Para este Viernes de Recomendación, presentamos este video de uno de los más grandes defensonres de la libertad Friedrich Hayek en su entrevista con John O´Sullivan. En esta entrevista Hayek habla del socialismo, los valores morales y política monetaria.
viernes, 22 de octubre de 2010
jueves, 21 de octubre de 2010
El Jumanji empresarial
Es un hecho lamentable pero común que, a la hora del análisis económico y político, los empresarios sean las piezas del rompecabezas que tienden siempre a perderse disimuladamente, pérdida que impide la apreciación del paisaje final, ya que las piezas aquí no encajan. Los factores, los medios de intercambio y la producción son, todos ellos, elementos fríos aunque fácilmente cuantificables, mientras que otros más humanos –el impulso, la intuición y la pasión por competir del empresario– no son medibles, convirtiéndose de esta manera en víctimas del menosprecio por parte de economistas y políticos.
Claro está que sin empresarios no existiría una economía que medir y, muy posiblemente, una sociedad que observar; y que entonces el Estado no contaría con una fuente de recursos basada en impuestos para alimentar su intervención (necesaria o no) en los mercados. A la vez, sin la disposición y el impulso del empresario, el capital financiero nunca se transformaría en medios de producción y el capital intelectual nunca se trasformaría en ideas o en bienes de consumo necesarios para el bienestar.
Si todo esto es evidente para un lego, ¿por qué no lo es para los políticos, economistas y burócratas que tratan hasta lo imposible de hacer de la aventura empresarial un juego de Jumanji?. La tarea de descubrir diferenciales en preferencias, precios y conocimientos ya es suficientemente difícil e intensa como para que el empresario tenga que enfrentarse a cargas impositivas altas, impuestos al tiempo bajo la forma de interminables trámites y hasta la propia coerción del improductivo aparato estatal.
Los intereses mutuos de una sociedad solo tienden a converger cuando la especialización, la producción y el intercambio decantan la figura de un empresario dispuesto a arriesgarlo todo en su afán de competir. Por dicha razón, el propósito del Estado no consiste en anular o inhibir el impulso empresarial sino, por el contrario, en estimularlo con el fin de generar el bienestar del conjunto de la sociedad, algo que se conoce igualmente con el nombre de “bien común”.
Andrés Pozuelo
Claro está que sin empresarios no existiría una economía que medir y, muy posiblemente, una sociedad que observar; y que entonces el Estado no contaría con una fuente de recursos basada en impuestos para alimentar su intervención (necesaria o no) en los mercados. A la vez, sin la disposición y el impulso del empresario, el capital financiero nunca se transformaría en medios de producción y el capital intelectual nunca se trasformaría en ideas o en bienes de consumo necesarios para el bienestar.
Si todo esto es evidente para un lego, ¿por qué no lo es para los políticos, economistas y burócratas que tratan hasta lo imposible de hacer de la aventura empresarial un juego de Jumanji?. La tarea de descubrir diferenciales en preferencias, precios y conocimientos ya es suficientemente difícil e intensa como para que el empresario tenga que enfrentarse a cargas impositivas altas, impuestos al tiempo bajo la forma de interminables trámites y hasta la propia coerción del improductivo aparato estatal.
Los intereses mutuos de una sociedad solo tienden a converger cuando la especialización, la producción y el intercambio decantan la figura de un empresario dispuesto a arriesgarlo todo en su afán de competir. Por dicha razón, el propósito del Estado no consiste en anular o inhibir el impulso empresarial sino, por el contrario, en estimularlo con el fin de generar el bienestar del conjunto de la sociedad, algo que se conoce igualmente con el nombre de “bien común”.
Andrés Pozuelo
miércoles, 20 de octubre de 2010
Nueva sección: Jumanji empresarial
A partir de mañana, en ASOJOD ofreceremos una nueva sección llamada "Jumanji empresarial", donde presentaremos un análisis de los problemas para hacer negocios en Costa Rica, desde la óptica de empresarios colaboradores nuestros.
La razón del nombre es que, en nuestro país, la realidad indica que los empresarios deben tirar los dados y atenerse a lo que salga, con completa incertidumbre, gracias a la ineficiencia y la intervención estatal que tantos costos y distorsionan provocan.
Esperamos que les guste.
La razón del nombre es que, en nuestro país, la realidad indica que los empresarios deben tirar los dados y atenerse a lo que salga, con completa incertidumbre, gracias a la ineficiencia y la intervención estatal que tantos costos y distorsionan provocan.
Esperamos que les guste.
Flash Legislativo
Este miércoles, los Diputados del Movimiento Libertario presentaron formalmente ante la Contraloría General de la República, una denuncia de nulidad absoluta de los contratos de arrendamiento de un lujoso edificio en Multipark para que se trasladen la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
La denuncia incluye la solicitud de una medida cautelar urgente, con la que se pretende la suspensión de la ejecución de ambos contratos, a efectos de evitar mayores lesiones al interés público. Además, el documento indica que se prescindió del mecanismo de licitación pública sin motivo justificado, violentándose la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Esperemos que la Contraloría investigue este tema a profundidad y sancione a los responsables. No puede aceptarse que una institución pública, sin razón alguna, deje sus instalaciones para pasarse a otras mucho más lujosas y traslade los costos a los tax payers.
La denuncia incluye la solicitud de una medida cautelar urgente, con la que se pretende la suspensión de la ejecución de ambos contratos, a efectos de evitar mayores lesiones al interés público. Además, el documento indica que se prescindió del mecanismo de licitación pública sin motivo justificado, violentándose la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Esperemos que la Contraloría investigue este tema a profundidad y sancione a los responsables. No puede aceptarse que una institución pública, sin razón alguna, deje sus instalaciones para pasarse a otras mucho más lujosas y traslade los costos a los tax payers.
martes, 19 de octubre de 2010
La columna de Carlos Federico Smith: trámites excesivos y absurdos
Con suma frecuencia uno escucha, ante cierta situación que no le place a alguien, decir que es necesario introducir regulaciones estatales para que no siga sucediendo, no se presente más o que simplemente cambie en el sentido deseado por quien solicita la regulación. Acuden a que el Estado intervenga en múltiples esferas, ambientes y órdenes: tal petición parte de que hay una capacidad especial del Estado, no sólo para interpretar correctamente las cosas (un burócrata diría en un curso universitario, que el Estado interpreta mejor la realidad nacional), sino para que sean tomadas las medidas correctivas requeridas.
