La columna de Carlos Federico Smith: reviviendo ideas y experiencias de limitaciones constitucionales al gasto estatal

Tal vez no hay nada mejor que compartir con alguien o algo y que se destape un buen vino, ya envejecido y de buena reputación. Ahora he leído, por allí, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afortunadamente, ha estado promoviendo algunas ideas orientadas a lograr un mejor manejo de la política fiscal del país (y me imagino que de otros). Esas ideas no son novedosas y por cierto fueron bastante discutidas en nuestro país hace unas décadas. Es cierto que, con frecuencia cansina, aquella institución siempre abría la llave para que se tuviera que imponer nuevos y mayores impuestos, en situaciones deficitarias, pero eso ha sido parte de un dogma -y no sólo del BID, sino de casi todas las organizaciones internacionales dedicadas a temas del manejo fiscal, tales como el Banco Mundial, por supuesto que la CEPAL, así como la OECD y, en general, los bancos regionales de desarrollo- mediante el cual, por mucho tiempo, se impulsó el aumento de tributos, como la solución para los déficits recurrentes de muchas naciones. Desafortunadamente, poco tiempo después se reanudaban los déficits y había que volver al viejo ritual de pedirle a quienes nos prestaban plata, que nos asesoraran en la aprobación de un nuevo paquete tributario que, como siempre se nos aseveraba, sería para terminar para siempre con los déficits usuales. Pero ya sabemos que se trataba de procesiones de conocida y cierta frecuencia: una y otra vez no se solucionaba el déficit y había que poner, con la bendición del poderoso, de nuevo mayores impuestos.

Por ello, con gran satisfacción, en estos momentos prefiero centrarme en lo que, según he entendido, son las nuevas intenciones para tratar de definir un marco institucional apropiado y ojalá terminante para la conducción fiscal de los países díscolos. Esto, es obvio, nos lleva a plantear si ha sido exitoso el esquema proseguido en el seno de la Unión Europea, en donde lineamientos fiscales son exigidos a los estados que integran dicha comunidad.  En el caso europeo, si uno mira a los titanes de la responsabilidad fiscal, como Alemania, por ejemplo, no hay duda que bien se puede pensar que se ha tenido éxito en cuanto a que dichas limitantes conducen a un ordenamiento fiscal. Pero, si se observa al otro extremo -naciones con altos déficits, como Grecia, Portugal, España, Italia, Chipre e Irlanda, país éste que ha enmendado exitosamente su comportamiento indisciplinado- podría pensarse que las restricciones fiscales regladas puestas en marcha han sido un fracaso, aunque alguien siempre argüirá que, de no haber existido tales limitaciones en el marco fiscal de aquellas naciones desaforadas, el resultado habría sido peor en cuanto a desempleo, decrecimiento económico, dolor y lágrimas… Pero a eso se aplica aquello de consuelo de tontos…

En todo caso, debo celebrar que un movimiento intelectual, el cual lo resumo en el título del libro de Aaron Wildavsky, How to Limit Government Spending [Cómo Limitar el Gasto Gubernamental], surja ahora -en el 2015- con renovados bríos. El subtítulo de la obra de Wildavsky, escrita en 1980, es inusualmente extenso para ese tipo de portadas librescas, pero resume exactamente el motivo de la entonces nueva propuesta para introducir restricciones a las políticas fiscales de los países, por supuesto que a sabiendas de que la obra de Wildavsky trata del caso de los Estados Unidos. Debemos tener presente que esa nación, poco antes de la salida del libro citado, experimentó una de sus mayores inflaciones históricas: “sucedió con la administración Carter en Estados Unidos, país en el cual se tuvo simultáneamente una de la mayores tasas de desempleo (un 7%) con una de la más elevadas tasas de inflación (13.5%).” [Jorge Corrales Q, “De nuevo con la Curva de Phillips”, en Boletín de ANFE, julio del 2011].

Dice el subtítulo del libro de Wildavsky,

            “…cómo una enmienda constitucional, que amarre al gasto público con el crecimiento económico, disminuirá los impuestos y reducirá la inflación, siendo del interés de todos reducir los gastos, provisto que todos tengamos que hacerlo, incrementando así la cooperación en sociedad y el conflicto dentro del gobierno, que es lo que debería de ser, si es que la asignación de recursos reemplaza al incremento de recursos como principio operativo de un gobierno, que refleje no sólo nuestros deseos individuales en cuanto surgen, sino colectivamente a lo largo del tiempo: una cosa buena en sí misma, y mucho mejor que exigir por mandato que haya presupuestos balanceados, que estimulan impuestos mayores o imponen recortes drásticos, que fomentan la inflación.” [Aaron Wildavsky, How to Limit Government Spending, Berkeley, California: University of California Press, 1980. Portada]. 

Wildavsky no fue el único en promover reformas que limitaran el gasto gubernamental. También lo hizo, por ejemplo, William A. Niskanen, quien fuera presidente del Instituto Cato y asesor del presidente Reagan. Dado que Niskanen visitó el país en 1992 para brindar una conferencia titulada “El Fracaso del Estado de Facio,” en ocasión del seminario Raíces Institucionales de la Política Económica Costarricense, de su exposición destaco lo siguiente –que nos fue señalado hace 23 años:

            “En su mayor parte, el estado de bienestar moderno, en los Estados Unidos y en todo lado, se ha desarrollado en respuesta a la política democrática usual y ha sido ratificada tan sólo por subsecuentes elecciones, más que por un consenso constitucional. Sin embargo, hay varias razones por las cuales un estado de bienestar expansivo no puede ser mantenido, en ausencia de un consenso constitucional amplio que permita llevar a cabo estas políticas.” [Jorge Corrales Quesada, editor, Raíces Institucionales de la Política Económica Costarricense, San José, Litografía e Imprenta LIL, S. A., 1993, p.p. 23-24].

