos públicos, con “bonos extra por cese y un subsidio para los que estén prontos a jubilarse.” Eso sí, se consideró que el monto presupuestado no será sino un préstamo, que JAPDEVA deberá devolver y que no sobrepasará de ¢10.000 millones.
 

Me atrevo a pensar que JAPDEVA nunca podrá devolver esa plata de los costarricenses. Cuando venza el plazo del préstamo, ni siquiera se acordarán de por qué era que se debía. O sea, salada la generación de contribuyentes de ese momento futuro, pues pasarán por pérdidas ese préstamo y tendrán que hacerle frente al vencer sin recuperación. Tal vez si vendieran los activos que le quedan a JAPDEVA a la empresa privada, para que esta lleve a cabo proyectos rentables con ellos (pues si no rápidamente quiebran), se podrá recuperar algo de ese bejuco a los contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: fue sin querer queriendo

Cuando leo artículo como el de La Nación del 18 de julio, bajo el titular “Error permitió avalar privilegios salariales derogados por la reforma fiscal,” no puedo impedir que llegue a mi mente aquella famosa frase del Chapulín Colorado. Simplemente es imposible pensar que se trató de un error de burócratas, quienes por años se han dedicado a revisar el contenido y procedimientos de las convenciones colectivas dentro del estado. Si hay quienes deberían conocer las limitaciones impuestas a aspectos propios de las convenciones colectivas, son precisamente los empleados del Departamento de Relaciones Laborales del ministerio de Trabajo, quienes parece que eligieron el camino de “hacerse los majes” ante lo que estaba frente a sus ojos: ajustes recientes a las reformas colectivas de cuatro importantes municipalidades del país.

Esas municipales, cuyos trabajadores se beneficiaron con la omisión ministerial, son la de La Unión (Cartago) -Tres Ríos para el vulgo- la de San Ramón (Alajuela), la de Desamparados y Pérez Zeledón (ambas de San José).
 

Veamos con más detalle las omisiones del ministerio de Trabajo en esas cuatro municipalidades:
 

1. Municipalidad de la Unión: Se avaló el pago de cesantía por 20 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, por la simple renuncia. En contraste, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de cesantía de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

2. Municipalidad de San Ramón: Se aprobó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Por el contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.

Asimismo, se aprobó que en la convención colectiva de esa municipalidad el pago salarial fuera bisemanal, mientras que la reforma en mención determinó que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

3. Municipalidad de Pérez Zeledón: Se autorizó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Al contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual que escila entre un 1.94% a profesionales y de un 2.54% a los no profesionales.
 

Igualmente, ese aceptó en su convención colectiva un pago de cesantía que oscila entre 8 y 20 años, según la antigüedad, y se da por despido o jubilación, así como ante la renuncia. En contraste, la reforma fiscal citada señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

4. Municipalidad de Desamparados: Se avaló el pago de cesantía hasta por 16 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, con la simple renuncia. A diferencia, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

También, en la convención colectiva aprobada por el ministerio de Trabajo se permitió que el pago salarial fuera bisemanal, en tanto que la reforma citada señaló que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

Igualmente, en cuanto a las anualidades, se accedió a que fueran el 2% del salario base, mientras que la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.
 

El ministerio Trabajo, por medio de su viceministro, Ricardo Marín, señaló al medio que necesitaba “llegar a esa verdad real de los hechos… necesitamos entablar esas responsabilidades (de los funcionarios del departamento de Relaciones Laborales al mando de Ronald Salazar)… y si hubo error, entablar las responsabilidades.” Estamos avisados de la intención de ese superior en el ministerio de Trabajo. No pensemos que posiblemente no se va a hacer nada y que todo terminará en una palmadita en el dorso de las manos de los responsables. Pero, si en verdad se da algo al respecto, lo que esperamos es que no sea hasta la próxima administración, pues el caso violatorio de la normativa parece ser evidente.
 