Pero lo opuesto suele ser lo contrario: en el Estado no se dispone del conocimiento necesario, que si es factible encontrar en un orden de libertad o de mercado, en donde el conocimiento es distribuido entre muchísimos y, por tanto, la gente se especializa en saber lo que le interesa. El Estado nunca es capaz de saber en detalle lo que los individuos sí pueden saber en un orden en el cual se intercambia el conocimiento, que usualmente se traduce en precios que informan en un mercado. Este tema lo conocemos los liberales como la imposibilidad del cálculo en la economía de decisión centralizada, en contraste con el que surge en una economía descentralizada de mercado.
Pero aún, ante tal incapacidad natural, abundan las peticiones para que el Estado intervenga en cuanta cosa se le puede ocurrir a algunos. Por ello llama la atención lo que dijo la Presidenta Chinchilla en la inauguración de la construcción de viviendas en Nueva Cinchona, zona azotada por un terremoto hace relativamente poco tiempo. Como recordarán, hubo un gran esfuerzo de muchas personas, físicas y jurídicas, que recogieron fondos para que se desarrollara un programa de vivienda para la familias que perdieron sus casas por el terremoto. El caso es que ha pasado más de un año y medio para que con esos recursos principalmente “privados” se pudiera empezar a construirlas. Doña Laura señaló que ello “nos mostró lo absurdos que se pueden volver los procedimientos cuando se desconoce la necesidad de muchos costarricenses.”
Lo sorprendente no es la queja, que mucho la conocemos todos los costarricenses, sino que sea ella quien la formule, cuando lo que más bien podría esperarse de la Presidenta, justificadamente molesta por la actuación burocrática, es una decisión tajante de eliminar esas trabas impuestas por el Estado, del cual una parte primordial es el Poder Ejecutivo que ella preside. ¿Por qué simplemente, en vez de quejarse, no da órdenes a sus subalternos y ad lateres de eliminar o variar significativamente los procedimientos actuales para hacerlos más expeditos? Se me ocurren tres posibles explicaciones de ello, aunque podría haber otras:
1. que no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar ante las circunstancias que ella misma expone, con lo cual no nos queda posiblemente nada más que seguir esperando a que se dé cuenta de que ella “gobierna”;
Pero lo opuesto suele ser lo contrario: en el Estado no se dispone del conocimiento necesario, que si es factible encontrar en un orden de libertad o de mercado, en donde el conocimiento es distribuido entre muchísimos y, por tanto, la gente se especializa en saber lo que le interesa. El Estado nunca es capaz de saber en detalle lo que los individuos sí pueden saber en un orden en el cual se intercambia el conocimiento, que usualmente se traduce en precios que informan en un mercado. Este tema lo conocemos los liberales como la imposibilidad del cálculo en la economía de decisión centralizada, en contraste con el que surge en una economía descentralizada de mercado.
Pero aún, ante tal incapacidad natural, abundan las peticiones para que el Estado intervenga en cuanta cosa se le puede ocurrir a algunos. Por ello llama la atención lo que dijo la Presidenta Chinchilla en la inauguración de la construcción de viviendas en Nueva Cinchona, zona azotada por un terremoto hace relativamente poco tiempo. Como recordarán, hubo un gran esfuerzo de muchas personas, físicas y jurídicas, que recogieron fondos para que se desarrollara un programa de vivienda para la familias que perdieron sus casas por el terremoto. El caso es que ha pasado más de un año y medio para que con esos recursos principalmente “privados” se pudiera empezar a construirlas. Doña Laura señaló que ello “nos mostró lo absurdos que se pueden volver los procedimientos cuando se desconoce la necesidad de muchos costarricenses.”
Lo sorprendente no es la queja, que mucho la conocemos todos los costarricenses, sino que sea ella quien la formule, cuando lo que más bien podría esperarse de la Presidenta, justificadamente molesta por la actuación burocrática, es una decisión tajante de eliminar esas trabas impuestas por el Estado, del cual una parte primordial es el Poder Ejecutivo que ella preside. ¿Por qué simplemente, en vez de quejarse, no da órdenes a sus subalternos y ad lateres de eliminar o variar significativamente los procedimientos actuales para hacerlos más expeditos? Se me ocurren tres posibles explicaciones de ello, aunque podría haber otras:
1. que no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar ante las circunstancias que ella misma expone, con lo cual no nos queda posiblemente nada más que seguir esperando a que se dé cuenta de que ella “gobierna”;
2. que apenas está insinuando sus órdenes a la burocracia, lo cual debía alegrarnos, pero hay que pedirle a doña Laura que no lo exprese tan etéreamente, sino que les ordene empezar a actuar de inmediato en tal sentido , para que conozcan “la necesidad de muchos costarricenses”, pero que también porque tales regulaciones tienen enormes costos para la ciudadanía y:
3. que su queja ante esos procedimientos “absurdos” debe ser tomada como una orden, lo cual nos podría muy contentos, pero al mismo tiempo nos mueve a contar los días para ver resultados concretos. Ya hemos escuchado amplias promesas en tal sentido. Es más, a inicios de su gobierno. anunció que algo primordial sería la eliminación de trabas y obstáculos burocráticos que, en muy diversos sentidos, afectan a toda la población.
Como aún no he visto resultado alguno, por las razones que sean, hoy, arrastrando los pies, me inclino por esta última explicación de la conducta presidencial, pero le ruego al lector que dentro de un tiempo me recuerde si ha habido algo al respecto, para, muy posiblemente, enfrentarme con la realidad: en verdad dentro del Estado lo que importa es ver cómo se regula a las personas, en tanto ello les de poder a los burócratas.
Jorge Corrales
Como aún no he visto resultado alguno, por las razones que sean, hoy, arrastrando los pies, me inclino por esta última explicación de la conducta presidencial, pero le ruego al lector que dentro de un tiempo me recuerde si ha habido algo al respecto, para, muy posiblemente, enfrentarme con la realidad: en verdad dentro del Estado lo que importa es ver cómo se regula a las personas, en tanto ello les de poder a los burócratas.