Es interesante destacar que, en aquel seminario, el entonces diputado Miguel Ángel Rodríguez defendió, ante una crítica bien apreciada, un proyecto suyo de reforma constitucional, dirigida esencialmente al control del gasto gubernamental. Retrotraer algunas partes del comentario del diputado Rodríguez, es pertinente para esta ocasión, ante la evolución actual en nuestro país de posibles propuestas de ordenamiento fiscal similares:

            “Se ha dicho que al ser límites por normas constitucionales, hace inflexible al proyecto. El problema es que, si se ponen por una ley común y corriente, no significan nada. Por ejemplo, la Ley de Presupuestos viene y cambia todos los años lo que está fijado y punto.  O los límites se pueden establecer por Constitución o no se pueden establecer: es tan sencillo como eso. Don Alberto Di Mare, refiriéndose a uno de esos proyectos del límite del gasto, en una ocasión me dijo que no valía la pena como ley; que debería de anularse uno de los proyectos… Yo creo que tiene razón don Alberto… Creo que estamos llegando a un nuevo consenso sobre la importancia del mercado, sobre los límites del gobierno y, así como se establecieron en el siglo XVIII y XIX las reglas constitucionales con base en un nuevo consenso político sobre el tipo de actividades que, en el campo de los derechos humanos, civiles y de los derechos políticos, no era aceptable la intromisión del estado creo que hoy hay un nuevo consenso en cuanto al tipo de derechos económicos que tienen que ser defendidos y que implican que ciertas conductas no sean aceptables para la acción del estado.” [Miguel Ángel Rodríguez, “Respuesta a los comentarios” en Jorge Corrales Quesada, editor, Op. Cit., p.p. 58-59.]

En un libro relativamente poco conocido de Milton Friedman, Tyranny of the Status Quo [Tiranía del Statu Quo], con entusiasmo menciona que “Una enmienda constitucional que requiere que el gobierno federal balanceé el presupuesto y limite el gasto ha ido labrándose el camino en el Congreso”. Por eso haré mención  de algunas de las ideas que Friedman formula al respecto, por considerar que son siempre de enorme relevancia económica y política:

            “Esta enmienda constitucional lograría dos objetivos relacionados: primero, incrementaría la posibilidad de que el presupuesto federal se logre balancear, no prohibiendo que haya un presupuesto no balanceado, sino haciendo más difícil que se logre aprobar un presupuesto que da lugar a un déficit; segundo, que frenaría el crecimiento del gasto gubernamental –de nuevo, no prohibiendo tal crecimiento, sino haciendo que sea más difícil.

La provisión clave de esta enmienda se puede encontrar en sus primeras dos secciones. La primera requiere que el Congreso formule planes para un presupuesto balanceado y que el Congreso y el Presidente asegurarán que el gasto efectivo no exceda al gasto planeado. Noten que nada se dice acerca que los ingresos efectivos igualen (o excedan) a los ingresos planeados. Esto es deliberado. Una administración puede en alto grado efectivamente controlar el gasto, pero no puede ejercitar el mismo grado de control sobre sus ingresos, que se ven mucho más afectados por las condiciones económicas… Evita una rigidez que sería intolerable y dañina. No requiere de un presupuesto balanceado anualmente, pero sí de un balance durante la duración, o el curso de, los ciclos económicos.

En sí, esa primera sección no limitaría directamente el crecimiento del gobierno. Simplemente requeriría que los impuestos y el gasto vayan juntos. La segunda sección agrega el elemento necesario. Garantiza que los ingresos planeados no pueden incrementarse de un año a otro, en un porcentaje mayor que el del crecimiento del ingreso nacional. Bajo la sección primera, el gasto estimado debe ser menor o igual a los ingresos estimados y el gasto efectivamente realizado debe ser menor o igual que el gasto estimado. Por lo tanto, al limitarse los ingresos, se limita el gasto. Es más, si en algún año el Congreso logra mantener los ingresos y el gasto estimados por debajo del nivel máximo, el efecto es el de reducir el nivel máximo para los años siguientes, promoviendo por tanto un ajuste hacia la baja del gasto con respecto al ingreso nacional.” [Milton Friedman, Tyranny of the Status Quo, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1984, p.p. 55-58].

Creo que sobra decir, pero vale la pena enfatizarlo, que cualquier pretensión de que en nuestro país se introduzca un esquema de control fiscal que evite la descomposición actual de nuestro déficit, debe tomar en cuenta el planteamiento de referencia que, en aquel entonces, había sido aprobado por el Senado estadunidense, y que Friedman transcribe en las páginas 56 y 57 de su libro Tiranía del Statu Quo.

Es interesante hacer notar que, poco tiempo después, Milton, junto con su esposa Rose, en su clásico libro Free to Choose: A Personal Statement [Libre para Elegir], analizaron el tema y formularon una nueva propuesta en la cual ambos economistas había participado y que incluso incorporaron como un Apéndice B en este último libro. Esta última propuesta, titulada “Una Propuesta de Enmienda Constitucional para Limitar el Gasto del Gobierno Federal,” fue preparada por un grupo presidido por el economista W. Craig Stubblebine y promovido por el Comité para la Limitación Nacional a los Impuestos. Los esposos Friedman señalan que la propuesta

“es puesta en términos de limitar el gasto total del gobierno federal independientemente de la forma en que es financiado.

Los límites -ya sea a los impuestos o al gasto- son esencialmente especificados en términos del ingreso total del estado o de la nación, de manera tal que, si el gasto igualara al límite, el gasto gubernamental permanecería constante como una fracción del ingreso. Esto detendría, en vez de revertirla, la tendencia hacia un gobierno más grande. Sin embargo, los límites estimularían una reversión, debido a que, en la mayoría de los casos, si el gasto no iguala al límite en algún año, eso reduciría los límites aplicables en los años siguientes. Además, la propuesta de enmienda federal requiere de una reducción de la inflación, si ésta excediera de un 3 por ciento anual.” [Milton and Rose Friedman, Op. Cit., p.p. 303-304).