Ahora un camino radica en la derogatoria de esos privilegios citados, para lo cual será necesario acudir a los juzgados de Trabajo o a la Sala Constitucional, lo que augura un largo, pero muy largo, trecho y, de ser aceptado, ya no aparecerán quienes deberán devolver los fondos públicos recibidos de más.
 

Alternativamente, se podría renegociar la convención correspondiente, pero eso, ¡vean qué conveniente!, “requiere del acuerdo de ambas partes” y “las convenciones colectivas aprobadas tienen vigencia de tres años.” Nadie se la traga de que van a ir corriendo a renegociar esas convenciones, sino hasta después de esos tres años, cuando tal vez el tema se ha olvidado o ha prescrito.
 

Mientras que todo esto pasa, los ciudadanos contribuyentes de esos cantones pagarán esos privilegios. Ah, de paso, esas convenciones fueron firmadas, además de los dirigentes de los sindicatos, por los alcaldes correspondientes: 3 de ellos son de Liberación y uno del PUSC. No, si cuando se trata de repartir la plata de los ciudadanos, no importa el color político: son zorros del mismo pelaje.

Jorge Corrales Quesada

Lo s incentivos tienen efectos

Como noticia, el fenómeno que señala La Nación en su comentario del 8 de julio, “¢55.000 millones en ayuda social van a personas sin necesidades,” no es algo nuevo. Lo que sí es noticia es que, a pesar de esfuerzos reales o sólo simbólicos para poner orden en esa situación, las cosas no han variado mucho.
 

Ya en el 2015, el Estado de la Nación había informado de “personas de clase media y clase alta que recibían ayuda social”, así como también eran conocidos casos de gente que recibió bonos de vivienda sin cumplir con los requisitos o que una vez obtenidas los dueños las han alquilado y se han ido a vivir a otras. Tampoco han faltado cuchicheos acerca de gente que recibe tres o cuatro ayudas de diferentes entes estatales, para superar supuestas condiciones de pobreza. Pero, ahora con este informa que de nuevo hace el Estado de la Nación, basado en estadísticas del INEC conocidas como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el lapso 2016-2018, se valora, con datos, la magnitud -en lo posible- de fondos de programas de bienestar que van a dar a personas que bien se pueden mantener por sí mismas.
 

Incluso quien fuera ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, tomó medidas ante el primer informe citado del Estado de la Nación, lo que, según La Nación, logró disminuir el porcentaje de filtraciones (eufemismo empleado para señalar a personas que, sin tener los requisitos usuales de pobreza, reciben fondos de beneficencia estatal, que, vale la pena recalcar, no son sino fondos aportados por los ciudadanos contribuyentes) “de 29.6% a 22.3% entre el 2014 y el 2015.” Pero, para los años siguientes, indica el medio, el porcentaje de filtraciones se mantiene prácticamente similar.” (Me trajo a la memoria una persona amiga que le dio el voto al gobierno actual, porque en campaña le dijeron que le darían “una casita”. Por supuesto que no le han cumplido, pero habría que ver si las promesas de campaña se han traducido en una realidad).
 

En este último informe del Estado de la Nación, se indica que, de los ¢55.000 millones, ¢30.000 van a dar a esos infiltrados o colados en el IMAS (que creo es el ente más grande de subsidios de ese tipo, como alimentos, vivienda y educación) y ¢25.000 millones del Régimen no Contributivo de la Caja, según señaló una persona que conoce mucho de estos asuntos, el economista don Juan Diego Trejos.
 

Todavía más es que un 18.4% de quienes reciben ayudas son familias que “no la necesitan, porque sus ingresos son mayores” que los requeridos para recibirla, así como que 34.000 hogares que las reciben no son pobres y 1.050 hogares tienen ingresos superiores al millón de colones al mes y que con todo y eso reciben esos aportes estatales. Este tipo de fenómeno de infiltración o “colazón” también se presenta en el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y los CEN-CINAI.  