Jorge Corrales
lunes, 18 de octubre de 2010
Tema polémico: la economía del conocimiento
Es un hecho. Vivimos en un mundo muy diferente al que conocieron nuestros padres y abuelos. Estamos inmersos en la Economía del Conocimiento. Hoy por hoy, los conceptos más populares citados por los economistas, educadores y empresarios de las principales economías del mundo son “wikieconomía” y “el mundo es plano”. Ya las barreras geopolíticas son cada vez más débiles gracias a nuevas tecnologías de la información como internet. Mucho ha cambiado y el mercado no es, de ninguna manera, la excepción. Lastimosamente, como analizaremos más adelante, los gobernantes latinoamericanos parece que no se han dado cuenta de este hecho tan evidente.
Contrario a la que sucedía hace muchas décadas, ahora el nivel de riqueza de un país no se mide por la cantidad y variedad de los recursos naturales que tengan dentro de su territorio. Ahora los países más ricos del mundo son aquellos en los cuales las personas invierten en productos y servicios con un alto nivel de tecnología y más allegado a las necesidades del cliente final en el mundo globalizado. Los ejemplos son clarísimos; países como Taiwan, Singapur y Hong Kong tienen de los PIB per cápita más altos del mundo y al mismo tiempo cuentan con pocos recursos naturales. Asimismo, otros países que tienen muchísimos recursos naturales como Nigeria y Venezuela tienen niveles altísimos de pobreza. Nunca falta alguien que todavía se pregunte por qué un país tan rico en recursos naturales como Argentina es cada vez más pobre. La respuesta es obvia: las necesidades y prioridades en el mercado han cambiado y parece que nuestras economías latinoamericanas todavía no se han dado cuenta.
¿Y por qué no se han podido dar cuenta? ¿Por qué Latinoamérica no ha sabido aprovechar las oportunidades que esta nueva era nos brinda? La respuesta es por culpa de las mismas personas que, con la excusa de la justicia social. han impuesto un sinfín de regulaciones y barreras en los mercados y no han permitido que los mismos se desarrollen como se debe. Otra característica que comparten todos los países que han podido insertarse exitosamente en la nueva economía y es el hecho de que permiten que las personas sean libres para tomar sus propias decisiones en un mercado sin regulaciones ni barreras. Han permitido que “el río siga su curso natural”. Por el contrario, los políticos latinoamericanos se empeñan en proponer que sea el Estado, mediante Ministerios, Institutos o Consejos, los que decidan todo aquello en lo que la creatividad burocrática pueda pensar. ¿Y qué hacen cuando ese estatismo fracasa? Culpar al mercado, culpar a la libertad y pedir aún más Estado.
En definitiva, algunos nunca aprenden.
Contrario a la que sucedía hace muchas décadas, ahora el nivel de riqueza de un país no se mide por la cantidad y variedad de los recursos naturales que tengan dentro de su territorio. Ahora los países más ricos del mundo son aquellos en los cuales las personas invierten en productos y servicios con un alto nivel de tecnología y más allegado a las necesidades del cliente final en el mundo globalizado. Los ejemplos son clarísimos; países como Taiwan, Singapur y Hong Kong tienen de los PIB per cápita más altos del mundo y al mismo tiempo cuentan con pocos recursos naturales. Asimismo, otros países que tienen muchísimos recursos naturales como Nigeria y Venezuela tienen niveles altísimos de pobreza. Nunca falta alguien que todavía se pregunte por qué un país tan rico en recursos naturales como Argentina es cada vez más pobre. La respuesta es obvia: las necesidades y prioridades en el mercado han cambiado y parece que nuestras economías latinoamericanas todavía no se han dado cuenta.
¿Y por qué no se han podido dar cuenta? ¿Por qué Latinoamérica no ha sabido aprovechar las oportunidades que esta nueva era nos brinda? La respuesta es por culpa de las mismas personas que, con la excusa de la justicia social. han impuesto un sinfín de regulaciones y barreras en los mercados y no han permitido que los mismos se desarrollen como se debe. Otra característica que comparten todos los países que han podido insertarse exitosamente en la nueva economía y es el hecho de que permiten que las personas sean libres para tomar sus propias decisiones en un mercado sin regulaciones ni barreras. Han permitido que “el río siga su curso natural”. Por el contrario, los políticos latinoamericanos se empeñan en proponer que sea el Estado, mediante Ministerios, Institutos o Consejos, los que decidan todo aquello en lo que la creatividad burocrática pueda pensar. ¿Y qué hacen cuando ese estatismo fracasa? Culpar al mercado, culpar a la libertad y pedir aún más Estado.
En definitiva, algunos nunca aprenden.
sábado, 16 de octubre de 2010
Nueva sección: la columna de Carlos Federico Smith
A partir de este martes 19 de octubre y en adelante, ofreceremos a los lectores nuestra nueva sección: la columna de Carlos Federico Smith. Se trata de un espacio semanal donde Jorge Corrales, actual Presidente de ANFE, ex Presidente del Banco Central de Costa Rica, ex sub Contralor General de la República y colaborador de ASOJOD, estará aportando sus opiniones y comentarios acerca de temas relacionados con el acontecer nacional o internacional.
El pseudónimo de Carlos Federico Smith proviene de la conjunción de tres grandes pensadores que han influido considerablemente en el trabajo de Jorge Corrales: se trata de Karl Popper (Carlos), Friedrich Hayek (Federico) y Adam Smith (Smith), que se unen en un crisol muy interesante y enriquecedor para los lectores, especialmente para aquellos que quieren conocer y discutir a fondo las ideas del liberalismo. Esperamos que la disfruten.
El pseudónimo de Carlos Federico Smith proviene de la conjunción de tres grandes pensadores que han influido considerablemente en el trabajo de Jorge Corrales: se trata de Karl Popper (Carlos), Friedrich Hayek (Federico) y Adam Smith (Smith), que se unen en un crisol muy interesante y enriquecedor para los lectores, especialmente para aquellos que quieren conocer y discutir a fondo las ideas del liberalismo. Esperamos que la disfruten.
viernes, 15 de octubre de 2010
Viernes de Recomendación
Para el día de hoy les presentamos el trabajo titulado: "La filosofía política de Ludwig von Mises" del profesor Gabriel Zanotti, en el cual como bien dice su nombre el filósofo argentino realiza un repaso de las principales posturas miseanas en este campo.
jueves, 14 de octubre de 2010
miércoles, 13 de octubre de 2010
Flash legislativo
Ayer, la fracción del Movimiento Libertario presentó el proyecto de ley Nº 17.889, Ley de reducción y simplificación tributaria para el mejoramiento de la competitividad nacional, elaborado por la Asociación Nacionalo de Fomento Económico (ANFE).