Por mi parte, creo haber contribuido con algo al asunto, como lo puede confirmar una serie de tres publicaciones periodísticas acerca del tema “La Limitación del Gasto Estatal”, en sendas ediciones del periódico La Nación; la primera el 21 de abril de 1981; la segunda, el día siguiente y, la tercera, el 23 de abril de 1981. Tal como indiqué, “La propuesta es esencialmente la siguiente: limitar constitucionalmente el crecimiento del gasto estatal, de manera tal que el gasto de cada año dependa del gasto del año anterior, agregando un porcentaje de incremento a ese gasto en lo que aumenta la producción total del país. De esta forma, el tamaño del sector estatal no crecería más rápidamente que el tamaño del sector privado. Además, y esto es clave, si el sistema político decidiera disminuir el gasto estatal en un año dado, esto reduciría el gasto del año siguiente.” [Ver “La Limitación del Gasto Estatal-I,” La Nación, 21 de abril de 1981].

Hay algo que quiero tratar antes de concluir mi comentario: ¿Por qué en Costa Rica no fue posible lograr reformas legales como las aquí expuestas que esencialmente derivarían en un ordenamiento del gasto gubernamental y, por ende, del déficit? Porque, de hecho, aquellos proyectos se “desvanecieron” en el proceso legislativo. En mi opinión la razón está en que a los políticos no les interesó restringir el crecimiento del estado; posiblemente a causa de que pensaron que la solución al problema fiscal de aquel entonces estaba -similar a como hoy, en mucho, lo cree el actual gobierno- en recaudar mayores ingresos tributarios. En sencillo, que no se tocara el excesivo gasto gubernamental y que si se tocara el bolsillo de los ciudadanos para resolver el déficit.

De inmediato surge una pregunta adicional: ¿por qué los sectores privados organizados no impulsaron aquel tipo de proyectos? Es difícil de contestarla, pero una posibilidad fue la que una vez me sugirió, en otro contexto, una persona amiga: “si se reduce el gasto gubernamental, se reducen las compras que de mis bienes o servicios hace el estado”. Pero también puede ser porque el empresario prefiere no meterse de lleno en los temas políticos, prefiriendo hacerlo en sus negocios, como parecería lógico. Pero eso tiene el efecto de que, lo que puede ser útil o conveniente para cada uno de ellos individualmente, no lo es para el conjunto de la economía privada. Con el paso del tiempo, todos sufren los efectos de un estado creciente, que cada vez demanda más recursos para satisfacer sus objetivos, de una gradual intromisión en el libre intercambio de los ciudadanos.

Espero que las reflexiones aquí expresadas sean de interés y de utilidad para quienes, tanto desde el exterior, como en el país, están buscando formas de limitar la discrecionalidad fiscal en nuestros países. Nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Especialmente cuando casi que calza aquello de que “los hombres dedicados a la práctica, quienes se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de un economista difunto.” [John Maynard Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 337.]

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Menos Estado, más diversidad

El día de ayer se celebró el “Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia”. En atención a dicha fecha el Gobierno de la República emitió un decreto con el propósito de asegurar los derechos de este sector de la población dentro de las instituciones públicas.

Para nadie es un secreto que en nuestro país el tema del reconocimiento de los derechos a dicha comunidad ha sido sumamente polémico. Afortunadamente este Gobierno ha empezado a dar algunos pasos –aunque un poco tímidos (lo cual se comprende en razón del contexto político cultural)- en esta materia. Un buen ejemplo de ello es que recientemente se reformó el Reglamento de Seguro de Salud de la CCSS, a efectos de que las personas homosexuales pudieran asegurar a sus respectivas parejas.

Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. Sin duda alguna, aún hace falta un largo recorrido para lograr la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos del país, y todavía es más largo aún el camino cultural del respeto hacia la diversidad.

Evidentemente, estos son temas que en ASOJOD como liberales sentimos de manera muy cercana a nuestro credo, toda vez que cualquier acción libre y voluntaria entre individuos que no dañe los derechos de terceros, deben quedar absolutamente fuera del marco coercitivo del Estado, permitiendo que cada individuo pueda perseguir su felicidad personal, tal y como fue concebido desde la Revolución Americana.

Esperamos que en los próximos años del Gobierno se puedan ver mayores avances dentro de esta materia.

Jumanji empresarial: politizando la técnica

Es sorprendente que a nadie se le haya ocurrido pensar que las reformas fiscales de este país no pasan porque quienes las impulsan, o bien tienen resentimientos sociales y se emocionan con decir que los ricos tienen que cotizar más, entrándole a una materia tan técnica y árida como es el derecho tributario con el ruido de la demagogia; o bien porque son burócratas con un hacha que afilar, que llevan tantos años en sus puestos y no conocen otra forma de entrarle que no sea reiterando los mismos métodos de siempre para ordeñar más la misma vaca; o bien porque son los políticos quienes llevan la iniciativa cuando en su vida han dado un palazo, ni tienen la menor idea de lo que cuesta producir. Metidos en sus largas carreras políticas, se han acostumbrado a disponen del erario público para resolver sus necesidades personales de carro, gasolina, boletos de avión, cuartos de hoteles, viáticos, etc. Esto sin adentrarnos todavía en lo que lo que son gollerías y lo que es corrupción de la gruesa.

