Tema polémico: la democracia directa

El sonado caso del Recurso de Amparo interpuesto por Guido Sáenz y compañía contra la construcción del Estadio Nacional en La Sabana nos hace reflexionar sobre un tema tan polémico como lo es la contradicción entre participación y decisión a nivel político. Las pregunta que hay que hacerse al respecto es hasta dónde es posible conciliar ambas dimensiones, o lo que es lo mismo, cuál es el grado de participación en una democracia para que su rendimiento sea aceptable y esto no derive en crisis de legitimidad y de gobernabilidad.

Muchas veces escuchamos a algunas personas solicitar más espacios de participación. Y es cierto que una democracia, en aras de fortalecerse, necesita un ejercicio constante de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Pero también es verdad que en las sociedades modernas, muchas personas ejercitan sus derechos sin el más mínimo conocimiento de sus acciones, lo cual nos parece absolutamente reprobable. En ASOJOD siempre hemos dicho que vivir implica una responsabilidad y que el ser humano no puede andar por ahí trasladando las consecuencias de sus actos a todos los demás. En ese sentido, el ejercicio de la participación política, como todo acto, acarrea ciertas repercusiones sobre muchas personas y resulta verdaderamente nefasto que, por ignorancia y apatía de unos, otros terminemos viéndonos obligados por normas y decisiones estúpidas.

Algunos dirán que hay que respetar las decisiones de la mayoría, pues en eso consiste la democracia. Sin embargo, Mises ya advirtió que "la democracia garantiza un gobierno acorde con los deseos y planes de la mayoría; lo que no puede impedir es que la propia mayoria sea víctima de ideas erróneas y que, consecuentemente, adopte medidas equivocadas, que no sólo sean inapropiadas para alcanzar los fines deseados, sino que además resulten desastrosas". Y para nadie es un secreto, que en el estado actual de las cosas, las mayorías rara vez están informadas de forma razonable cuando ejercitan su participación política, por lo cual no es de extrañar que, a veces, en su nombre, se cometan los más terribles errores históricos, de envergaduras tan deplorables como el socialismo, el nazismo, etc.

Pero hay otra dimensión tan problemática de este tipo de participación: la parálisis decisional. Por la creencia de que más gente participando significa más democracia, se deja de lado la toma de decisiones, toda vez que los costos de llegar a acuerdos aumentan y las "reglas del juego democrático" dotan de poderes reactivos a muchísimos individuos, con lo que se convierten en verdaderos jugadores con poder de veto como los llama Tsebelis.

Por eso creemos que el meollo del asunto no está si se debe o no permitir la participación, sino en la indefinición de los criterios que rigen dicha participación.

En nuestro país, hay básicamente cuatro formas en que una persona puede incidir en las decisiones públicas: el sufragio, la integración de ciertos órganos y entes públicos como "representantes de la sociedad civil", los mecanismos de participación directa (referéndum e iniciativa popular), el reclamo al respeto de los derechos fundamentales (el amparo ante la Sala Constitucional). En ASOJOD hemos notado que la mayor cantidad de problemas surgen a raíz de los últimos tres mecanismos. Veámoslos separadamente:

La participación de los "representantes de la sociedad civil" se ha puesto de moda a la hora de crear órganos y entes públicos. En materias como la ambiental por ejemplo, hay órganos que están conformados por miembros del gobierno, representanes de gobiernos estudiantiles, colegiales de la zona, representantes de las empresas con interés en cierta actividad, etc. ¿Qué legitimidad tienen estos grupos de interés para estar representados en órganos públicos que toman decisiones que potencialmente pueden afectar a todos? Básicamente ninguna. De esta manera, el Estado costarricense se ha convertido en una maraña burocrática tomada por grupos de interés que directamente, por una ocurrencia legislativa, ejercen potestades públicas en su favor. Este fenómeno de "tomarse el Estado" termina por causar que ciertas decisiones sean vetadas por grupos que sólo por el hecho de estar organizados, logran imponer su voluntad sobre los demás ciudadanos.

En segundo lugar, tenemos los mecanismos de participación directa (referéndum e iniciativa popular). Aunque estos medios de partipación, especialmente el referéndum, han probado ser efectivos para tomar deciciones de manera pacífica, no creemos que todas las deciciones deben poder tomarse por medio de ellos, especialmente dos tipos de decisiones: los derechos de las minorías y las refromas constitucionales. Mejor dicho, para tomar este tipo de decisiones, el procedimiento para que se pueda dar una participación directa debe ser más agravado.

Por ejemplo, veamos el referéndum recientemente propuesto sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Como sabemos, los homosexuales son una minoría en nuestra sociedad. El someter los derechos de esta minoría, especialmente los derechos que no afectan a los demás ciudadanos cuando son ejercitados, nos parece totalmente incorrecto .Cada quien, incluyendo las minorías, tienen el derecho de hacer lo que quieran con sus vidas, por lo que nos parece improcedente que sea la mayoría quien imponga su voluntad sobre ellos.

En último lugar tenemos la posibilidad de reclamar el respeto a los derechos fundamentales ante la Sala Constitucional por medio del amparo. Este mecanismo, si bien ha probado ser súmamente efectivo para hacer más eficaces los derechos considerados fundamentales por la gran mayoría de la sociedad, también ha servido para entorpecer la toma de decisiones públicas. Este fenómeno se ha visto sobre todo cuando se ha reclamado la protección de ciertos "intereses difusos" o "intereses colectivos". Aunque nos parece legítimo que se pueda reclamar la protección de este tipo de intereses, no nos parece válido que para hacerlos eficacez se tenga que anular totalmente los derechos de los ciudadanos individualmente considerados. Un ejemplo actual de esto es la paralización de la construcción del nuevo Estadio Nacional por un amparo presentado por Guido Sáenz y otros ciudadanos. El amapro se fundamentó, entre otras cosas, en la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente balanceado, derecho para el que la Sala ha reconcido prácticamente una acción popular para su protección. Es decir, cualquiera puede reclamar su protección en favor de cualqueira. Si bien el ambiente debe ser protegido, nos parece que quien intenta reclamar su portección deberia hacerlo responsablemente. Una buena solución sería que se pueda condenar en costas a quien de mala fe intente que se protejan este tipo de derechos sólo como medida dilatoria.

Este tema polémico no pretende aportar soluciones mágicas, sino concientizar y llamar la atención sobre las paradojas, lagunas y obstáculos que se presentan en nuestro sistema de toma de decisiones. No es posible caer presos de los cantos de sirena, de las fórmulas vacías que equiparan la simple y mera participación a la democracia. Debemos conocer las dificultades mismas que presenta la participación: costos de información, politiquería, costos económicos, etc. Por ello lo que se debe es crear una serie de instituciones (reglas de juego) que permita a los actores del sistema político llegar a acuerdos oportunos, sin menoscabar los derechos de las minorías o derechos de enmienda, y tomando siempre en cuenta la particularidad de las decisiones y como distintos temas requieren de distintas reglas. Dentro de este sistema de reglas, deben existir claras responsabilidades para aquellos actores que pretendan de mala fe paralizar la toma de decisiones, realizando un fraude de ley o abuso del derecho, que no es más que la utilización de medios legítimos para fines antijurídicos.