La iniciativa pretende reducir el impuesto sobre la renta para convertirlo en uno más simple, que contribuya a una asignación más eficiente de los recursos y que promueva el crecimiento económico sostenido y la competitividad en Costa Rica, contrario a lo que procura el Gobierno con el paquetazo de impuestos que someterá a conocimiento de la Asamblea, en el próximo mes de diciembre.
Podríamos seguir describiendo el proyecto, pero nos extenderíamos demasiado, por lo que invitamos a los lectores a visitar la página de la Asamblea Legislativa y estar pendientes para poder descargarlo una vez que esté en el sistema.
En nuestra opinión, es una excelente noticia que se proponga reducir impuestos. La liquidación presupuestaria de 2009, recientemente discutida en el Congreso, demostró que el Gobierno le quitó recursos a los ciudadanos y empresas para destinarlo a fines "públicos" y ni siquiera fue capaz de ejecutarlos de forma eficiente, so pretexto de la crisis mundial. Sin embargo, es claro que la crisis, si bien tuvo impacto en la recaudación, no tiene nada que ver con la ejecución, al menos en el sentido que el Ejecutivo justificó.
En realidad, se demostró que la incapacidad del Estado para usar los recursos y la situación económica mundial generan que se realicen serias transformaciones del aparato estatal: se requiere su reducción, la eliminación de gastos e instituciones que no aportan nada y, consecuentemente, una dinamización de la actividad económica, que sólo se logra si se le permite a los individuos disponer de más recursos para invertir, ahorrar o consumir.
Además, en nuestro criterio, los impuestos bajos son una forma de mejorar la recaudación, pues al simplificarse la estructura tributaria se reducen los incentivos para evadir, por la simple razón que puede ser más caro pagar contadores y abogados que ayuden a "maquillar" los libros contables que pagar el impuesto mismo.
Finalmente, nuestra posición en torno a los impuestos siempre ha sido clara: son un robo institucionalizado. Sin embargo, la única justificación que encontramos para los impuestos es el financiamiento de la seguridad ciudadana y la administración de justicia, no así para todas las demás ocurrencias que caracterizan a nuestro país. Claro está, nuestra aspiración está lejos de cumplirse, pero vemos con buenos ojos que mediante este proyecto se reduzcan los perjuicios que le causan las "contribuciones" forzosas a los ciudadanos.
lunes, 11 de octubre de 2010
Tema polémico: la necesidad de la oposición
Las últimas elecciones en Venezuela deben servirnos como una lección para todos los costarricenses. La historia reciente de dicho país muestra cómo un gobierno absolutamente inoperante puede conservar su poder gracias a la incapacidad de la oposición para articular un proyecto alternativo y coherente al que se encuentra en el poder.
Esto es un relevante en un contexto como el costarricense, con un gobierno incapaz e inoperante a todas luces, que divaga sin rumbo claro. Pero la pregunta es ¿cuál o cuáles partidos políticos pueden acabar con la hegemonía del PLN, que día con día va copando más sectores de poder, no gracias a su capacidad sino a partir de la incompetencia misma de la oposición?
Precisamente los partidos de oposición deben encontrar la fórmula para desbancar al PLN y con ello evitar un tercer gobierno consecutivo de dicho partido. El gran obstáculo para ello es que los partidos de oposición más importantes parecieran estar muertos políticamente. Veamos: en lo que se refiere al Movimiento Libertario, habría que ser un iluso para pensar que este es una opción viable. El caudillismo de Otto Guevara ha acabado con la posibilidad de la renovación y formación de nuevos líderes, impidiendo el nacimiento de un verdadero partido y condenando a esa agrupación a un mero conglomerado de seguidores del "líder mesiánico". Además su desliz de aliarse al PLN después de haber afirmado que este era el partido más corrupto de la historia, resultó una verdadera novatada en lo que se refiere a la estrategia política.
El caso del PAC no resulta muy distinto. Dicho partido también ha sido secuestrado por un megalómano y su discurso ético pueril no pareciera ser una propuesta suficiente para seducir a los electores. No vale la pena ni siquiera comentar el fiasco acontecido con el TLC, en donde los flamantes diputados de ese partido intentaron obstruir el mandato ciudadano en las urnas. Po r último, el caso del PUSC resulta simplemente vergonzoso y no pareciera posible que dicho partido se logré recuperar de los sonados casos de corrupción.
Con este panorama pareciera que surge una pregunta necesaria: ¿será necesaria la creación de un nuevo partido político para arrebatarle el poder al PLN?
Esto es un relevante en un contexto como el costarricense, con un gobierno incapaz e inoperante a todas luces, que divaga sin rumbo claro. Pero la pregunta es ¿cuál o cuáles partidos políticos pueden acabar con la hegemonía del PLN, que día con día va copando más sectores de poder, no gracias a su capacidad sino a partir de la incompetencia misma de la oposición?
Precisamente los partidos de oposición deben encontrar la fórmula para desbancar al PLN y con ello evitar un tercer gobierno consecutivo de dicho partido. El gran obstáculo para ello es que los partidos de oposición más importantes parecieran estar muertos políticamente. Veamos: en lo que se refiere al Movimiento Libertario, habría que ser un iluso para pensar que este es una opción viable. El caudillismo de Otto Guevara ha acabado con la posibilidad de la renovación y formación de nuevos líderes, impidiendo el nacimiento de un verdadero partido y condenando a esa agrupación a un mero conglomerado de seguidores del "líder mesiánico". Además su desliz de aliarse al PLN después de haber afirmado que este era el partido más corrupto de la historia, resultó una verdadera novatada en lo que se refiere a la estrategia política.
El caso del PAC no resulta muy distinto. Dicho partido también ha sido secuestrado por un megalómano y su discurso ético pueril no pareciera ser una propuesta suficiente para seducir a los electores. No vale la pena ni siquiera comentar el fiasco acontecido con el TLC, en donde los flamantes diputados de ese partido intentaron obstruir el mandato ciudadano en las urnas. Po r último, el caso del PUSC resulta simplemente vergonzoso y no pareciera posible que dicho partido se logré recuperar de los sonados casos de corrupción.