En la actualidad la tasa de impuestos corporativa es del 30% de la producción, lo cual implica que cada empresa trabaja de gratis para el estado durante casi tres meses al año. Las mismas personas físicas, aquellas que trabajan para traer sustento a sus hogares y en última instancia terminan pagando todos los impuestos, porque de una forma u otra les caen en el regazo, le tienen que dedicar casi dos meses y medio de su año a trabajar de gratis para el estado para pagar su 25%. Resaltamos la palabra gratis porque los servicios y obras que reciben a cambio, personas y empresas, no compensan jamás ese esfuerzo.

Recalcamos que esos beneficios de carro y otros que reciben los políticos y los salarios de los burócratas y toda la enorme cantidad de gollerías de las Convenciones Colectivas, provienen exclusivamente de ese dinero que tanto y a tanto riesgo cuesta producir a las empresas y que con tanto esfuerzo y sacrificio le cuesta producir a las personas físicas.

A todo esto hay que agregar la seria situación en que los proponentes de las fallidas (por suerte) reformas fiscales que han intentado imponer a los costarricenses en las últimas cuatro administraciones no miden ni las consecuencias ni el entorno en que quieren imponer unas ideas muy ticas, inventando la rueda que los romanos nos dejaron bien inventada, cuando ya para todo existen antecedentes bien probados.

Por ejemplo, parecen desconocer que para que las empresas e individuos tengan con que pagar sus impuestos, deben producir suficientes ganancias. Y para que esto se de, a las empresas del país (nacionales y extranjeras), que son la columna vertebral de la producción y el empleo, debe dárseles las condiciones idóneas. La recaudación de impuestos mejora sustancialmente cuando la situación nacional y mundial es buena. Cuando no lo es, cargar al sector productivo del país con más gravámenes, sin que éste pueda colocar su producción o sus servicios, es obligarlo a reducir los empleos.

Esto desencadena una serie de cargas sociales que le cuestan muy caro al país y que dejan a la población sin capacidad de adquisición. En los países desarrollados, cuando hay crisis, los gobiernos se sacrifican y buscan formas de proteger e incentivar la producción, no de acabarla de paralizar con más cargas impositivas. Por lo general entre los incentivos incluyen BAJAS de los impuestos, no alzas. (continuará)

Humberto Pacheco A.
Publicado en La República (28/4/2015)

La columna de Carlos Federico Smith: algo positivo en cuanto a pobreza, pero no la elimina

Que en algún momento un estado muestre ser un dechado de ineficiencia, no significa que eternamente deba serlo. Es posible hacer a un estado menos ineficiente o más eficiente, como se quiera clasificar al proceso.  Optimista que soy, procedo a referirme a un caso expuesto en La Nación del 21 de enero, en un artículo que lleva por título “País estrena sistema para controlar ayudas a pobres: Base de datos almacena información de 665.000 beneficiarios del estado.”

Partamos de que, según  “el último informe del Estado de la Nación, un 24% de las transferencias a pobres termina en manos de personas que no las necesitan.” Francamente no sé cómo llegaron a tal porcentaje, pues bien puede ser mayor o menor; en todo caso, parece existir una especie de maldición para los buenos propósitos de algunos corazones sensibles, cuando desarrollan programas de ayuda a personas o familias, que en muchas ocasiones simplemente son fáciles de obtener, sin que se requiere de un estudio serio que determine si las necesidades, que son la base para la ayuda, existen o no. Pero, también porque suele ser usual que muchas de esas ayudas se den sin que se exija un esfuerzo complementario de parte del receptor para que, con su esfuerzo personal, pueda llegar el momento en que tal ayuda no sea necesaria. Traigo a colación, como ejemplo de esa “eternidad” de vivir de la manutención estatal, lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, cuando en cierto momento histórico (en época de su muy conocido alcalde, Fiorello de la Guardia), se fijaron topes los alquileres, a fin de “ayudar a los pobres”. Unos 50 años después de existir tal política, se documentó que eran los nietos de los beneficiarios iniciales (de los relativamente pocos que encontraron vivienda para alquilar en aquel entonces), quienes aún vivían en esas viviendas subsidiadas. Simplemente no buscaban otra vivienda tal vez no tan antigua o deteriorada en sus barrios, porque no podían dejar ir tan jugosa transferencia, que aún se recibía mediante alquileres objeto de aquella fijación gubernamental. De hecho, tal inamovilidad terminó convirtiéndose en un castigo; esto es, recibir un subsidio por el alquiler bajo aún vigente, “a cambio de” tener que vivir inamovibles en aquellas viviendas algo envejecidas y relativamente poco cuidadas. El incentivo claro, en este caso, era el de no abandonar la casa subsidiada, pues si lo hacían no encontrarían subsidios similares en otros lados. Por ello, terminaron siendo cautivos de un sistema paternalista que, a cambio del subsidio, les ancló para siempre: no había incentivos para que dejaran de percibirlo; por ello prefirieron quedarse en sus viviendas desvencijadas para no tener que pagar más en otros lugares no subsidiados. 

Hablemos del impacto posible de ese 24% de ayuda que no le llega a los grupos de ingresos en estado de pobreza. De acuerdo con el IMAS, esos infiltrados se llevan la significativa suma de ₡147.000 millones (tan sólo en Avancemos, la plata mal recibida asciende a ₡48.000 millones). Para todos estos programas de transferencias de ayuda gubernamental, es crucial saber bien cuáles son los beneficiados, en qué condiciones económicas están en la realidad, que no haya un ocultamiento de ingresos, que no reciban una multiplicidad innecesaria de fuentes de ayuda; esto es, debe verse el monto de ayuda agregada que reciben y, ante todo, si el sistema comprende incentivos para que, en algún momento, dejen de depender de esas fuentes de asistencia gubernamental.