A su vez, el informe indica que hay tanto como “270.000 hogares en condiciones de pobreza (que) no son atendidos por el IMAS.”

El estado, indica el medio, tiene un proceso de control llamado Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), que reune toda “la información socioeconómica del 80% de la población costarricense,” aunque el medio indica que “no hay garantía de que el SINIRUBE se ponga en práctica en todas las sedes que otorgan ayudas a los segmentos más vulnerables del país y esto facilita que las filtraciones persistan.”

Lamentablemente, la filtración sucede hasta en “las mejores familias.” Por ejemplo, existe en países muy desarrollados como los Estados Unidos, pero es de esperar que la ayuda estimule a que haya quienes la prefieren a la opción de trabajar (eso en el marco de un desempleo elevado) o bien trabajan subterráneamente y complementan sus ingresos familiares con esos programas asistenciales. Los incentivos conducen a que sea la búsqueda de subsidios, necesario o no según la situación de pobreza, en vez de procurarse recursos mediante el esfuerzo propio.
 

El artículo es omiso en cuanto al origen de esas familias que reciben ayuda social. No es con afán chauvinista, pero, bien podría ser que la facilidad con que se logra esa ayuda, su monto y su diversidad de razones para recibirla, se conviertan en factor que atrae personas de otras naciones, principalmente vecinas, dada su situación peor en sus naciones de origen.
 

No deja de ser importante recordar que toda esa ayuda proviene de los contribuyentes y que ese uso de fondos para esos fines deja al país sin posibilidad de dedicarlos a otras cosas que los ciudadanos podrían considerar como mejores, ya sea mediante la acción personal de cada uno o para la provisión de bienes públicos por el estado. De esto casi no se habla en el país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: algunas cosas acerca de las incapacidades laborales en el país

En cierta ocasión, un amigo me dijo que, si él se enfermaba grave, había pedido que no lo metieran al hospital, pues era allí en donde más gente se moría. En cierto grado tiene razón, aunque es posible que, si va al hospital, logre sobrevivir, no así si se queda en su casa. Lo es cierto que todo hospital es un lugar en donde llega todo tipo de enfermedades y con alta frecuencia, además de que es posible que sea un lugar con mayor posibilidad de contagiarse, comparado con ambientes externos (lo vemos al aparecer una infección bacteriana o viral en un hospital, cómo acuden a limpiarlo con rapidez para que otros pacientes no se infecten; ese contagio es casi que, naturalmente, menos posible en el exterior al hospital).
 

Así, tomo con un grano de sal el reciente informe de La Nación del 9 de julio del 2019, titulado “Empleados de CCSS se incapacitan 7 veces más que el promedio nacional,” pues, si bien debe estarse alerta acerca de posibles abusos con las incapacidades, no sorprende que, en la Caja, y particularmente entre los empleados de los hospitales, haya una tasa mayor de incapacidades.
No es extraño que, en números absolutos, la institución pública con más incapacidades sea la Caja, con 128.090 en el 2018. La siguen el MEP con 25.667, la Corte con 10.349, el ICE con 6.859 y el ministerio de Seguridad Pública (MSP) con 4.658 incapacidades, pues están entre los entes gubernamentales que más empleados tienen (56.735, 86.441, 12,792,12.985 y 16.531, respectivamente).
 

Es más interesante ver cuantas boletas de incapacidad por año por trabajador presentan esas instituciones. La Caja 2.26, el MEP 0.30, la Corte 0.81, el ICE 0.53 y el MSP con 0.28. Pero, aun así, uno esperaría que en la Caja hay mayor posibilidad de un porcentaje tan elevado de 2.26 por trabajador al año, mientras que el promedio del país es 0.3 veces al año (en el sector público de 0.65 por trabajador y en el sector privado de 0.2 veces).
 