Con este panorama pareciera que surge una pregunta necesaria: ¿será necesaria la creación de un nuevo partido político para arrebatarle el poder al PLN?
viernes, 8 de octubre de 2010
Viernes de Recomendación
Para este viernes de recomendación, les presentamos un artículo de Johan Norberg llamado Como la globalización conquista la pobreza. En este artículo Norberg presenta con ejemplos muy claros de que manera el proceso de globalización que hemos experimentado en todo el mundo en los últimos 50 años han disminuido los niveles de pobreza.
jueves, 7 de octubre de 2010
ECONOMÍA: El disparate de la trampa de liquidez
Keynes tenía una mala teoría del interés que se convirtió en la piedra de toque de todo su sistema. Para el inglés, el tipo de interés venía determinado por la intensidad de la preferencia por la liquidez, esto es, por el ansia con la que la gente quería demandar dinero. Si la preferencia por la liquidez era muy alta, los activos serían liquidados de forma generalizada, con lo que su precio caería y el tipo de interés subiría; si, en cambio, la preferencia por la liquidez era muy baja, los agentes se desprenderían de su tesorería adquiriendo activos, con lo que su precio subiría y el tipo de interés caería.
Keynes pensaba que la mayor parte de la demanda para atesorar dinero procedía de la incertidumbre sobre cuáles iban a ser los tipos de interés futuros: conforme caían los tipos de interés (esto es, conforme aumentaba el valor de los activos) cada vez más gente se formaría las expectativas de que los tipos de interés deberían subir en el futuro cercano, de modo que comenzaría a atesorar el dinero a la espera de que los tipos efectivamente subieran y pudieran adquirir los activos a un precio de ganga. El banco central podía intentar contrarrestar esta tensión alcista sobre los tipos de interés mediante operaciones de mercado abierto (expandiendo el crédito), pero aún así Keynes no confiaba demasiado en este remedio: a partir de cierto nivel, los tipos de interés se encontrarían tan bajos que las expectativas inevitablemente serían a que los tipos subieran, de modo que todo el aumento del crédito que pudiera generar el banco central sería inmediatamente atesorado por los bancos a la espera de que los tipos subieran (en lugar de destinarlo a inversiones productivas que impulsaran la demanda agregada y emplearan a los recursos ociosos).
Hoy son muchos los que sostienen que estamos inmersos en una trampa de la liquidez en la que los bancos no están dispuestos a rebajar más los tipos de interés a los que prestan su dinero. Los inflacionistas se quejan de que los tipos de interés, pese a estar poco por encima del 0%, son demasiado altos para que los empresarios quieran endeudarse e invertir; así, arguyen que la recuperación sólo llegaría por la vía monetaria si fuéramos capaces de generar tipos de interés negativos.
A Murray Rothbard le encantaba refutar los argumentos económicos reduciéndolos al absurdo. En ocasiones, esta técnica dialéctica puede merecer la pena; en otras, puede ser una finta para no entrar en el fondo de la cuestión más propia de un divulgador que de un científico. Sin embargo, esta vez no es Rothbard ni ningún economista derechoso quienes reducen al absurdo el argumento de los keynesianos, sino ellos mismos.
Hablar de la necesidad de tipos de interés negativos debería llevarles a plantearse si no falla algo en sus argumentos. Plantéese qué son tipos de interés negativos: yo invierto no para volverme más rico, sino para volverme más pobre. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno: argumentar que lo que necesitan las empresas para invertir son tipos de interés negativos es lo mismo que decir que son incapaces de generar beneficios, esto es, que el coste de oportunidad de los recursos que emplean es siempre mayor que el uso que pueden darle. Pero esto a su vez es absurdo, porque el coste de oportunidad se define como el segundo uso más valioso para unos recursos; entonces, ¿por qué no darle ese segundo uso más valioso y volver a generar beneficios?
Lo cierto es que la argucia de los tipos interés negativos sirve para que cualquier proyecto empresarial se vuelva viable. ¿Qué una empresa pierde cantidades astronómicas de dinero? Siempre podemos sostener que los tipos de interés no son lo suficientemente negativos, esto es, que su acreedor no le regala el suficiente capital como para compensar el resto de sus pérdidas.
Un disparate, sí. Pero los tipos de interés negativos son eso: expoliar a los ahorradores para mantener durante un tiempo proyectos empresariales inviables. ¿Por qué entonces los keynesianos no rectifican sino que se empecinan en su error? Porque todo el keynesianismo surge del dogma de que los problemas económicos siempre surgen por una insuficiencia de la demanda agregada: si gastamos más, lograremos el pleno empleo de los recursos.
Si por un momento reconocieran que el problema no pasa por gastar más, sino por producir otros productos para gastar de otra manera, entonces deberían admitir que la estructura productiva debe reajustarse y tendrían que comenzar a prestar algo de atención a los liquidacionistas-hooverianos-malísimos austriacos-teóricos de la resaca.
Por ello se encuentran en un callejón sin salida: o asumen que la economía ha llegado a un punto de madurez tal que es incapaz de generar nuevos proyectos rentables o reconocen que el problema es que la estructura productiva actual está consumiendo cantidades ingentes de capital y que debe readaptarse. A quienes opten por la primera hipótesis les recomendaría repasarse a Böhm Bawerk y a Fisher, porque la rentabilidad de las inversiones —a diferencia de lo que pensaba Keynes— no depende de la acumulación de capital —en cuyo caso deberíamos haber asistido a una caída sostenida de la tasa de ganancias desde los albores de la Revolución Industrial—, sino de la preferencia temporal (de la prima de valor de los bienes presentes sobre los bienes futuros).
¿Es entonces irrelevante que Bernanke y compañía estén obsesionados con mantener los tipos de interés por los suelos? No, en otro sitio he intentado demostrar que rebajar artificialmente los tipos de interés en momentos de depresión ralentiza el ritmo de liquidación y reajuste de las malas inversiones al incrementar el valor presente de las deudas. En otras palabras, prolonga de manera innecesaria la crisis y el consumo del capital.
No, no estamos sufriendo una trampa de la liquidez que mantiene los tipos de interés en un nivel demasiado elevado, sino una trampa de malas inversiones en las que nos hemos atascado en buena medida por unos tipos de interés que los bancos centrales se encargan por consolidar a niveles demasiado bajos.