Una de las reformas más importantes que se dio en los Estados Unidos, en cuanto a sus programes estatales de “lucha contra la pobreza”, sucedió durante la administración del presidente Clinton, quien definió que, para poder recibir ayuda de los programas gubernamentales contra la pobreza, era necesario que los beneficiarios comprobaran que no contaban con los medios definidos como requeridos para recibirla y, en segundo lugar, que los beneficiarios estuvieran dispuestos a obtener ingresos provenientes de otras fuentes productivas; esto es, que formaran parte de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar cuando el gobierno (junto con el sector privado), indicaran posibilidades para ello (nada de estar “echadotes”, esperando mes a mes a que les llegara la plata del estado).

De acuerdo con el informe Estado de la Nación previamente citado, los programas de asistencia “con mayores filtraciones (esto es, goles de vivazos) son el bono de vivienda con un 37%, comedores escolares con un 31.7% y Avancemos, con un 22.2%”. No son porcentajes nada insignificantes y bien podrían ser la base existencial de una especie de dependencia falsificada, en donde se finge pobreza, a fin de recibir regularmente plata proveniente de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.

No quiero comentar historias folclóricas acerca de cómo es posible que una familia pueda tener hasta tres casas obtenidas con bonos de vivienda, o cómo es que gente platuda recibe fondos públicos en la forma de becas, para que sus “pobrecitos” hijos vayan a la escuela o bien de muchachitos que vienen de familias de ingresos medios, pero que reciben en las escuelas comidas pagadas por toda la sociedad. No es ese el propósito de este comentario, sino, más bien, en gran parte el de resaltar algunos esfuerzos positivos que se están poniendo en marcha para tratar de que, al menos, los programas de ayuda se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. A pesar de esos empeños, debo señalar que falta mucho en cuanto a definir incentivos que induzcan a que los receptores de esas ayudas para que decidan dejar de depender de esas subvenciones y que más bien los estimulen a mejorar sus condiciones de vida, mediante esfuerzos laborales propios.

Bajo la responsabilidad del IMAS (ojalá vuelva los ojos de la eficiencia también hacia adentro), se ha desarrollado un sistema de información sobre las 665.000 personas en estado de pobreza, al cual se le conoce como Sistema Nacional de Información Social (SINAIS), que en esencia es un registro único (ya no desperdigado y ausente de coordinación entre diversos entes que dan ayuda) de personas que reciben ayuda estatal. Entre ellas, “bonos de vivienda, las becas, el subsidio para alimentos o la pensión del régimen no contributivo” de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mucha de esa información ya está en registros propios de ciertas instituciones, pero no están integrados, de manera que se pueda saber, por una parte, el conjunto de ayuda que una persona o familia pueda estar recibiendo, así como los resultados esperados de esas diversas ayudas. “Las entidades que aportaron los registros son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y el IMAS.” Pero, obviamente, faltan muchos otros entes estatales en donde cada uno, a su manera, realiza transferencias o cosas similares, bajo el pretexto o criterio de luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las becas de las universidades públicas, las condonaciones de deudas que con frecuencia hace la Asamblea Legislativa, las ayudas de la oficina de la primera dama de la República, las que en ocasiones hace el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, antiguo ITCO), el programa de intereses subsidiados a pequeñas y medianas empresas de la banca comercial del estado, el subsidio en el costo de la electricidad para ciertos grupos de ingresos relativamente bajos, el subsidio a los combustibles para pescadores artesanales y similares, entre otros. Si uno analiza la argumentación política utilizada para la creación de cada uno esos diferentes programas de ayuda estatal, se encontrará siempre con que lo fueron teniendo como objetivo, primordial o secundario, luchar contra la pobreza.

Comparto la aspiración del ministro de bienestar social, don Carlos Alvarado, quien dice que “no es sólo el sistema informático, la clave es que las instituciones se apropien de estos, que sepan que tienen que revisar los beneficiarios para que no se den duplicidades. Lo que hace coherente esto es que esté dentro de una política social única, para evitar problemas de dispersión, que siempre hemos señalado.” Pero tan buen objetivo no es suficiente; es crucial dar el paso siguiente, cual es evitar que las “ayudas” no se conviertan en algo permanente; esto es, que haya esquemas de graduación, lo cual quiere decir que las dejan de recibir después de cierto momento. Para eso se requiere que los marcos institucionales de ayuda se conviertan en un apoyo para que sea el individuo, con el esfuerzo propio, el que le permita salir de la pobreza.

Si algo se logra en el sentido en que lo hemos expuesto, creo que el estado será mucho menos ineficiente de lo que es en la actualidad. Podemos estar en presencia de un esfuerzo positivo de hacer mejor las cosas.

Pero también es necesario recalcar un hecho innegable en la historia económica de la humanidad: cuando hay crecimiento económico en una nación o una región, disminuye la pobreza. Esto lo destaca el notable historiador y economista Deepak Lal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la introducción a su último libro Poverty and Progress: Realities and Myths about Global Poverty [Pobreza y Progreso: Realidades y Mitos acerca de la Pobreza Global], Washington D. C.: Cato Institute, 2013, en donde señala que

“El mensaje central de este libro es que un crecimiento económico eficiente es el único medio para aliviar la antigua pobreza estructural del Tercer Mundo, y que si los países crecen rápidamente, con un ingreso per cápita aumentando por arriba de un 3 por ciento anual, el muy ridiculizado proceso de filtración o goteo [trickle-down] disminuiría rápidamente la pobreza estructural.  Esta aseveración ha sido confirmada de manera rotunda en las últimas dos décadas, por la reducción más grande de la pobreza vista en la historia humana, cuando dos gigantes emergentes -India y China- crecientemente han adoptado las políticas económicas liberales clásicas, que han conducido a fuertes aumentos en las tasas de crecimiento de sus ingresos per cápita.” (P. 1).