El artículo citado presenta un cuadro que expone los porcentajes que, del total de incapacidades en el país, presentaron esas entidades de mi interés. En concreto, en el 2018, la Caja tuvo un 29.32% del total, mientras que en el MEP fue un 5.88%, en la Corte un 2.37%, en el ICE un 1.57% y en el MSP un 1.07%. Así, destaca claramente la Caja con el mayor promedio, en el 2018, de boletas de incapacidad anuales por trabajador, así como en términos del porcentaje que representan del total.

El análisis del medio de un posible abuso en las incapacidades, da la impresión de ser más agudo en la Caja, pero, debe tenerse presente lo indicado al principio de que los hospitales son centros de enfermedad y hay proclividad al contagio, así como, por su naturaleza, son obvio foco de transmisión de enfermedades contagiosas, además de tener exigencias laborales intensas de un servicio continuo las 24 horas y que la movilidad de ciertos enfermos exige mucha fuerza física del personal hospitalario. Ello puede explicar esa prevalecía de incapacidades. Incluso los hospitales tienen sistemas de vacaciones profilácticas para personal que labora en actividades muy propensas al contagio, como laboratorios y ciertas especialidades médicas, que incluye no sólo médicos, sino asistentes y personal especializado en manejar los desechos hospitalarios.
 

Pero, y no creo que el medio lo indica con intención malévola, señala que, en el caso de la Caja, de todas las incapacidades en el 2018, “la mayoría, 16.876 (13%) fueron por dolores de espalda (dorsopatías) y 16.045 (12%) por infecciones de las vías respiratorias...” Es razonable lo que indica Patricia Redondo, jefa del área de Salud Ocupacional de la Caja, al decir que “nos contagian con virus, bacterias, hongos; hay mayor tiempo de exposición,” y que, al enfermarse un empleado de la Caja, se “debe sacar” de los trabajos, “porque pueden enfermar a los pacientes,” al ser obvio que, si están en un hospital, es porque su salud es frágil y un contagio puede ser fatal. Dice el director de Bienestar Laboral de la Caja, el señor Luis Bolaños, que hay “ocupaciones muy distintas, la exposición a factores de riesgo es muy alta; hay riesgos biológicos, químicos, psicosociales, físicos, mecánicos y ergonómicos.” Me parecen muy razonables los motivos de una relativamente alta incidencia de incapacidades.
 

No obstante, creo que la institución debería ejercer mayor vigilancia en el manejo de la concesión de incapacidades, para que justificadamente se otorguen las debidas. Pero, es posible pensar que la proximidad laboral cotidiana y la facilidad en el acceso de los solicitantes a quienes aprueban las incapacidades, podría estar aumentando su número. De hecho, es eso no es de extrañar, pues llegan a nuestra memoria médicos que otorgaron incapacidades a personal del MEP que estaba en paro en una de las últimas huelgas, y que se supo que se habían ido de vacaciones fuera del país (nunca se supo si las tomaron internamente, pues no hay el control de los aeropuertos). 

Es natural que esa proximidad física aumente el número de incapacidades, pero si hay abuso, se afecta a los ciudadanos, que son quienes, en última instancia, financian los gastos de la Caja. Esta impresión puede también ser válida en los demás entes estatales que, en comparación con los trabajadores del sector privado, según una muestra de 200 instituciones estatales, resultó, en el 2018, con un promedio de incapacidades de 0.28 de boletas anuales por trabajador, y que el equivalente en el estado es de 0.65. Suele haber médicos que dan incapacidades en esas entidades públicas.

Independientemente de lo dicho, no sobra sugerir que las autoridades supervisen en cada entidad los procedimientos y manejo de las discapacidades, para eliminar cualquier abuso posible, debido al amiguismo lógico que suele darse. Si hay abusos son costos que se le cargan indebidamente a toda la ciudadanía contribuyente. Es legítimo que haya esa seguridad de la salud del trabajador, pero debe evitarse cualquier abuso.

Jorge Corrales Quesada