Juan Ramón Rallo
Keynes pensaba que la mayor parte de la demanda para atesorar dinero procedía de la incertidumbre sobre cuáles iban a ser los tipos de interés futuros: conforme caían los tipos de interés (esto es, conforme aumentaba el valor de los activos) cada vez más gente se formaría las expectativas de que los tipos de interés deberían subir en el futuro cercano, de modo que comenzaría a atesorar el dinero a la espera de que los tipos efectivamente subieran y pudieran adquirir los activos a un precio de ganga. El banco central podía intentar contrarrestar esta tensión alcista sobre los tipos de interés mediante operaciones de mercado abierto (expandiendo el crédito), pero aún así Keynes no confiaba demasiado en este remedio: a partir de cierto nivel, los tipos de interés se encontrarían tan bajos que las expectativas inevitablemente serían a que los tipos subieran, de modo que todo el aumento del crédito que pudiera generar el banco central sería inmediatamente atesorado por los bancos a la espera de que los tipos subieran (en lugar de destinarlo a inversiones productivas que impulsaran la demanda agregada y emplearan a los recursos ociosos).
Hoy son muchos los que sostienen que estamos inmersos en una trampa de la liquidez en la que los bancos no están dispuestos a rebajar más los tipos de interés a los que prestan su dinero. Los inflacionistas se quejan de que los tipos de interés, pese a estar poco por encima del 0%, son demasiado altos para que los empresarios quieran endeudarse e invertir; así, arguyen que la recuperación sólo llegaría por la vía monetaria si fuéramos capaces de generar tipos de interés negativos.
A Murray Rothbard le encantaba refutar los argumentos económicos reduciéndolos al absurdo. En ocasiones, esta técnica dialéctica puede merecer la pena; en otras, puede ser una finta para no entrar en el fondo de la cuestión más propia de un divulgador que de un científico. Sin embargo, esta vez no es Rothbard ni ningún economista derechoso quienes reducen al absurdo el argumento de los keynesianos, sino ellos mismos.
Hablar de la necesidad de tipos de interés negativos debería llevarles a plantearse si no falla algo en sus argumentos. Plantéese qué son tipos de interés negativos: yo invierto no para volverme más rico, sino para volverme más pobre. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno: argumentar que lo que necesitan las empresas para invertir son tipos de interés negativos es lo mismo que decir que son incapaces de generar beneficios, esto es, que el coste de oportunidad de los recursos que emplean es siempre mayor que el uso que pueden darle. Pero esto a su vez es absurdo, porque el coste de oportunidad se define como el segundo uso más valioso para unos recursos; entonces, ¿por qué no darle ese segundo uso más valioso y volver a generar beneficios?
Lo cierto es que la argucia de los tipos interés negativos sirve para que cualquier proyecto empresarial se vuelva viable. ¿Qué una empresa pierde cantidades astronómicas de dinero? Siempre podemos sostener que los tipos de interés no son lo suficientemente negativos, esto es, que su acreedor no le regala el suficiente capital como para compensar el resto de sus pérdidas.
Un disparate, sí. Pero los tipos de interés negativos son eso: expoliar a los ahorradores para mantener durante un tiempo proyectos empresariales inviables. ¿Por qué entonces los keynesianos no rectifican sino que se empecinan en su error? Porque todo el keynesianismo surge del dogma de que los problemas económicos siempre surgen por una insuficiencia de la demanda agregada: si gastamos más, lograremos el pleno empleo de los recursos.
Si por un momento reconocieran que el problema no pasa por gastar más, sino por producir otros productos para gastar de otra manera, entonces deberían admitir que la estructura productiva debe reajustarse y tendrían que comenzar a prestar algo de atención a los liquidacionistas-hooverianos-malísimos austriacos-teóricos de la resaca.
Por ello se encuentran en un callejón sin salida: o asumen que la economía ha llegado a un punto de madurez tal que es incapaz de generar nuevos proyectos rentables o reconocen que el problema es que la estructura productiva actual está consumiendo cantidades ingentes de capital y que debe readaptarse. A quienes opten por la primera hipótesis les recomendaría repasarse a Böhm Bawerk y a Fisher, porque la rentabilidad de las inversiones —a diferencia de lo que pensaba Keynes— no depende de la acumulación de capital —en cuyo caso deberíamos haber asistido a una caída sostenida de la tasa de ganancias desde los albores de la Revolución Industrial—, sino de la preferencia temporal (de la prima de valor de los bienes presentes sobre los bienes futuros).
¿Es entonces irrelevante que Bernanke y compañía estén obsesionados con mantener los tipos de interés por los suelos? No, en otro sitio he intentado demostrar que rebajar artificialmente los tipos de interés en momentos de depresión ralentiza el ritmo de liquidación y reajuste de las malas inversiones al incrementar el valor presente de las deudas. En otras palabras, prolonga de manera innecesaria la crisis y el consumo del capital.
No, no estamos sufriendo una trampa de la liquidez que mantiene los tipos de interés en un nivel demasiado elevado, sino una trampa de malas inversiones en las que nos hemos atascado en buena medida por unos tipos de interés que los bancos centrales se encargan por consolidar a niveles demasiado bajos.
Juan Ramón Rallo
miércoles, 6 de octubre de 2010
El Consenso Washington y Costa Rica
En este artículo se argumenta, primero, que es falso que el Consenso de Wash-ington pueda ser equiparado con una revolución neoliberal. En segundo lugar, que América Latina no podía continuar con su modelo de desarrollo, el cambio era ineludible. Tercero, que el Consenso se ha implementado solo parcialmente en Costa Rica. Cuarto, que la aplicación selectiva de reformas ha resultado en perjuicios para el crecimiento de la producción y la distribución del ingreso en detrimento del empleo de trabajadores y clase media; y, finalmente, se deja planteado que la agenda del Consenso no es completa.
El término Consenso de Wash-ington lo acuñó el investigador John Williamson, en 1989, como un intento de resumir las políticas que necesitaba América Latina para recuperar su dinamismo económico luego de la crisis de la deuda a inicios de la década de los ochenta y sobre las cuales había cierto consenso en Washington. El modelo de desarrollo que había seguido América Latina había hecho crisis irremediablemente.
La sustitución de importaciones y los intentos del Estado empresario habían encontrado sus límites. Estos se agravaron con los aumentos de precios del petróleo de los setentas, que, a su vez, dieron un nuevo oxígeno, pues el exceso de liquidez disponible encontró una demanda voraz para el financiamiento de los déficits fiscales y comerciales, hasta que estalló la crisis de la deuda externa. La reforma estructural devino inescapable.