De aquí que, si de algo sirve el consejo que nos hace Lal, basado en la experiencia humana de disminución de la pobreza a través de la historia, es crucial que la lucha contra la pobreza vaya más allá del paliativo gubernamental de asistencia económica y que el país efectivamente abrace políticas económicas conducentes a que la nación crezca mucho más rápidamente, en comparación a cómo lo hace en la actualidad. Obviamente esto sobrepasa el esfuerzo del ministro Alvarado, pero plantea el desafío exactamente en donde debe de estar: ¿Será capaz el gobierno actual de desarrollar las políticas deseables para aumentar nuestro crecimiento, u optará por la regresión económica y el empobrecimiento y la disminución del bienestar de los ciudadanos? Ojalá aprendan la lección de la historia del crecimiento económico de la humanidad a través de los siglos. Por ello cierro mi comentario con una pregunta muy actual ante la propuesta gubernamental de aumentar los impuestos, a sabiendas que estos van a provocar un crecimiento económico menor que el actual. ¿Creen ustedes que, con esos mayores impuestos, que provocarán un descenso en el crecimiento de nuestra economía, una disminución de la inversión privada, una reducción de la demanda de mano de obra y, por tanto, un aumento del desempleo y un descenso de los ingresos per cápita, se logrará reducir la pobreza en el país?

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: La Alianza del FAC

Recientemente ha trascendido a los costarricenses la decisión que tomaron los Comités Ejecutivos del Partido Frente Amplio y Partido Acción Ciudadana, de unirse para las elecciones municipales del 7 de febrero del 2016,  autorizando la negociación de candidaturas conjuntas en los 81 cantones del país, ya sea mediante alianzas o coaliciones.

Los principales dirigentes de ambas agrupaciones políticas han reconocido la coincidencia de agendas y valores que los distinguen. En palabras de la presidente y diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, “Somos compañeros de luchas y además compartimos los principios éticos, por lo cual todos sus candidatos cuentan con nuestra confianza”. Ya lo advertía ‘Beto’ Cañas, cuando señalaba que en el PAC se habían infiltrado grupos chavistas, que tienen en el Frente Amplio su hogar. Para verdades el tiempo.

Así, los costarricenses que estamos advertidos de cara a las próximas elecciones municipales. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra. No podemos permitir que el error de elegir al PAC para presidir al gobierno se multiplique en 81 municipios. Tampoco debemos ignorar cómo el Frente Amplio busca desarrollar alianzas con partidos locales, para conquistar el mayor número de alcaldías posibles.

Los costarricenses debemos entender que cualquier puesto de alcalde, vicealcalde, regidor, síndico o concejal de distrito en manos de esta alianza representará un obstáculo al desarrollo local, un lastre para el emprendedurismo y una piedra en el zapato para los pobladores de su cantón.

¿Imaginan ustedes la cantidad de obstáculos e influencias que movería un alcalde del FAC (Frente Amplio+PAC) para impedir los permisos municipales para la construcción de un desarrollo en las zonas costeras del país? ¿Ven ustedes a algún representante del FAC facilitando la creación de empresas generadoras de empleo en su entorno local?

En momentos en los que el país requiere facilitar la creación de nuevas fuentes de empleo nacional o extranjera, otorgar espacios de poder a grupos políticos contrarios al desarrollo socioeconómico representa un suicidio económico.

La columna de Carlos Federico Smith: liquidando la educación universitaria privada

Tanto periodistas de Telenoticias, así como de La Nación ya nos han avisado, no sin cierta aprobación y más notoriamente en el noticiero televisado, acerca de este nuevo proyecto dirigista y controlista que nos están preparando las autoridades gubernamentales. (Ver en la edición del 18 de marzo de La Nación el titular “MEP urge controlar costo de trámites en ‘U’ privadas: Alista proyecto de ley para ejercer mayor control sobre educación superior”).

Lo cierto es que detrás de ese objetivo hay una gran falacia, cual es que, tal como se dice en el encabezado de La Nación, se busca “ejercer mayor control sobre educación superior”. Pero la verdad es que esa pretensión no es “sobre la educación superior”, sino tan sólo sobre aquélla que brindan las universidades privadas del país. No resulta serlo para la universitaria estatal, que es también parte de esa “educación superior”. El embuste radica en señalar la variación de costes que hay entre diversas universidades privadas, las cuales cobran por servicios, tales como los costos de los cursos, de la matrícula, “todos los cánones, derechos o tasas que las universidades cobren a sus estudiantes,” como señala el artículo periodístico. Destaco “entre” universidades privadas y que no se dice absolutamente nada acerca de las públicas.

Empiezo por señalar que, en lo que se refiere a una prestación privada de cualquier bien o servicio que sea, definir los costos de las actividades resulta ser crucial para que la firma pueda obtener ganancias –esto es, cobrando al menos lo que cuestan las cosas. En caso contrario, el ente que provee esos servicios o produce tales bienes terminaría en quiebra. Este es el verdadero punto que está detrás del manoseo pretendido por el MEP, parte formal del estado costarricense. ¿Acaso ustedes saben cuál es el verdadero costo de todos esos servicios que a su vez brindan las universidades estatales? Digo y subrayo verdadero, porque resulta que son costos en que la sociedad incurre como un todo, pero no quienes no pagan por ellos lo que verdaderamente cuestan. Eso es posible, debido a que las universidades estatales perciben un jugoso subsidio multimillonario de parte del estado -por supuesto que con platas pagadas por toda la ciudadanía- lo cual les permite no cobrar a los estudiantes el verdadero costo de las cosas. Las universidades privadas no reciben tales subsidios, de manera que, la única forma que tienen para recuperar esos costos y con ello tener éxito en su operación económico-financiera, es cobrando por los servicios que brinda a quienes los utilizan. ¿Está clara la diferencia?

