Desde que, a inicios del 2001, el Partido Acción Ciudadana (PAC) irrumpió en nuestra vida política, he seguido atentamente su evolución.
Años atrás, el deterioro del sistema bipartidista había comenzado a crear condiciones para el surgimiento de otra fuerza política, que catalizara parte del desencanto acumulado por un amplio sector de ciudadanos, e incorporara a quienes no se sentían representados por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Socialcristiana (PUSC).
En la campaña del 2001-2002 quedó claro que esa fuerza era el PAC. Así lo documentó, en diciembre del 2001, una encuesta de Unimer-Research Internacional paraLa Nación . A raíz de ese estudio, publiqué un artículo en estas mismas páginas, que Ottón Solís, su líder y candidato, calificó como el primer análisis periodístico serio sobre su partido.
En él dije, entre otras cosas, que “mientras más expectativas sume, más deberá demostrar el PAC que es un partido organizado y coherente”. Añadí que necesitaba, “además de un sólido liderazgo personal, una gran capacidad de negociación y concertación política”, y que estaba en la obligación de “desarrollar madurez prematura”.
Sin cambios. Han pasado casi seis años y el PAC sigue lejos de la madurez, sin asumir las responsabilidades del crecimiento. Está atado a una compleja personalidad adolescente, con brotes de confrontación, disconformidad y rechazo de las figuras paternas (en el caso de Solís, el PLN y Óscar Arias), y no parece aceptar que a esas posturas debe añadir mayor sentido de realidad, programas coherentes y capacidad de proposición y negociación.
Lo anterior no le conviene ni al país ni al PAC. Por ello, a raíz de dos recientes resoluciones clave de la Sala Constitucional, de nuevo insté al partido a repensar su actitud. El diputado Alberto Salom respondió, el 10 de agosto, de la manera directa y respetuosa que siempre debería tener el debate público, algo que celebro. Pero sus argumentos son parciales, y uno de ellos hasta falaz. Por esto, debo hacer algunas precisiones:
Mi punto de partida fue que si el “corazón” del rechazo del PAC al TLC había sido que el Tratado violaba nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de derecho, el que la Sala IV lo declarara constitucional derrumbaba ese andamiaje y, por tanto, implicaba un serio revés. A él se sumaba otro: el aval de la Sala al uso de la llamada “vía rápida” para agilizar la votación de proyectos legislativos, incluidos los tratados internacionales, porque esta decisión restaba legitimidad a su estrategia de obstaculizar la labor del Congreso sobre la llamada “agenda complementaria”.
Para no enturbiar más el clima político previo al referendo, con posterioridad a mi artículo el Ejecutivo decidió frenar esa agenda, lo cual, ciertamente, implica una victoria coyuntural para el PAC. Pero el costo será mayor lentitud legislativa.
Al responder, el diputado Salom desdeña mi instancia para que, tras las decisiones de la Sala, el partido haga una profunda reflexión.
Al contrario, y como presunta demostración de actitud constructiva y negociadora, menciona que el PAC ha votado favorablemente 70 iniciativas del Ejecutivo, y que ha presentado 12 proyectos de ley. Sin embargo, no dice en qué consisten esas iniciativas gubernamentales. Tampoco repara en que votar es una actitud pasiva, muy alejada de la negociación activa, ni en que presentar proyectos que no avanzan no es el mejor ejemplo político.
Denuncias y sospechas. Cuando, en mi artículo, hablé de su infundada “operación embarre” contra el canciller Bruno Stagno, coincidente con el establecimiento de relaciones con China, sólo quise poner de manifiesto que una cosa es ejercer un control político serio y otra fabricar sospechas. Preferí no ahondar en el caso. Pero como en su respuesta Salom se aleja de la verdad, debo dar más detalles.
Primero: no es cierto que el “casi” desmantelamiento de la Asociación para el Servicio Exterior se deba a las “denuncias” del diputado (como él dice), sino a revelaciones hechas mucho antes porLa Nación . Lo suyo, en el mejor de los casos, fue un refrito con nuevo adobo.
Segundo: cuando, en el diarioExtra (28 de junio), Salom afirmó tener “serios indicios” de que el canciller Stagno “habría traído” $400 millones de China, como presunta compensación por las relaciones, su único sustento eran las declaraciones del Gobierno de Taiwán. Por ende, se convirtió en su instrumento, aunque las intenciones fueran otras.
Tercero: en su respuesta, Salom afirma que el supuesto pago a cambio de relaciones fue “parcialmente aceptado” por el Canciller en una carta que este le remitió. Tengo copia de esa carta, fechada 11 de julio, y Stagno dice totalmente lo contrario: “Le reitero que la afirmación de que este servidor haya podido ingresar sumas millonarias de dinero, en efectivo o en cheque, en el viaje de regreso de la República Popular China es simplemente inadmisible, temeraria y contraria al sentido común” (énfasis añadido). O el diputado no leyó el párrafo, o faltó a la verdad.
Graves entretelones. En el trasfondo de este caso, además, hay una situación muy comprometedora, que revela cómo un descuidado control político puede derivar en mal praxis. Muchos de los papeles en que Salom ha basado sus sospechas en torno al Canciller no son resultado de “investigación” alguna; se los han proporcionado dos exfuncionarios de bajo rango de la Cancillería, a quienes, el 15 de octubre del 2004, la Comisión Calificadora del Servicio Exterior recomendó despedir sin responsabilidad patronal, tras un período de prueba.
Es decir, Salom se hizo eco tanto de las insinuaciones interesadas de Taiwán como de dos exfuncionarios molestos por su destitución. Además, en una carta dirigida el 30 de mayo del 2006 al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, usó su condición de diputado para pedir que el Gobierno aceptara un “arreglo extrajudicial” y reinstalara a sus dudosos informantes. Prefiero no juzgar las implicaciones de esta acción.
Como dije en mi anterior artículo, con este tipo de tácticas el diputado Salom está desperdiciando sus dotes intelectuales; y el PAC, su posibilidad de ser una real opción de Gobierno.
Si esta actitud no cambia, la promisoria fuerza que emergió en el 2001, lejos de jugar el importante papel que le corresponde en nuestra vida democrática, podría convertirse en otra causa de frustración ciudadana.
Por Eduardo Ulibarri
Tomado de la Nación