Las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) cobraron un nuevo dinamismo en el apoyo a la reforma. La síntesis de Wil-liamson refleja el pensamiento de entonces de esas instituciones. No obstante, algunos cuestionamos que el rescate parecía más dirigido hacia los bancos que a los países. Se pretendían ajustes que protegían el valor nominal de las deudas. Con el tiempo, el mercado terminó imponiéndose y las deudas externas se depreciaron como parte también del ajuste.
La ofensiva política neoliberal se asociaba más con los Gobiernos de Reagan y Thatcher, cuya agenda incluía monetarismo, economía de la oferta (“supply side economics”), un Estado reducido a su mínima expresión y privatizaciones. De esto únicamente las privatizaciones aparecen en el Consenso.
En su definición original, el Consenso incluía diez puntos: 1. disciplina fiscal; 2. reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3. reforma tributaria; 4. liberalización de las tasas de interés; 5. tipos de cambio competitivos; 6. liberalización de las entradas de inversión extranjera directa; 7. liberalización comercial; 8. privatización; 9. desregulación; 10. promoción de derechos de propiedad.
Implementación de las reformas. Gran parte de las reformas del Consenso no se han adoptado en el país y son parte de las limitaciones al crecimiento y la estabilidad. La implementación parcial de la reforma ha tenido altos costos, en particular, destaca la falta de una reforma fiscal (reformas 1, 2, y 3).
El costo se paga por el lado del crecimiento con inestabilidad recurrente y necesidad de estabilizaciones; por inflaciones altas imbatibles, las cuales con causa de creciente desigualdad social; y limitaciones al gasto público, las cuales han debilitado un ataque frontal a la pobreza y han impedido importantes proyectos de infraestructura. Por su parte, las reformas 4, 5, 6 y 7 se han ejecutado con éxito. Es decir, se crearon las condiciones para el desarrollo de los sectores exportador y financiero.
Si bien esto ha generado dinamismo económico, este ha sido parcial, con consecuencias distributivas regresivas y ha limitado los mecanismos de movilidad social a disposición de los trabajadores y clase media. En cuanto a las privatizaciones, el elemento más ideológico del Consenso, se ejecutaron las referidas al Estado empresario en torno a Codesa, pero no en energía, telecomunicaciones, infraestructura, etc.; incluso las reformas más moderadas de apertura de monopolios y asociaciones público-privadas siguen encontrando obstáculos.
La desregulación de trámites y barreras de entrada es agenda pendiente, así como la promoción de derechos de propiedad. Es decir, tampoco se han implementado reformas que beneficiarían a productores para el mercado doméstico y en particular a las mypimes.
El Consenso de Washington incluía muchas medidas de sentido común, algunas quizás olvidadas por los excesos del estructuralismo latinoamericano, por ejemplo, en lo referido a la inflación; pero, en general, el Consenso no constituía la agenda ideológicamente cargada que algunos pretenden. Incluso, se puede argumentar que su aplicación parcial en Costa Rica, si bien ha generado dinamismo económico, también ha redundado en privilegios para los exportadores y sector financiero, pero sin que el Estado haya podido implementar gastos e inversiones para un desarrollo más equilibrado en lo sectorial y territorial, y equitativo en lo social.
Algunas de las limitaciones que tiene Costa Rica en su estabilidad macroeconómica, para mantener tasas elevadas de crecimiento sostenido y para combatir la pobreza y la desigualdad, tienen su origen, al menos en parte, en la falta de implementación de algunas recomendaciones básicas del Consenso de Washington.
Queda pendiente discutirse, además, si la agenda del Consenso es suficiente para lograr el desarrollo o si queda debiendo, y si en esas omisiones puede haber consecuencias también para el crecimiento y la distribución del ingreso.
Ennio Rodríguez
El término Consenso de Wash-ington lo acuñó el investigador John Williamson, en 1989, como un intento de resumir las políticas que necesitaba América Latina para recuperar su dinamismo económico luego de la crisis de la deuda a inicios de la década de los ochenta y sobre las cuales había cierto consenso en Washington. El modelo de desarrollo que había seguido América Latina había hecho crisis irremediablemente.
La sustitución de importaciones y los intentos del Estado empresario habían encontrado sus límites. Estos se agravaron con los aumentos de precios del petróleo de los setentas, que, a su vez, dieron un nuevo oxígeno, pues el exceso de liquidez disponible encontró una demanda voraz para el financiamiento de los déficits fiscales y comerciales, hasta que estalló la crisis de la deuda externa. La reforma estructural devino inescapable.
Las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) cobraron un nuevo dinamismo en el apoyo a la reforma. La síntesis de Wil-liamson refleja el pensamiento de entonces de esas instituciones. No obstante, algunos cuestionamos que el rescate parecía más dirigido hacia los bancos que a los países. Se pretendían ajustes que protegían el valor nominal de las deudas. Con el tiempo, el mercado terminó imponiéndose y las deudas externas se depreciaron como parte también del ajuste.
La ofensiva política neoliberal se asociaba más con los Gobiernos de Reagan y Thatcher, cuya agenda incluía monetarismo, economía de la oferta (“supply side economics”), un Estado reducido a su mínima expresión y privatizaciones. De esto únicamente las privatizaciones aparecen en el Consenso.
En su definición original, el Consenso incluía diez puntos: 1. disciplina fiscal; 2. reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3. reforma tributaria; 4. liberalización de las tasas de interés; 5. tipos de cambio competitivos; 6. liberalización de las entradas de inversión extranjera directa; 7. liberalización comercial; 8. privatización; 9. desregulación; 10. promoción de derechos de propiedad.
Implementación de las reformas. Gran parte de las reformas del Consenso no se han adoptado en el país y son parte de las limitaciones al crecimiento y la estabilidad. La implementación parcial de la reforma ha tenido altos costos, en particular, destaca la falta de una reforma fiscal (reformas 1, 2, y 3).
El costo se paga por el lado del crecimiento con inestabilidad recurrente y necesidad de estabilizaciones; por inflaciones altas imbatibles, las cuales con causa de creciente desigualdad social; y limitaciones al gasto público, las cuales han debilitado un ataque frontal a la pobreza y han impedido importantes proyectos de infraestructura. Por su parte, las reformas 4, 5, 6 y 7 se han ejecutado con éxito. Es decir, se crearon las condiciones para el desarrollo de los sectores exportador y financiero.