Pero aún hay más, ni siquiera se tienen esos costos individualizados en el caso de las universidades estatales. Cuando se sacan en los medios los pagos que hay que hacer por los servicios que reciben los estudiantes en las universidades privadas, es porque los montos son conocidos, pero yo pregunto: ¿y cuánto es lo que verdaderamente cuestan esos mismos servicios en las universidades públicas? Ya vimos que no sirve comparar el precio que el estudiante debe pagar en ellas, porque su precio está subsidiado, pero también se debe a que las universidades estatales no tienen ni idea de cuánto cuesta en verdad, en realidad, en cuanto al uso de recursos escasos, esos servicios que dan. La universidad estatal no depende de un estado financiero que compare los ingresos provenientes de matrículas, cursos, tasas, etcétera, con el costo de las cosas, sino de cuánta plata le da anualmente el estado como subsidio; por ello, no es de interés individualizar los costos de los diversos servicios que brinda. ¿Está clara la diferencia? 

Algo tiene de bueno la información que han diseminado La Nación y Telenoticias (y agrego que con posterioridad el de Repretel): se le alerta al estudiante de que hay diferencias de costos para los distintos servicios que brindan las múltiples universidades privadas. Ello podría inducirlo a que, dada la calidad de cada una de ellas, de la oferta que se brinda acerca de lo que se desea estudiar, de la proximidad física, de la disponibilidad de horarios, entre otras variables, el estudiante busque ingresar a aquella universidad que, por lo que recibe, cobra menos. Eso es elemental, ¿verdad?

Pero ¿qué podría pasar si el MEP divulga los verdaderos costos de las universidades estatales -no los falsos por insuficientes que se les cobran a los estudiantes- y resultan que efectivamente estos salen más bajos que los comparativos de las universidades privadas? Todo lo demás constante, me diría que entonces el alumno preferiría estudiar en las universidades estatales, pero enfrentará un pequeño pero importante problemita: en muchas de las carreras que se ofrecen en la universidades públicas -posiblemente por el falso abaratamiento debido a los subsidios- encontrará un exceso de demanda, que, en sencillo, quiere decir que “no hay cupo”. Eso lo obliga a irse -todo lo demás constante- a buscar estudiar en una universidad privada. (Y con mayor razón si no se da ese hipotético costo real menor de los servicios en las universidades públicas). Me explico: no encontrarán campo, pues en las públicas ya están agotados.

De paso, para que tengan una idea del rol que hoy desempeñan las universidades privadas en la educación superior del país, con gusto transmito lo que La Nación del 8 de abril, en su artículo “’U’ privadas culpan a Conesup de las carreras sin actualizar”, señala: “Hay 195.364 estudiantes matriculados en la educación superior: 51.8% de ellos en la privada y 48.2% en la pública.” 

La situación no termina aquí. Es un hecho que las universidades privadas del país satisfacen una demanda de educación universitaria que no es satisfecha a plenitud por la oferta de educación universitaria gubernamental (los números citados en el párrafo inmediato anterior así parecen confirmarlo). Si, como pretenden las acciones del MEP expuestas, se restringen de forma artificial los ingresos de las universidades privadas, éstas no crecerán tanto y más bien reducirán su oferta. Ante esto, habría que ver qué hace el gobierno, a fin de poder acomodar al montón de estudiantes, que ahora no podrán proseguir la carrera universitaria que desean en las universidades públicas, pues en ellas “ya se acabaron los cupos”. 

Dejémonos de cuentos. El MEP usa pretextos para atacar a las universidades privadas, pues emplea argumentos que no aplica en igualdad de condiciones a las universidades públicas. Eso me hace pensar en que este gobierno podría estar buscando afectar financieramente a la educación universitaria privada, lo que eventualmente podría devenir en una restauración del monopolio estatal de la educación superior. Y aunque aquel no fuera el objetivo del MEP, pues no estoy totalmente claro en si se trata de un esfuerzo consciente, los resultados de las políticas que al respecto está promoviendo, derivarán en lo que he estado mencionando; esto es, da lo mismo cuál sea su verdadero propósito. ¡Vamos pa’tras como el cangrejo!

Tal vez poner un pequeño ejemplo que tiene que ver -hipotéticamente estoy hablando- con la televisión nacional (y aplicable también a los periódicos), podría lograr la debida e inteligente atención de los medios que he venido citando.  Supóngase que, en aras de la importancia que tiene para la sociedad la información que brindan esos medios (un interés nacional; el verdadero servicio que podrían dar a la democracia; una garantía al verdadero derecho de ser informado, entre otra cháchara), se quiera evitar cobros exagerados e indebidos (traducidos en ganancias impropias) en ciertos medios. El órgano regulador, que en el otro caso es el MEP, digamos que es ahora el Ministerio de Información (que con ese nombre ya no existe) o la SUTEL o el MICITT o algo parecido, decide poner a disposición del público cuánto es lo que por un minuto de publicidad cobra la televisora A, cuánto la B y cuanto la C (olvídese de la D, que es oficial). Esta es la información que, al ser pagada a las televisoras, permite que los noticieros operen. Y el órgano regulador agrega luego que los medios caros, digamos A y B, deben cobrar lo mismo que C. ¿Les parece bien eso?   

Pues si lo fuere, que los periodistas de A y B empiecen a buscar otro brete, porque las empresas en que trabajan van a tener pérdidas o menores ganancias y, por ende, reinvertirán menos y también crecerán menos. Si el estado fija los ingresos, y los costos en que incurren esas televisoras permanecen iguales, los estados financieros y la rentabilidad de la empresa reflejarán tal situación. En tanto D, que es estatal, recibe un subsidio tal que no le importa lo que pase, pues sus clientes siempre pagarán lo mismo por hacer publicidad allí -posiblemente a un costo subsidiado. 

Me duele que el MEP pretenda timar a los estudiantes, porque tras un falaz “derecho” que alega la ministra, con esos costos fijados por el estado en las universidades estatales no tendrán la opción de educarse en las universidades privadas: de nada vale tener un precio fijado, cuando no se encuentra, a ese precio, el bien o servicio al cual el estado le fijó un monto máximo. Buscarán ir a estudiar a la universidad pública, pero… no habrá campo suficiente para que ellos ingresen… tal como es la experiencia en la actualidad.