Si bien esto ha generado dinamismo económico, este ha sido parcial, con consecuencias distributivas regresivas y ha limitado los mecanismos de movilidad social a disposición de los trabajadores y clase media. En cuanto a las privatizaciones, el elemento más ideológico del Consenso, se ejecutaron las referidas al Estado empresario en torno a Codesa, pero no en energía, telecomunicaciones, infraestructura, etc.; incluso las reformas más moderadas de apertura de monopolios y asociaciones público-privadas siguen encontrando obstáculos.
La desregulación de trámites y barreras de entrada es agenda pendiente, así como la promoción de derechos de propiedad. Es decir, tampoco se han implementado reformas que beneficiarían a productores para el mercado doméstico y en particular a las mypimes.
El Consenso de Washington incluía muchas medidas de sentido común, algunas quizás olvidadas por los excesos del estructuralismo latinoamericano, por ejemplo, en lo referido a la inflación; pero, en general, el Consenso no constituía la agenda ideológicamente cargada que algunos pretenden. Incluso, se puede argumentar que su aplicación parcial en Costa Rica, si bien ha generado dinamismo económico, también ha redundado en privilegios para los exportadores y sector financiero, pero sin que el Estado haya podido implementar gastos e inversiones para un desarrollo más equilibrado en lo sectorial y territorial, y equitativo en lo social.
Algunas de las limitaciones que tiene Costa Rica en su estabilidad macroeconómica, para mantener tasas elevadas de crecimiento sostenido y para combatir la pobreza y la desigualdad, tienen su origen, al menos en parte, en la falta de implementación de algunas recomendaciones básicas del Consenso de Washington.
Queda pendiente discutirse, además, si la agenda del Consenso es suficiente para lograr el desarrollo o si queda debiendo, y si en esas omisiones puede haber consecuencias también para el crecimiento y la distribución del ingreso.
Ennio Rodríguez
Flash Legislativo
Recientemente se presentó a la Asamblea Legislativa, el expediente Nº 17.804, que pretende eliminar el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución Política, para abolir la prohibición de que extranjeros puedan asumir la dirección de un sindicato.
En ASOJOD, siendo consecuentes con las ideas de la libertad, consideramos que eliminar este impedimento está bien. A pesar que no nos agradan los sindicatos, por ser organizaciones dedicadas al chantaje y a la obtención de premios a costa de los demás, no somos capaces, ni siquiera de sugerir, que deban proscribirse. Que no nos agraden los líderes sindicales tampoco significa que tengamos derecho a impedirle a un grupo de individuos escoger a quien los represente.
Así como hemos criticado que los planificadores estatales se erijan como conocedores de lo que es bueno y malo para cada quien y que caigan en la fatal arrogancia de creer que tienen toda la información necesaria para tomar decisiones en nombre de otros, criticamos que exista una prohibición como esta, con la cual es el Estado -y no los individuos miembros de un sindicato- el que decide a quién quiere poner al frente.
Desde el punto de vista moral, no existe diferencia en prohibirle a los extranjeros ser líderes sindicales o prohibirles crear una empresa. Cualquier impedimento de ese tipo es una limitación pueblerina, basada en el chauvinismo absurdo que hace a muchos creer que el sólo hecho de ser costarricenses los hace superiores a los demás y de esa xenofobia colectivista y tribal que los hace creer que el extranjero es malo.
Desde el punto de vista práctico, si el temor es que sindicalistas bolivarianos vendrán a Costa Rica a dirigir las cúpulas, hay que decir que no es más que un temor infundado. Ya esos mismos líderes vienen, adiestran a los sindicalistas criollos, los asesoran y si quieren quedarse a vivir en el país, lo hacen y se convierten en el poder detrás del trono en los sindicatos. No creemos que el hecho de que sindicalistas extranjeros dirijan una organización de esas, vaya a cambiar radicalmente la actitud que ellas tienen en la actualidad.
Ahora bien, aunque no se trata este tema en el proyecto, sí queremos hacer una advertencia: hay que evitar que se avance en la absurda propuesta de obligar a las empresas privadas a permitir los sindicatos, que es algo por lo que han venido reclamando el Frente Amplio y el PAC. El empresario, como dueño de su negocio, tiene todo el derecho de decidir qué se permite y qué no en su propiedad y el Estado no tiene por qué venir a obligarlo que se aguante un sindicato.
En ASOJOD, siendo consecuentes con las ideas de la libertad, consideramos que eliminar este impedimento está bien. A pesar que no nos agradan los sindicatos, por ser organizaciones dedicadas al chantaje y a la obtención de premios a costa de los demás, no somos capaces, ni siquiera de sugerir, que deban proscribirse. Que no nos agraden los líderes sindicales tampoco significa que tengamos derecho a impedirle a un grupo de individuos escoger a quien los represente.
Así como hemos criticado que los planificadores estatales se erijan como conocedores de lo que es bueno y malo para cada quien y que caigan en la fatal arrogancia de creer que tienen toda la información necesaria para tomar decisiones en nombre de otros, criticamos que exista una prohibición como esta, con la cual es el Estado -y no los individuos miembros de un sindicato- el que decide a quién quiere poner al frente.
Desde el punto de vista moral, no existe diferencia en prohibirle a los extranjeros ser líderes sindicales o prohibirles crear una empresa. Cualquier impedimento de ese tipo es una limitación pueblerina, basada en el chauvinismo absurdo que hace a muchos creer que el sólo hecho de ser costarricenses los hace superiores a los demás y de esa xenofobia colectivista y tribal que los hace creer que el extranjero es malo.
Desde el punto de vista práctico, si el temor es que sindicalistas bolivarianos vendrán a Costa Rica a dirigir las cúpulas, hay que decir que no es más que un temor infundado. Ya esos mismos líderes vienen, adiestran a los sindicalistas criollos, los asesoran y si quieren quedarse a vivir en el país, lo hacen y se convierten en el poder detrás del trono en los sindicatos. No creemos que el hecho de que sindicalistas extranjeros dirijan una organización de esas, vaya a cambiar radicalmente la actitud que ellas tienen en la actualidad.
Ahora bien, aunque no se trata este tema en el proyecto, sí queremos hacer una advertencia: hay que evitar que se avance en la absurda propuesta de obligar a las empresas privadas a permitir los sindicatos, que es algo por lo que han venido reclamando el Frente Amplio y el PAC. El empresario, como dueño de su negocio, tiene todo el derecho de decidir qué se permite y qué no en su propiedad y el Estado no tiene por qué venir a obligarlo que se aguante un sindicato.
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