Parece ser práctica de este gobierno proponer proyectos de ley y someterlos a la consulta de los ciudadanos y de los interesados; por ello, a los que se pretende manipular, les recuerdo la importancia de tener siempre presentes los resultados no previstos de ciertas decisiones. Si se fija el precio de un bien o servicio por parte del estado, disminuirá su cantidad ofrecida en los mercados, lo cual hará que se tenga que buscar dicho servicio o producto entre los oferentes gubernamentales, presuntamente al precio fijado por ley o el menor subsidiado. Si desde ahora no hay cupos, no esperen el milagro bíblico de los peces y de los panes: más bien se cerrarán universidades privadas y no aumentará la oferta de las universidades públicas. El surgimiento de los resultados no previstos es el verdadero precio que usualmente nos hace pagar la demagogia populista, la de un estado que, con lo que pretende, lograría monopolizar plenamente nuestra educación universitaria. ¿Quedó claro?

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿y la ruta de la alegría?

El pasado viernes 1° de mayo, el Presidente Luis Guillermo Solís ofreció su rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del mandato constitucional. En su alocución, el mandatario advirtió que Costa Rica se enrumba hacia el precipicio de no aprobarse la reforma fiscal que su Administración impulsa, pues disminuirá el crecimiento de la economía y aumentará el desempleo, afectando a miles de costarricenses.

Manifestó que, a pesar del "dantesco" panorama, la economía ha crecido a buen ritmo y se ha logrado cumplir con una serie de metas importantes como mantener una baja tasa de inflación, reducir el gasto, aumentar la recaudación fiscal, conseguir la invitación para que el país se incorpore a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incrementar el portafolio de inversión en infraestructura, innovar en el combate de la pobreza y promover el desarrollo local, entre otras. Además, reconoció que si bien el Gobiernoha cometido algunos errores, "no son tantos ni tan graves" como los pretenden hacer ver algunos, por lo que exigió un debate de mayor calidad que supere el escándalo mediático para construir una Costa Rica mejor.

La pregunta que en ASOJOD nos hacemos es ¿en qué país se ha fijado el Presidente? La Costa Rica en la que vivimos, todos los días nos muestra una situación problemática, con miles de costarricenses sin trabajo o en uno de mala calidad porque no pueden aspirar a buscar mejores oportunidades, con una educación cada vez más deficiente, que se detiene a discutir sobre si Cocorí es o no racista en lugar de abordar sus verdaderos retos, con un sistema de salud colapsado que obliga a miles de asegurados a hacer largas filas para obtener una cita a largo plazo, cuando quizá ya ni siquiera estén vivos. Una Costa Rica que sigue perpleja ante la incapacidad de reparar un simple puente, cuyo cierre  genera el total colapso vial en el Área Metropolitana, una donde el sistema bancario no puede ofrecer créditos accesibles a las personas por la gran cantidad de trabas y regulaciones que lo encarecen, una donde unos pocos se llevan millones de colones del erario público a través de consultorías, convenciones colectivas, sobresueldos y privilegios que tienen que pagar aquellos a los que duramente pueden subsistir con lo que ganan. Una Costa Rica donde cada día es más difícil producir, gracias a un sistema tributario complejo, elevado y nefasto, una tramitopatía absurda en la Administración Pública que ahoga cualquier emprendimiento, un ordenamiento jurídico confuso e inestable que obstaculiza cualquier intento de cálculo económico y un sistema altamente corrupto que, lejos de ser enfrentado, parece fortalecerse conforme los escándalos transcurren con impunidad.

Hace un año, 1.3 millones de ilusos confiaron en una propuesta política que les prometió un cambio respecto a la política tradicional pero que muy rápidamente demostró no solo estar incapacitada para lograrlo sino también muy decidida a empeorar las cosas. No hemos presenciado el "Rescate" con el que Solís bautizó su Plan de Gobierno -cual si fuera Mesías- ni el progreso, el trabajo y la alegría con la que acompañan el título. Más allá de los compromisos sin cumplir -como no impulsar impuestos en los dos primeros años de la Administración, limpiar y ordenar la casa y nombrar solo a las personas más capacitadas en los puestos públicos- hemos sido testigos de la charlatanería, de la improvisación y de la chabacanería con la que un grupo de presuntos sacrosantos despedazan nuestro sueño de un país mejor. 

Este primer año, al igual que el Festival Internacional de las Artes, ha resultado un completo fiasco. El deseo de que acabe el periodo cuatrienal embarga a cada vez más costarricenses que se sienten burlados y engañados, que se arrepienten de su decisión pero que miran con temor el 2018, al no encontrar ninguna opción real de cambio. La confianza y la credibilidad a un Presidente más empeñado en los selfies que en gobernar, se va difuminando a velocidades sorprendentes; el diálogo y la negociación han alcanzado el nivel de quimera y el discurso privilegia los sofismas a las realidades. 

El problema es que si las cosas continúan empeorando, no sería extraño que los incautos, en lugar de corregir su error, decidan profundizar en él, al apoyar a fuerzas políticas enemigas de la libertad, el imperio de la ley y el republicanismo. Ese es el real panorama dantesco hacia el que nos dirigimos, ese es el resultado de la "ruta de la alegría". 

Viernes de Recomendación

El día de hoy les recomendamos el libro El Sentido Común de la Creación de la Riqueza de Marc Swanepoel. Se trata de un texto sencillo y claro para que le expliquemos a los más jóvenes cómo se crea, conserva y/o aumenta la riqueza, invitándolos a abandonar lo que día a día escuchan en medios, lleno de prejuicios y mentiras.